El nombramiento de Héctor Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, se vino abajo no porque faltó “consenso” entre los legisladores, como atribuyó Héctor Mendizábal. La designación se derrumbó porque la avalancha de críticas venidas de todos lados la hizo inviable. No siempre sucede que los diputados se impongan un alto en su desenfreno, pero en el caso del ex auditor si ocurrió lo que parecía imposible: que en el legislativo se admita a tiempo lo que se hace mal. Lamentablemente en otros casos no se hizo un alto para revisar la corrección de sus decisiones y se incurrió en decisiones francamente atroces, como es el caso de los nombramientos para los “Fiscales Carnales”. A todas luces resultaba inconveniente colocar a dos empleados del gobernador como Fiscal General y Fiscal Anticorrupción. Pese a la crítica, y al costo político para ellos y el costo social para los potosinos, lo hicieron. Ahora con Mayorga Delgado algo debió ocurrir para que de pronto, las luces del entendimiento hayan alumbrado al diputado Mendizábal Pérez que solicitó el retito del dictamen a favor de Mayorga. Es de esperarse que el retiro del dictamen implica necesariamente la presentación de una nueva propuesta para la Unidad de Enlace. El pasado de Mayorga y su complicidad con buena parte de la clase política que se benefició de sus auditorias a modo, lo convierte en una alternativa imposible. Pero así como se detuvo el nombramiento, por otro lado también es necesario modificar algunos criterios que desde la Comisión de Vigilancia se impulsan con cierto dejo de sospecha. No existe ninguna razón para que los informes de las Cuentas Públicas Municipales 2016 no sean conocidos ya. Es absurda la decisión de hacerlos públicos hasta luego de las elecciones. A eso se le llama complicidad y también corrupción. Haca unos días el diputado José Luis Romero dio a conocer que tiene datos de esos informes y del trabajo de auditoría que realizó la Auditoría Superior del Estado y que se revisa en un despacho externo para darle confiabilidad. Según el legislador, tan solo en los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, las irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos es de 355 millones de pesos. Pero hay también inconsistencias en al menos 40 ayuntamientos con un daño al erario público muy grande. Es indudable que la sociedad tiene el derecho de conocer lo más pronto posible. Ocultarlos por interés político electoral es un acto de corrupción puesto que equivale a otorgar impunidad. No se puede colocar por delante el interés de los partidos y de sus candidatos (algunos para su reelección) que el de los ciudadanos. Si los alcaldes hicieron mal las cosas, si operaron indebidamente los recursos públicos, si gastaron el dinero en algo ajeno al beneficio social que se diga ya y se proceda a sancionar. De lo contrario, el primero de julio la ciudadanía, sin información suficiente en sus manos, podría estar reeligiendo a alcaldes que ya demostraron su gusto por hacer lo que les viene en gana con el dinero de la gente. Eso por supuesto, no es lo correcto. Esperemos que los diputados hagan lo que más conviene a la sociedad y no a la clase política; lo deseable es conocer lo más pronto posible los informes finales 2016 que por la Ecuación Corrupta debieron ser rechazados el año pasado.