El Papa Francisco publicó un decreto que ordena mayor control de las finanzas, cuentas bancarias y fondos de inversión en el Vaticano. En el documento Sobre algunas competencias en materia económico-financiera, el jerarca católico determinó que los fondos destinados a la caridad sean más transparentes. Con la nueva disposición, que entra en vigor el 1 de enero, la Secretaría de Estado, la principal dependencia de la administración vaticana, pierde facultades. El organismo deberá renunciar a la gestión de sus fondos, inversiones e inmuebles y someterse a la supervisión de otras dos oficinas económicas. A partir del 1 de enero de 2021, la titularidad de los fondos y cuentas bancarias, las inversiones muebles e inmuebles, incluidas las participaciones en sociedades y fondos de inversión, hasta ahora a nombre de la Secretaría de Estado, se transfiere a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que se encargará de su gestión y administración”, explicó el documento. Además, los recursos estarán sujetos a control por parte de la Secretaría para la Economía, que desempeñará la función de Secretaría Papal para temas financieros. Se trata de un nuevo paso en la reforma económica emprendida por Benedicto XVI con la creación del AIF (Autoridad Información Financiera) para vigilar las operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del Vaticano.  Con eso, Francisco completa un proceso de unificación de las compras e inversiones de la Santa Sede en un solo organismo para mejorar la organización de la Curia Romana. La medida se aprobó después de diversos escándalos financieros en la Santa Sede. En 2014, la secretaría invirtió 244 millones de dólares como socio para comprar un edificio de lujo en Londres. El cardenal George Pell, extesorero del Vaticano, dijo que hubo “pérdidas enormes”. Además, en septiembre, Francisco despidió al cardenal Angelo Becciu, un exalto funcionario de la Secretaría. Una investigación sobre el acuerdo de Londres llevó a la suspensión el año pasado de cinco empleados del Vaticano, cuatro de la Secretaría. El Vaticano también ha acusado a los intermediarios de extorsión. La nueva normativa hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 e impide la participación en los concursos públicos del Vaticano a las empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos. --

Con información de Excélsior / REUTERS Y DPA

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