La ley para impedir que cualquier funcionario gane más que el Presidente se tambalea. El Ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán propuso a sus colegas invalidar en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente desde noviembre de 2018. Con esta ley, primera aprobada por la nueva mayoría de Morena en el Congreso, se pretendió regular la prohibición de que cualquier funcionario gane más que el Presidente de la República, prevista en la Constitución desde 2010. Pérez Dayán turno a sus colegas el proyecto de las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108/2018, promovidas por la CNDH y senadores de oposición, y el caso fue agendado el pasado martes en el lugar doce de la lista para discusión del Pleno de la Corte. Fuentes judiciales informaron que Pérez Dayán hizo dos propuestas de invalidez de esta ley, una total, y otra parcial. En ambos casos, se requerirá el voto de al menos ocho de los 11 Ministros para invalidar. La propuesta de invalidez total determina que existieron violaciones al procedimiento legislativo, pues la Ley Federal de Remuneraciones fue aprobada por el Senado en noviembre de 2011. Sin embargo, la minuta respectiva estuvo congelada casi siete años en la Cámara de Diputados, que repentinamente la revivió tras la llegada de la mayoría de Morena, y la aprobó sin cambio alguno el 13 de septiembre de 2018, lo que generó varios errores y desfases, pues la redacción de la ley dejó de coincidir con muchas otras normas reformadas desde 2011. Aunque el Congreso corrigió los errores mediante una reforma publicada el 12 de abril pasado, eso no impediría, según el proyecto, que la ley sea anulada. Si no hay ocho Ministros que apoyen este argumento, la Corte revisara si el Congreso incurrió en omisión legislativa parcial, pues no desarrolló en la ley parámetros para calcular el salario del Presidente, sino que se limitó a repetir lo que dice el artículo 127 de la Constitución. "El precario desarrollo del contenido de los principios constitucionales, otorga un alcance tan amplio a la discrecionalidad de las autoridades, que da pauta a la arbitrariedad en la fijación del sueldo máximo -del Presidente de la República-, que constituye el tope para la determinación de las remuneraciones de todos los servidores públicos; por lo tanto, vulnera los derechos a la seguridad jurídica y el principio de progresividad", afirmó la CNDH en su demanda Durante la discusión en el Pleno, otros ministros podrán proponer argumentos adicionales de invalidez. Además de estas acciones, la Corte tiene pendientes controversias de todos los órganos autónomos, contra el tope salarial y la reducción de sus presupuestos. -- Reforma