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Marité Hernández Correa de Morena expuso en Tribuna que este activista era conocido por su defensa de los sitios sagrados del Pueblo Wixárika, por lo que pidieron que la Fiscalía dapliquee Nayarit sancione a los culpables
12:39 jueves 27 septiembre, 2018
San LuisPor mayoría de votos, el Congreso de San Luis Potosí aprobó exhortar al titular del Gobierno de Nayarit para que se pronuncie en contra del homicidio de Margarito Díaz González, defensor de derechos humanos de pueblos originarios, y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí pronunciarse y reconocer a Margarito como defensor de derechos humanos en la zona Wirikuta. Este punto de acuerdo considera también que la Fiscalía General de aquella entidad aplique los protocolos y sancione a los culpables. Marité Hernández Correa de Morena expuso en Tribuna que este activista era conocido por su defensa de los sitios sagrados del Pueblo Wixárika, luego de la llegada de empresas mineras canadienses a dicha zona en San Luis Potosí. El pasado sábado 8 de septiembre que al llegar a su casa fue asesinado el representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta. Los primeros reportes informaron que hombres armados arribaron a su domicilio en de Nayarit, en el momento en que le dispararon en el rostro. Con su asesinato, Marité se refirió que Margarito ha dejado un enorme hueco en la Unión de centros ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit. "Como marakame, un tipo de chamán huichol que difunde y conoce los textos rituales, sabía cómo recitarlos y tenía capacidad mágica para comunicarse con los dioses, defendió fuertemente los sitios sagrados ante la voracidad de las mineras canadienses en la zona Wirikuta de nuestro Estado; siempre atento a la vigencia de los derechos de los pueblos originarios y lenguas maternas, así como de la cultura y el ambiente.
Hoy hemos perdido a un gran luchador, a una persona que se oponía abiertamente a la construcción de la presa 'La Maroma' en nuestra Entidad, y siempre a favor de la legalidad y la justicia", expresó. Sin embargo por otro lado, presentó un punto de acuerdo para exigir justicia a la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en la que los diputados del Congreso rechazaron este punto de acuerdo.