Human Rights Watch criticó la intención del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conadis) en México. En un pronunciamiento, Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado de la división de Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización, llamó a no disolver la agencia gubernamental que consideró clave en el País para defender los derechos de ese sector de la población. Recordó que el 18 de febrero, López Obrador sugirió que disolvería el Conadis al afirmar que sólo cumple funciones administrativas y no aclaró si sería remplazado con otra institución. En vez de suprimirlo, expuso, debe ser mejorado, se le debe destinar un mayor presupuesto y debería tener un mayor involucramiento en el establecimiento de las prioridades del Gobierno en materia de derechos de personas con discapacidad y el poder de evaluar y supervisar las políticas de discapacidad. "La abolición del Consejo será un movimiento regresivo flagrante, que socavará la protección de los derechos de las personas con discapacidad", apuntó. "López Obrador sostiene que lo más importante para las personas con discapacidad es el apoyo financiero directo en forma de pensiones sociales. Si bien estos beneficios pueden ser importantes para las personas con discapacidad, no pueden reemplazar la importante función del Consejo Nacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en México". Señaló que este Consejo establecido en 2011 ha ayudado a México a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que requiere que el Gobierno tenga puntos focales de alto nivel y mecanismos independientes, responsables de implementar el tratado. "Si el Presidente López Obrador efectivamente cierra el Consejo Nacional, México deberá reemplazarlo para cumplir con sus obligaciones bajo la CDPD", solicitó. Su función, prosiguió, es servir como un punto focal para coordinar las políticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidades en todas las agencias federales, que incluyen accesibilidad, acceso a la justicia, vida independiente, educación y participación política. Y pese a ello, agregó el especialista, no todos los funcionarios públicos en México son conscientes de cómo implementar mejor las políticas respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad. -- Reforma