El Senado exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a instalar mesas de trabajo con el Departamento de Estado de la Unión Americana, a fin de acordar un plan de protección legal para los mexicanos que resultarán afectados con la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la senadora Marcela Guerra, analizará un punto de acuerdo en el que se contempla la participación del Congreso de Estados Unidos, en beneficio de los más de 600 mil jóvenes indocumentados nacidos en México. “Los jóvenes, mejor conocidos como ‘dreamers’, podrían perder dicha protección, con lo que afectarían, al menos, a 622 mil 170 indocumentados nacidos en México; siendo los mexicanos quienes representan el 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA”, puntualizó el senador perredista Isidro Pedraza. Para ser más precisos, señaló que, según estimaciones del gobierno norteamericano, al 31 de marzo de este año, aproximadamente 800 mil personas detentaban el estatuto DACA y cerca de 200 mil personas lo obtuvieron en 2016 por primera vez o por renovación.

Dijo que el punto de acuerdo propone que la Cancillería contrate a “dreamers” con licenciatura en Derecho, para integrarlos a la Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en EU y que ejerzan una efectiva defensa de los jóvenes afectados, en contra de medidas gubernamentales que afectan sus derechos humanos. El parlamentario por el PRD también pidió a la Secretaría de Hacienda la creación de un fondo económico que tenga como objetivo becar a los jóvenes estudiantes mexicanos que radican en EU y estén en riesgo de ser objeto de los cambios generados por la cancelación del programa.

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