Ante los titulares de la PGR y las Procuradurías y Fiscalías del país, el Gobernador guerrerense Héctor Astudillo pidió aumentar las penas de prisión para los delitos de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante la inauguración de la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Mandatario llamó a "afinar" el sistema de justicia penal acusatorio y contemplar la prisión preventiva oficiosa para los casos de armas de alto calibre. "Las armas es un tema en el que yo estoy convencido que tanto el Congreso nacional como quienes tengan la iniciativa para este caso tenemos que accionar, actuar, es un tema importantísimo que tenemos que volver a encuadrar correctamente para que encontremos contener la manera de cómo, quienes tienen armas, puedan tener penas más amplias de lo que actualmente tienen, de las armas que conocemos como las que no se pueden utilizar por los ciudadanos comunes y que han ampliado su presencia en el país", dijo ante los Procuradores. En la inauguración, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo que en esta reunión presentará lo que ha venido haciendo la dependencia en materia de política criminal y también un Plan de Persecución Penal. "Después de varios meses y con la ayuda de un grupo de expertos internacionales, hemos concluido que la investigación y persecución penal, eficaz y eficiente, depende de esta política y este plan", dijo Elías.  "Un plan de persecución penal es necesario para priorizar los delitos que perseguimos, optimizar recursos, gestionar estratégicamente el flujo de trabajo, y seleccionar casos clave". Este plan pretende que cada Procuraduría y Fiscalía defina su perfil y vocación, con base no sólo en su marco jurídico, sino también en las necesidades sociales y el análisis criminal, para generar un modelo óptimo y eficiente. Parte de esta idea es identificar y procesar asuntos de baja complejidad y mucho volumen, a través de soluciones diferentes al juicio, como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y, por otro, enfocar las mayores capacidades de investigación y de litigio para los delitos de alto impacto y los "mercados criminales". De acuerdo con el encargado de la PGR, Sonora ha planteado el tema de la autonomía presupuestal de las Fiscalías. Dijo que si bien este asunto corresponde a las áreas hacendarias; sí compete a los Procuradores saber la ubicación constitucional o el nombre que van a tener sus instituciones. "Por lo que es importante que la arquitectura institucional se transforme para ser funcional con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio", señaló. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que cumplió 25 años de llevarse a cabo, es un espacio donde se someten a análisis y debate varias de las propuestas e iniciativas que más tarde se traducen en reformas del ámbito penal. De acuerdo con estadísticas de la PGR, del 2013 a la fecha los procuradores han llegado a 193 acuerdos en esta instancia, siendo los de mayor volumen los relacionados con la implementación del sistema penal acusatorio. En el 2013, se llegó a 27 acuerdos; en 2014 a 32; en 2015 a 37; en 2016 a 43; el año pasado a 49 y en lo que va del presente, un total de cinco. Algunos de los temas recurrentes en los que se han llegado a acuerdos son propuestas sobre investigación criminal, búsqueda de personas, identificación de cadáveres y secuestro. -- Reforma