La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de una víctima atribuibles al personal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” San Luis Potosí, en relación a la atención médica que recibió con motivo de su embarazo. La víctima manifestó que, en agosto de 2017 al cursar 29 semanas de gestación comenzó a arrojar líquido vía vaginal por lo que acudió a la Clínica Rural 15 del IMSS ubicada en el municipio de Charcas, en donde por la gravedad fue referida al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en esta ciudad capital. Ahí, el personal médico le informó que el bebé se encontraba bien, que permanecería hospitalizada para lograr llegar a la semana 35 y durante tres semanas fue valorada y constantemente le realizaron estudios de laboratorio. En septiembre, la mujer comenzó a tener contracciones de trabajo de parto, después de dos horas presentó dilatación de 7 centímetros y al realizarle un ultrasonido la ingresaron de urgencia a quirófano. La madre detalló que después de una hora y media que nació su hijo a quien le había dado un paro cardiorrespiratorio, se convulsionó por lo que fue ubicado en área de cuidados intensivos.

La víctima indicó que al nacimiento del bebé no tenía movimientos corporales, no pestañeaba y fue diagnosticado con una enfermedad (displasia broncopulmonar severa y traqueítis por klebsiella), con lo que requería ventilación mecánica, era alimentado por una sonda y necesitaba medicamento especializado, el cual, no le fue proporcionado por el Hospital a pesar de que si los cubría el Seguro Popular. Por su parte en la opinión médica, que realizó un Perito Especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, concluyó que: La atención médica no fue adecuada, se obtuvo producto con asfixia, hubo omisiones en agravio del infante, y que sí eran previsibles en un buen porcentaje si se hubiera contado con el recurso de la incubadora en UCIN en el momento indicado y solicitado. Por lo que se indicó que hay responsabilidad institucional por no contar con la infraestructura necesaria en el momento en que se presentaron los hechos para poder brindar atención de calidad. El niño continúa internado en el Hospital Central, y cuenta con 1 año 11 meses de edad.  Por lo anterior la CEDH emitió la Recomendación 17/2019 para que reciba aun una atención médica eficiente, eficaz y de calidad, que requiera de acuerdo a su padecimiento actual. Además que el contralor Interno investigue las diligencias efectivas para el debido procedimiento y se dé pronta resolución del Procedimiento Administrativo que inicie para que se determine la existencia o no de responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir servidores públicos.