De acuerdo con el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, durante la actual administración de Juan Manuel Carreras, se ha presentado un gran avance atendiendo las recomendaciones con respecto a violaciones de derechos humanos, emitidas tanto por la comisión estatal y nacional, además de una reducción en las mismas por de hasta un 84 por ciento.  Detallo que en el número de quejas en contra del gobierno estatal se ha tenido una reducción de 84% de 2015 a la fecha por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de alrededor de 60% en cuanto a las recomendaciones emitidas por esta instancia, dirigidas a algún ente de la administración estatal. Recalcar que en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han recibido 12 recomendaciones dirigidas al gobierno estatal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras; sin embargo, señaló que la mitad de ellas provienen de hechos sucedidos en gestiones anteriores y el resto sí corresponde al actual periodo de gobierno, que ha buscado aceptarlas y cumplirlas en todos sus términos. Sin embargo, la realidad es que el gobierno y el organismo estatales que debe velar por los derechos humanos en SLP, continúan recibiendo recomendaciones por casos denunciados hace varios años.  La más reciente que la CNDH ha dirigido a la gestión de Juan Manuel Carreras, y a la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles, por la falta de acciones en favor de una niña, quien fue agredida en una institución educativa en el municipio de Rioverde. 

La investigación del caso permitió a la CNDH acreditar violaciones a los derechos humanos al principio del interés superior de la niñez, a la reparación del daño, así como al derecho de niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia, toda vez que la Secretaría de Educación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad incurrieron en omisiones para cumplir con el documento recomendatorio. Por su parte, la CEDH no verificó que se respetaran los derechos de las personas afectadas, aun cuando en su propia Recomendación determinó que se trataba de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.