Editorial EL UNIVERSAL / Presupuesto 2020: disciplina y mayor inversión pública

Se dio a conocer el paquete económico 2020, que en esta ocasión vino acompañado de una miscelánea fiscal, mediante la cual el gobierno buscará allegarse recursos para poder cerrar la brecha entre egresos e ingresos. Nos centramos en el análisis de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documento que resulta indispensable para comprender la estrategia de política económica y fiscal para el próximo año.  Se ratifica el compromiso de no incrementar impuestos existentes ni crear nuevos hasta demostrar eficiencia en el ejercicio del gasto público; es decir, el gobierno sabe que no puede proponer una reforma fiscal porque ello iría en contra del compromiso que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral, con el enorme costo político que implicaría llevarla a cabo. Además, un esfuerzo de ese tipo no puede ser acompañado si la sociedad civil no percibe primero el ejemplo del gobierno de apretarse el cinturón. Los CGPE 2020 enfatizan desde el principio el compromiso de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal, lo que fue bien percibido por el mercado y las calificadoras, por lo que va a apostar a incrementar la recaudación fiscal. Se propone una serie de medidas que van desde grabar las ventas al consumo con IVA en la economía digital, incrementar los impuestos a refrescos, bebidas saborizantes, energizantes, tabacos, hasta tipificar como delito grave la falsificación de facturas, con lo que la evasión de impuestos podría implicar la pena de cárcel, pasando por una serie de medidas como fiscalizar las ventas de los multiniveles, vigilar que las empresas que subcontraten en realidad acrediten el IVA, entre otras.  Es evidente que se retomó la experiencia de este año, en el que los ingresos tributarios aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2019 se ubicaban debajo de los estimados para ese año en los CGPE 2020, y más claramente si comparamos los ingresos observados en el informe de las finanzas públicas enero-julio de 2019 con los registrados en el mismo periodo del año pasado.  La caída de la actividad económica se refleja de manera más clara en que la recaudación por el impuesto sobre la renta y por IVA bajó en términos reales 10.1% y 7.9%, respectivamente, en julio pasado respecto al mismo mes de 2018, por lo que se acentuó el descenso al comparar el crecimiento real de los montos acumulados al séptimo mes de 0.0 y -1.7%, respectivamente. Por su parte, los ingresos petroleros disminuyeron 26% en julio en tasa anual, mientras que los acumulados cayeron -18.2%.  La inquietud sobre los ingresos presupuestarios para 2020 es que no se cumplan las estimaciones, como la de que el PIB crezca 2.0% como lo tienen proyectado las autoridades, por lo que es muy probable que se vuelvan a presentar recortes o retrasos en el ejercicio del gasto como los experimentados en este año. Los menores ingresos petroleros en 2019, de acuerdo con las cifras de los CGPE 2020 se debieron a que la plataforma promedio de producción de crudo (mbd) aprobada resultase superior a la estimada (1.847 millones de barriles diarios contra 1.727), puesto que el precio promedio del petróleo aprobado y estimado para 2019 fue el mismo (55 dólares). Aunque se comenta que en 2020 entrará en vigor la regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre, no se aclara como se va a resolver este problema. En 2020, se estima que la plataforma será de 1.951 millones de barriles diarios, compuesta de 1.866 millones extraídos por Pemex y el resto por agentes privados (85 mil barriles diarios); es decir, se apuesta a que su Plan de Negocios 2019-2023 funcione y que se revierta por primera vez la caída en la producción desde 2004. Por el ambiente de recesión global, se estima que el precio del crudo promedie 49 dólares, que estaría asegurado por las coberturas que se han adquirido. Se priorizan los proyectos de inversión que tienen más incidencia en el crecimiento por su efecto multiplicador, considerando que ya se cuenta con los estudios de pre-inversión en los proyectos de infraestructura del gobierno. Se hace hincapié en el respaldo a Pemex para lograr su reactivación, conscientes de que un deterioro de su calificación crediticia descompondría todo el cuadro de las finanzas públicas. Se menciona una aportación patrimonial del Gobierno Federal a Pemex por 46.3 mil millones de pesos, que con las reducciones de impuestos de las que se beneficiara el apoyo suma 86 mil millones.  El Gobierno reconoce cinco riesgos: 1) retraso de la aprobación del T-MEC; 2) escalonamiento de conflictos políticos y comerciales; 3) mayor desaceleración de la economía mundial y en particular de la producción industrial de Estados Unidos; 4) deterioro de la calificación de Pemex, y 5) debilidad de la inversión privada. En conclusión, tenemos un presupuesto muy ajustado, atrapado en la encrucijada de cumplir simultáneamente con la promesa de disciplina fiscal y, llevar a cabo programas sociales y de inversión prioritarios. El éxito que tenga en el manejo de las finanzas públicas podría ser definitorio en el futuro de la 4T, que seguramente querrá que no se cumpla la Ley de Murphy: "Si algo malo puede pasar, pasará". OPINIÓN / La relación prensa-gobierno

Los actuales no son tiempos fáciles para la prensa en el mundo. El arribo de gobiernos de corte nacional populista en varios países se ha vuelto un obstáculo para el libre ejercicio de su actividad. El ejemplo más representativo es la relación actual entre el gobierno de Donald Trump y los medios de comunicación estadounidenses. Toda información que cuestione el desempeño de su administración es en automático una “noticia falsa” (“fake news”). No hay argumentación para rebatir, sino la descalificación inmediata. Además de Estados Unidos, se han dado casos similares en otras naciones. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha sido señalado por considerar a la prensa un enemigo, ha cerrado espacios para los diarios críticos e independientes alentando, por el contrario, un conglomerado de medios que realizan propaganda a su favor. El gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin también se encuentra en la lista de países que ejercen presión sobre los medios de comunicación independientes, además de tener el control de internet. América Latina no es la excepción. En marzo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro usó su cuenta de Twitter para intimidar a los medios de comunicación al exponer nombre, foto y voz de una reportera a la cual le atribuía declaraciones de que había una campaña para derrocarlo, las cuales resultaron falsas. En Venezuela es permanente la ofensiva contra los medios críticos al régimen de Nicolás Maduro. En México la amenaza principal a medios de comunicación y sus trabajadores proviene del crimen organizado. El país lleva años registrando uno de los mayores índices a nivel internacional de periodistas asesinados. A ello se ha sumado la estigmatización de un sector de periodistas desde la cúpula del poder político cuando se publica información que presenta una visión distinta al discurso oficial. En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez Lloreda, afirma que puede haber crítica a los medios, “pero una cosa es criticar y disentir, y otra cosa es estigmatizar” al llamarlos adversarios, opositores o prensa fifí. Una delegación internacional de la SIP se encuentra en México para revisar la defensa de la libertad de expresión y las amenazas a la labor de periodistas. Cuando un mandatario critica a la prensa, sea en México, Estados Unidos, Hungría o Brasil, lo hace desde el máximo puesto de poder político, desde el cual debería defender la libertad de expresión, no condenarla. Ningún país debe tener una sola voz. La diversidad de opiniones frena tentaciones de concentrar el poder y enriquece a la democracia.

Fretes Políticos 1. Más claro ni el agua. Los planes para la construcción del Tren Maya van avanzados, pero los intentan frenar quienes defienden intereses oscuros. Rogelio Jiménez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, institución encargada de construir la mega obra, al ser cuestionado sobre las versiones de Gabriel Quadri y Julia Carabias, quienes aseguran que se duplicará el costo de esta obra, señaló que esas afirmaciones son un problema político que lo único que busca “es joder” el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Voy a decirlo en palabras mexicanas, quieren joder, o sea son ganas de… es un problema político”, precisó. ¿El Imco por qué no se acercó a nosotros a preguntar cuáles son los parámetros de diseño, cómo se pone a adivinar, cómo se pone a inventar parámetros que no existen?”, dijo el funcionario. Así se las gastan los “especialistas”. 2. A romper el cochinito. El partido que dirige Yeidckol Polevnsky deberá reunir una buena cantidad de dinero para pagar las multas que le impuso el INE por incumplir en obligaciones de transparencia. Por unanimidad, magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF confirmaron diversas multas impuestas a Morena por el Consejo General del INE al haber incumplido en materia de transparencia y acceso a la información. Algunas de las infracciones del partido político destacan las omisiones de publicar los resultados de la dictaminación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2015; los cv’s con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia. Errores de primaria que les costarán una fortuna. 3. Un lustro de dolor. Al reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le advirtieron que se ha llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos, no se romperán los pactos de impunidad que impiden conocer el paradero de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, afirmó que se le pidió “proceder contra los responsables que manipularon, obstaculizaron la investigación y sembraron pruebas, concretamente, Tomás Zerón—entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR—”. Han pasado casi cinco años de aquella noche. Demasiadas dudas rondan la ahora mentira histórica. 4. Esto no se acaba. La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, prepara cuatro denuncias más con relación a la Estafa Maestra, que relaciona a la exsecretraria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que, sumadas a otras que se han presentado, son tres mil millones de pesos. Al preguntarle sobre que la Unidad de Inteligencia Financiera informó que tenía dos denuncias más contra Robles, indicó que aún quedan muchos temas y que “estamos preparando otras cuatro denuncias”. De acuerdo con el titular de la ASF, el organismo a su cargo y la Fiscalía General de la República tienen una gran coordinación, como nunca se había logrado, y por ello los asuntos de la ASF los tramitan muy rápidamente. Pues si son tan veloces, se están tardando. 5. Mucho trabajo. Jesús Orta, jefe de la Policía, tuvo un buen día. Por delitos contra la salud, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México cumplimentaron ayer una orden de cateo en un domicilio en la Plaza Garibaldi. Los elementos federales, apoyados por personal de la SSC capitalina, ingresaron a un edificio en la colonia Centro y decomisaron droga en uno de los departamentos, presumiblemente una tienda de narcóticos de La AntiUnión. Horas antes, en un departamento de la colonia Morelos se confiscaron 3.5 toneladas de mariguana. Indicó que se buscará a través de la PGJ obtener la extinción de dominio del inmueble en la calle de Labradores que pertenecería a La Unión Tepito. Golpazos certeros. Vengan más. Bitácora del director / Migración, sí; seguridad, no

¿Por qué pesa más un acuerdo con el presidente de Estados Unidos que un compromiso con el pueblo de México? El martes por la noche, luego de que las delegaciones de los gobiernos de uno y otro país se reunieron en Washington para revisar los resultados del acuerdo sobre migración firmado el 7 de junio, Donald Trump subió un tuit para celebrar que el número de migrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos va drásticamente a la baja. “¡Increíble progreso en la frontera sur!”, escribió. Y apoyó su dicho en una gráfica que daba cuenta de un descenso de 92.2 por ciento, de 119 mil 13 detenidos en mayo a 9 mil 292 en lo que va de septiembre. Más allá de que Trump comparó los datos de un mes completo con los de una decena de días, su entusiasmo fue compartido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien afirmó el mismo martes que la estrategia para reducir los flujos migratorios que se dirigen a la frontera está funcionando. Hace tres meses, México se comprometió a hacer precisamente eso para evitar la amenaza de Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Y vaya que ha cumplido. El costo ha sido destinar de tiempo completo a varios miles de elementos de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para contener en los límites con Guatemala a centroamericanos y personas de otras regiones del mundo que buscaban transitar por México para llegar a EU y detener a quienes se habían internado en México antes de la firma del acuerdo, así como a quienes se colaron por nuevas y peligrosas rutas. De enero a julio de este año, la cifra de migrantes sin papeles detenidos por autoridades mexicanas alcanzó los 123 mil, de los cuales 30 mil corresponden sólo a junio. Además, México aceptó ser parte de un programa –llamado informalmente Quédate En México– que consiste en permitir que permanezcan en territorio nacional los solicitantes de asilo político en Estados Unidos mientras un juez decide sobre su petición. De acuerdo con una nota del diario Los Angeles Times, unos 35 mil migrantes –principalmente centroamericanos– se encontraban en esa condición, mientras que otros 18 mil se habían anotado para ser entrevistados en el lado estadunidense de la frontera. Si nos atenemos a los datos de agosto tuiteados por Trump (30 mil 281 detenidos en aquel país), hoy en día hay más nuevos migrantes indocumentados centroamericanos confinados en México que en Estados Unidos. El acuerdo ha tenido un costo de imagen para el país, pues organizaciones internacionales e incluso la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, han criticado la nueva política migratoria mexicana. Hay quienes han celebrado que México por fin tiene control sobre sus fronteras, lo cual no es un argumento menor, considerando que los migrantes se han convertido en botín de organizaciones criminales. Pero lo que está fuera de discusión es el contraste que hay entre los resultados de la política migratoria que se acordó con Washington y los de la lucha contra la inseguridad. Como le relaté ayer, hace casi cinco meses el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en un semestre se comenzarían a notar los efectos de su estrategia contra la violencia de los grupos delincuenciales. Hasta ahora, no se han visto. Y uno tiene que preguntarse por qué ha habido tanto éxito a la hora de atender la demanda de Trump y tan poco para responder a la exigencia de mayor seguridad por parte de la ciudadanía. ¿Será porque el primero tiene capacidad de amenazar con sanciones en caso de incumplimiento y la segunda no?