Editorial EL UNIVERSAL / Seguridad, derechos y Guardia Nacional

Nuestro sistema constitucional no puede depositar la garantía de los derechos en órganos o estructuras militares. Asumir que la vigencia del derecho sólo será posible a través de la fuerza lleva implícito el riesgo de reducir la utilidad de las normas e instituciones civiles a un papel marginal, vulnerando con ello la esencia misma de nuestro Estado democrático, cuya consolidación ha derivado, en buena medida, de la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares, condiciones necesarias para preservar un Estado liberal y garantizar que la institucionalidad civil no se condicione a intereses ajenos a la misma o sea viciada por la amenaza del recurso de la fuerza. Las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados con motivo de la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional (GN), evidenciaron un consenso sobre la necesidad de no entregar la seguridad pública a mandos y estructuras militares, así como lograr que se depuren y fortalezcan las policías civiles. Si bien se temía que las referidas audiencias fueran un nuevo acto de simulación, se ha anunciado la intención de reformular la propuesta para que la GN deje de estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y tenga un mando civil al integrarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuestión que se saluda y reconoce, pero que debe completarse para superar todas las observaciones hechas a tal proyecto. No se conocen detalles concretos de la nueva propuesta de reforma, pero es claro que de manera adicional al tipo de mando, se tendrán que contemplar, entre otras cosas, cuestiones específicas sobre el perfil y capacitación que tengan sus miembros, los criterios operativos y de uso de la fuerza que aplicarán, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas a que estarán sujetos, el hecho de que no tendrán a su cargo la investigación de delitos, así como el destino que tendrán las policías civiles actualmente en operación y su eventual interacción con la GN. Por años no hemos emprendido la revisión de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia bajo el enfoque integral, multidisciplinario y multidimensional requerido para construir un esquema de seguridad pública que, reconociendo la necesidad temporal y extraordinaria de que participen las Fuerzas Armadas, prevea una ruta para corregir las deficiencias y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, para que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Junto a los aspectos institucionales, es preciso que la agenda pública empiece a abordar los temas sustantivos que inciden transversalmente en la inseguridad y violencia, como lo son las políticas de drogas o el tráfico de armas. No sólo hay que precisar quien curará la enfermedad, hay que atender y prevenir sus causas.

Frentes Políticos

I.  El mal ejemplo. Hay algo a lo que llaman karma. Lo experimentó Farid Barquet Climent, el director de Jurídico y Gobierno de Coyoacán. Quien debería poner la pauta del modelo social a seguir, sólo hace lo contrario. Fue detenido en estado de ebriedad el jueves por la noche en un punto del alcoholímetro en la CDMX. Por si fuese poco, conducía un vehículo oficial de la alcaldía, un March con placas 236 YEC, que fue remitido. Hablan de un cambio, pero aprovechan sus cargos para, lo menos, caer en abuso de confianza. ¿Así se comportan y ofrecen un cambio? Por cierto, es al que le gusta cobrar de todo en la alcaldía que protege franeleros. Esperamos consecuencias. II. Cuestión de principios. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la “Cartilla Moral”, que tiene la finalidad de fortalecer los valores e impulsar la convivencia armónica y el “respeto a la pluralidad y a la diversidad”. Durante el arranque del Programa de Pensiones a Adultos Mayores, y acompañado de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, el primer mandatario destacó que con esta publicación se busca moralizar la vida pública del país y hacer frente a la corrupción. Fue escrita por Alfonso Reyes y será entregada a los dos millones 500 mil beneficiarios del programa de Pensiones a Adultos Mayores. El rescate de los legados salvará a la nación. La fuerza de la familia. III. Aprovechados. Marko Cortés, el líder del PAN, no deja escapar una. Es de los que ven la tempestad y no se hincan. Presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, para conocer la situación de desabasto de gasolina. “Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre las causas que están originando el desabasto y el gobierno tiene la obligación de informar con honestidad y transparencia”, dijo. Planteó 27 preguntas al gobierno federal. Si todos estamos en la misma fila para cargar combustible, ¿no hubiese sido mejor presentar 27 acciones realizadas por ellos para solucionarlo? Siempre es más fácil criticar que proponer. IV. Nueva era. Todos los días, en cada región del país, se detectan las irregularidades que ha traído el robo de combustible. En meses anteriores se hablaba del número de pipas robadas y ahora la información que surge nos plantea la real dimensión de este desfalco a un bien público del país. Ayer, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, coordinados con la PGR y por Seguridad Física de Pemex, catearon tres viviendas donde presuntamente almacenaban combustible ilícito en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec. La Semar y las Fuerzas Armadas, como siempre, velando por los mexicanos. Habrá un antes y un después, Ya lo verán. V. Batidillo. Esto le pasa a Jaime Rodríguez El Bronco por desatender su estado. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reveló que solicitó la destitución de siete funcionarios de la Dirección General de Administración por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado. Presentó denuncias contra unos 80 exfuncionarios y empleados de la Administración Penitenciaria, quienes serán separados, cesados e investigados. “Vamos hacer limpia completa, estamos hablando de 80 personas que serán separados, cesados e investigados, ligados por actos de corrupción y posibles nexos con el crimen organizado”. ¿Y apenas se dan cuenta?