Editorial EL UNIVERSAL / Militarización con velo democrático

La discusión en el Senado de la República sobre la propuesta de crear una Guardia Nacional de esencia y corte militar para enfrentar la inseguridad pública, se desarrolla en un escenario de simulación oficial, ya que mientras Morena se ve forzado por las oposiciones partidistas y sociedad civil a admitir un esquema de Parlamento Abierto, AMLO avanza aceleradamente —violando normas legales— en la ruta de dar mayor participación y peso al Ejército en tareas de carácter civil. El Parlamento Abierto es una especie de ejercicio de democracia directa y activa por el cual el Legislativo discute con la sociedad. Se escuchan civilizadamente los diversos puntos de vista, se valoran distintos argumentos y se toman decisiones de cara a la misma sociedad. Ciertamente, no tiene un efecto vinculatorio que obligue a tomar en cuenta todas las voces discordantes de la propuesta oficial, pero sí obliga a asumir una suerte de suspensión temporal en las decisiones sobre la materia a debate. Implica un elemental compromiso moral para no engañar a aquellos a los que se ofrece escuchar. Pero, por lo que se ve, los hechos hablan de una actuación inmoral de López Obrador y Morena: Ofrecen una cosa y hacen otra. Uno se pregunta: si AMLO dice que ya no hay guerra contra el narco, que “no es su deber detener capos”, que habrá amnistía para corruptos de sexenios anteriores y que la solución a los males nacionales es que seamos buenas personas ¿para qué quiere una Guardia Nacional integrada, capacitada y dirigida por militares? Una gran cantidad de especialistas y organizaciones conocedoras de los temas de seguridad y defensa de derechos humanos, han advertido sobre los riesgos de meter a los militares en labores de seguridad pública propias de las autoridades civiles. Señalan que avanzar en ese sentido, significa establecer un régimen autoritario y transitar por un camino sin retorno, a costa de libertades y derechos democráticos. En tanto, AMLO entretiene a la población construyendo cortinas de humo mediáticas con el supuesto combate al “huachicoleo” (sin detenidos de renombre a la fecha), la denuncia sobre actos de corrupción en Pemex, CFE, Sedatu, SAT, etc. (sin pruebas concretas); el derrumbe o destrucción de símbolos del poder como viajar en aviones comerciales o por carreteras, o “no tener guardias de seguridad” (aunque lo cuiden centenares de ellos vestidos de civiles). Dice que es inmoral retener salarios de trabajadores, pero las dependencias de su gobierno tienen a centenares de miles sin contrato y sin ingresos desde diciembre, amén de decenas de miles de despedidos sin indemnizaciones. Sumemos a ello las negativas consecuencias en la niñez por el recorte presupuestal a las estancias infantiles, bajo el argumento del combate a la corrupción y su estúpida propuesta de que el dinero lo administren los padres de familia y los niños sean cuidados por los abuelos. Agreguemos los nocivos y criminales efectos por falta de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector público. Todo para tener recursos y construir una red de apoyos económicos directos a millones de personas (ninis, jóvenes, adultos mayores, madres de familia), con fines de control corporativo-electoral, argumentando que sólo así se dará un golpe definitivo al viejo régimen. El 5 de febrero, AMLO dijo que se requería una nueva Constitución y convocar a un Congreso Constituyente, aunque hoy no es el momento. Puede ser en el 2021 o el 2024. Y si “la gente” dice que debe continuar gobernando, según “el mandato” de una nueva constitución, entonces tendremos AMLO por más tiempo en el poder. En tanto, presionará para que la Guardia sea aprobada. ¿Por qué y para qué? Porque quiere una fuerza militar incondicional y usarla para lo necesario, arguyendo “razones de Estado”. De ese tamaño es la responsabilidad histórica que tienen en sus manos los senadores de oposición: no ceder a presiones autoritarias y defender la República y las libertades democráticas. OPINIÓN / Perfiles óptimos para el gobierno

No sorprende que los gobiernos en cualquier país del mundo estén conformados por personas afines ideológica y políticamente. En los cargos más importantes no es raro encontrar a funcionarios del primer círculo del mandatario en turno. A pesar de ello, hay puestos que deben asignarse a especialistas y que requieren de la selección de los mejores perfiles, por ejemplo las carteras de Salud, Hacienda o Ciencia. La expectativa es incluso que no solo el puesto principal se asigne a un especialista, sino el resto de los cargos. Nada tendrían que hacer economistas en subsecretarías de Salud ni médicos en subsecretarías de Hacienda… o diseñadoras de moda en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este martes EL UNIVERSAL dio a conocer en su sitio de internet que la persona asignada a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), con cargo de subsecretaria del Conacyt, no cumplía con el perfil requerido para desempeñar ese encargo. La comisión referida se ocupa, “al más alto nivel, de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos genéticamente modificados”. La evidencia de que el perfil profesional y académico de la persona propuesta no era acorde con el cargo llevó a que el Conacyt revirtiera el nombramiento. Además, los casos revelados en los últimos días —de inconsistencias en las declaraciones que por ley los funcionarios federales tienen que presentar al inicio de su gestión y después de manera anual— demuestran la importancia de contar con gobiernos transparentes y obligaciones legales en la materia para que medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general conozcan a quienes desempeñan tareas de gobierno. Los hechos conocidos también despiertan interrogantes. ¿Los funcionarios actúan de manera dolosa con la esperanza de que a nadie le interese indagar en documentos públicos o de que la polémica que se desate sea efímera y luego de unos días nadie vuelva a tocar el tema? ¿Se trata de erratas a la hora de hacer declaraciones? ¿o quizá los mejores expertos del país en ciertos temas declinan aceptar un cargo público por los topes salariales en el gobierno federal? Pueden ser varias razones, con intención o sin ella, lo lamentable es que en la opinión pública queda la percepción de que no les importa pasar por encima de la ley o falsear información. Un mal precedente por donde quiera que se le vea.

Frentes Políticos I. Muy activos. Pese a que el PES se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF, para confirmar si mantendrá o no su registro ante el INE, ellos siguen trabajando. No alcanzaron los votos para mantenerse, pero luchan con dientes y uñas. El tema está por dirimirse y ellos están seguros de que el tribunal les favorecerá, pero en el tribunal el silencio es absoluto. Ni siquiera un frío, tibio o caliente. En el PES piden una pronta resolución, pues acusan que se le ha dado largas al procedimiento por más de 6 meses. Hugo Éric Flores Cervantes, el dirigente nacional, se declara confiado, y hasta los abogados del PES están seguros y no han dejado de hacer trabajo político. Pero, de mantener el registro… ¿en cuánto tiempo lo volverán a perder? II. Efectividad. En un entorno en el que el desarrollo no llega a todos los municipios, encontrarse con esta noticia devuelve la esperanza. Huixquilucan recientemente ha sido calificado como el municipio mexiquense con mejor viabilidad financiera. Y ahora lo comprueban los números. Se convirtió en el único en el Estado de México, entre los seis que aprobaron el Indicador de Generación de Ingresos 2018, de ARegional, empresa consultora que evalúa los 61 municipios más importantes del país, de los cuales 55 se clasificaron en el grupo “bajo de captación de ingresos”. Para quienes creen que el Edomex vive estancado, Enrique Vargas, el alcalde, les muestra el camino. Algo estará haciendo bien. III. A romper la tradición. En la estrategia federal contra la corrupción hay movimientos clave. Uno de ellos es la designación de Gregorio Guerrero Pozas como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Segob, en sustitución de Juan Manuel Flores Athie. Esta unidad, antes oficialía mayor, estará a cargo de un contador público quien se ha desempeñado inclusive como primer auditor Superior de la Federación. Renunció a la Contraloría General del INE el 31 de enero pasado. “Aplicaré toda mi experiencia profesional obtenida a lo largo de 43 años”, dijo. Deberá poner fin a los acuerdos irregulares en las adquisiciones de bienes, servicios y tecnología, prácticas no sólo socorridas, sino institucionalizadas. Debe poner atención en los funcionarios que le heredaron. IV. Respeto. Ayer, durante la conferencia matutina, una de las preguntas al Presidente fue: “¿Sobre el caso de Puebla, quién va a determinar al candidato, Yeidckol Polevnsky, impulsora de Miguel Barbosa, o los legisladores que apoyan a Alejandro Armenta?” A lo que respondió: “No opino, ahí si como se dice en el beisbol, ahí sí voy a batear”. Lo procedente es, como apunta Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, debe haber un proceso al interior del partido, para que sean los órganos partidistas quienes definan a su abanderado en Puebla. López Obrador aseguró que no intervendrá en la renovación de la presidencia de Morena. “No tengo tiempo; ¿a qué horas?”, respondió sonriente. No habrá línea en Puebla. No habrá dedazo. V. Firmeza. La decisión de ayer de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJ, marcará un antes y un después. Dos magistrados federales de circuito en Campeche fueron destituidos por actos de corrupción y por su “notoria ineptitud”, informó el Consejo de la Judicatura Federal, que determinó la destitución. Además, por faltar a su declaración patrimonial y desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”. Para el pleno del CJF “es primordial que se implemente una cultura de integridad judicial” y ratificó su política de “cero tolerancia a actos de corrupción”. Además de la destitución, a los dos magistrados del estado de Campeche les han sido impuestas sanciones económicas, precisó el Consejo que encabeza el ministro Zaldívar. El desazolve llegó.