Editorial EL UNIVERSAL / El otro maltrato a la mujer

En materia de igualdad de género hay datos alentadores que muestran que se marcha en la ruta correcta, pero con frecuencia se conocen otras cifras con las que parece que se anula el camino andado. Por ejemplo —una vez más— la cuestión salarial. Se pugna para que no haya diferencias entre el pago que recibe una mujer y un hombre por el desempeño de un trabajo similar, sin embargo hay datos a nivel nacional e internacional de que no siempre ocurre así. En México ahora se conoce información que revela otro aspecto de la amplia brecha en materia de sueldos entre hombres y mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de mujeres que perciben más de cinco salarios mínimos se ha venido reduciendo. En el último trimestre de 2018 eran solo 725 mil 615 trabajadoras, prácticamente la mitad de las 1.4 millones que se encontraban en el rubro “mejor pagadas” en 2006, al concluir la administración de Vicente Fox. Un pronunciado deterioro en dos sexenios. El dato presentado por el Inegi solo viene a confirmar la afectación generalizada que ha tenido el país en los últimos años en materia de empleo y salario, con puestos de trabajo en los que predominan los bajos salarios y la ausencia de prestaciones sociales (la llamada precarización de la que han dado cuenta estudiosos del tema), situación que se carga más en la fuerza laboral femenina. Un dato más que lo explica: en el último semestre de 2018 la tasa de desocupación en mujeres siempre fue más alta que la registrada entre hombres. El país ha creado instituciones para defender los derechos de la mujer y evitar abusos como la discriminación, la violencia o el hostigamiento… pero no se conocen mecanismos contra el pago de menores salarios. Una remuneración digna para la mujer debería ser una práctica común en todas las empresas, aunque de no ocurrir así la autoridad tendría que intervenir para modificar esa mala práctica de los centros de trabajo. Los números oficiales coinciden en que para la mujer mexicana que se inserta en el mercado laboral será más complicado tener acceso a remuneraciones dignas, a pesar de que ellas representan poco más de la mitad de la población. Cada ocasión que se hace una distinción de ese tipo en oficinas públicas o privadas, se hace una distinción para 50% de los mexicanos. Así, el país no puede presumir todavía de que aquí existe una plena equidad de género. OPINIÓN / La propaganda de las conferencias de AMLO

Las conferencias de prensa diarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son un fenómeno de la comunicación. Al día de hoy, ningún Jefe de Estado o de Gobierno ha utilizado las conferencias de prensa diarias para dar a conocer una noticia, posicionar un tema o manejar una crisis. En los primeros 76 días de su gobierno, AMLO ha llevado a cabo 57 conferencias: 53 de lunes a viernes (excepto el lunes 31 de diciembre de 2018); y cuatro extraordinarias: dos el sábado 19 y dos el domingo 20 de enero de 2019 (debido a la explosión en el ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero). El análisis de las conferencias diarias de AMLO demuestra que no establece la agenda, al menos en los siete medios de comunicación impresos más importantes: de 344 notas principales de primeras planas analizadas en El Economista, El Financiero, EL UNIVERSAL, Excélsior, La Jornada, Milenio y Reforma, solo 49 de ellas (14 por ciento) han retomado los mensajes iniciales de AMLO del día anterior. Los anuncios de las giras de fin de semana tienen un impacto mínimo: solo aparecen en 15 de las 239 notas principales de primeras planas del día siguiente en los diarios mencionados. En 16 de las 57 conferencias, AMLO ha estado sin acompañantes. Cuando se esperaría la presencia de los secretarios según el tema que domine la agenda, o no aparecen o no participan: el secretario de Hacienda tomó la palabra por primera vez en la conferencia en el día 68 de gobierno, semanas después de que el tema de los bonos del Aeropuerto generara especulación; el titular de Sedatu debutó ese mismo día aclarando que ganaba menos que su antecesora; durante las primeras dos semanas de la crisis del desabasto de gasolina en diversas entidades del país y previas a la explosión del ducto, la secretaria de Energía tomó la palabra una vez. La secretaria del Trabajo no asistió a las conferencias durante las huelgas de las maquiladoras en Tamaulipas, y el secretario de Educación no apareció durante alos bloqueos a las vías de tren en diversas ciudades de Michoacán por parte de la CNTE. Al día de hoy, ni la secretaria de Semarnat, ni la secretaria de Cultura, han asistido a alguna de las conferencias. La secretaria de Economía, ha asistido tres veces pero aún no toma la palabra. Las conferencias diarias de AMLO son el eje de la comunicación de su administración. Nueve de cada 10 tuits de la cuenta de comunicación social del gobierno (@ComGobiernoMx) contienen el hashtag #ConferenciaPresidente, tuiteando solo de lunes a viernes. La cuenta no tiene un solo tuit el 24 de diciembre de 2018 (día del accidente del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla y su esposo, el coordinador del PAN en el Senado), ni el 18 de enero de 2019 (día de la explosión en el ducto de Tlahuelilpan). La cuenta ha borrado algunos tuits, por lo que los números pueden variar. En las conferencias, las referencias al pasado son comunes: Benito Juárez ha sido mencionado por AMLO 21 veces, José María Morelos y Lázaro Cárdenas dos veces cada uno, Francisco I. Madero una vez pero Miguel Hidalgo nunca, Vicente Fox 17 veces, Felipe Calderón 14 veces, Enrique Peña Nieto 12 veces y Carlos Salinas de Gortari 11 veces. La falta de información oportuna y el mínimo impacto en la agenda mediática de las conferencias de AMLO contrastan con su repetición del mensaje “Vamos bien / muy bien / avanzando” (46 veces) lo que revela, quizá, que las conferencias diarias son más un ejercicio de propaganda que un ejercicio efectivo de comunicación, de transparencia y de rendición de cuentas.

Frentes Políticos I. Cuenta regresiva. El panorama es serio: sin Guardia Nacional habría reacomodo de fuerzas federales, advirtió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Conago, al reunirse con Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de su creación, ya que “el 87% de los mexicanos quiere la participación de las Fuerzas Armadas, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar nuestra Constitución, pero también darles las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas para poder participar, salvaguardar los derechos de cada uno de ellos; estamos comprometidos”, precisó el gobernador de Campeche. Ni al caso darle más largas al asunto. Esto era para ayer. II. Ahora todos son muy importantes. El Inegi se sumó a la lista de instituciones y funcionarios que van en contra de la autoridad y el nuevo modelo institucional. Presentó una demanda de controversia constitucional ante la SCJN, respecto a la reducción de su presupuesto de 2019 y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Señaló que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto, con el propósito de suministrar a la sociedad y al Estado datos estadísticos y geográficos de calidad, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. A ver, no se habla de eso. Se trata de menos recursos y más resultados. ¿Tan difícil es entenderlo? III. Resistencia. Dentro del Conacyt la situación se salió de control. A la llegada de los nuevos funcionarios, hubo una molestia interna que obligó a efectuar cambios inmediatos. El organismo anunció la salida de Edith Arrieta e informó que Eva Bermúdez García será la subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados. Arrieta fue cuestionada por tener una carrera de modas. Además, la Auditoría Superior de la Federación informó que en los últimos años, el Conacyt otorgó becas de forma indebida, además de que no se entregaron los reportes de las investigaciones realizadas con esos recursos públicos, aseguró Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de Presidencia. Se espera un reporte detallado. ¿Por qué nunca hacemos las cosas bien? IV. Obstáculos. Lo de siempre: un juez concedió la suspensión definitiva a un amparo promovido por el Ministerio Público federal, lo que impide a la Fiscalía General de la República entregar la información correspondiente al caso Odebrecht. Así que no se dará a conocer ninguna versión pública de la carpeta de investigación abierta contra Emilio Lozoya por cohecho y enriquecimiento ilícito ni respecto a diligencias, declaraciones patrimoniales o interrogatorios a servidores públicos sobre el caso, como sugirió el Presidente. La secrecía también aplica para el contenido de las declaraciones de 19 servidores públicos de Pemex. Di no a los archivos clasificados, práctica del siglo pasado. V. Ensayo. Diputados federales de Morena de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas reconocieron a Mario Rubicel Ross García como “líder electo” del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, “en sustitución” de Carlos Romero Deschamps. Los legisladores adelantaron que presentarán en breve ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a reconocer los procesos de elección de dirigentes sindicales. Esto luego que en noviembre pasado, Rubicel Ross convocó a una convención del gremio en la que participaron disidentes de las 36 secciones del Sindicato, quienes lo nombraron dirigente nacional, por lo que solicitó a la Secretaría del Trabajo entregarle la toma de nota. Ya en la realidad solicitan apoyo para remover a Romero Deschamps y terminar con la corrupción sindical.   BITÁCORA DEL DIRECTOR / Contra los expertos

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan las organizaciones de la sociedad civil. Desde los días de la campaña electoral, se ha referido a los ciudadanos organizados que buscan incidir en la vida pública por fuera de los partidos políticos como “la llamada sociedad civil”. No los reconoce como interlocutores y se nota que sus planteamientos le causan escozor. Esta semana, el mandatario fue más allá. Dijo que dichas organizaciones pasan por alto los intereses del “pueblo raso”, al que tratan “como si no existiera, como si fuera tonto”. Las llamó elitistas y las acusó de haber facilitado el saqueo de los recursos nacionales. “¿Saben cómo se llamaba la sociedad civil antes?”, preguntó López Obrador a los periodistas presentes en su conferencia mañanera del miércoles en Palacio Nacional. “¿Saben cómo se le decía a la sociedad civil y cómo se le llama ahora? Antes a lo que ahora es la sociedad civil se le llamaba pueblo. Nada más que yo no sé quién agarró eso de la sociedad civil. Se lo apropiaron”. Para López Obrador, dichas organizaciones crearon lo que él identifica como un “gobierno paralelo”, integrado por “una constelación de organismos autónomos” que representan “intereses creados”. Según él, ese esquema ha permitido el robo de los recursos del país por parte de funcionarios corruptos bajo la excusa de la independencia. Ésa es la visión del político tabasqueño, pero no hace falta escarbar mucho en la historia reciente del país para encontrar las aportaciones que las organizaciones de la sociedad civil han realizado en la defensa del interés público. Por supuesto, referirnos a sociedad civil organizada es hablar de algo muy difuso. Los grupos que la integran son un reflejo de la pluralidad de pensamiento y de intereses que uno encuentra en cualquier segmento de la población del país. Sin embargo, tienen en común la decisión de no permitir que las determinaciones que afectan la vida pública se tomen exclusivamente por parte de los políticos. Casi no hay tema de discusión en el espacio público en el que no aparezca algún grupo de la sociedad civil, ya sea de especialistas o ciudadanos interesados. De acuerdo con datos del Inegi, en 2014 había unas 60 mil organizaciones o instituciones sin fines de lucro en México. Como decía, una somera revisión de la historia reciente puede dar cuenta de la importancia del papel que muchas de ellas han jugado en asuntos como la democracia, la rendición de cuentas de los gobernantes, la transparencia de la información pública, el uso responsable de los recursos del erario, los derechos humanos, etcétera. Para los medios, el trabajo de las organizaciones del llamado tercer sector ha servido para orientar y documentar investigaciones periodísticas. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, se debe, en buena medida, al trabajo y sacrificio de la abogada Norma Corona, asesinada en Culiacán el 21 de mayo de ese año. ¿Quién puede dudar que detrás de la fundación del Instituto Federal Electoral hubo un trabajo incansable de la sociedad civil organizada? ¿Cómo se puede olvidar que la democratización del Distrito Federal recibió un empujón clave por parte del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993? En su enfrentamiento con la sociedad civil, el presidente López Obrador no repara en la ayuda que las organizaciones que la componen pueden proveer a su gobierno. Ayer conversé en la radio con el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Roberto Vélez, quien, con base en datos demográficos, mostró que al programa del gobierno para apoyar a los jóvenes que no estudian ni trabajan le falta una perspectiva de género, pues está dejando sin ayuda a miles de mujeres de entre 19 y 24 años, muchas de las cuales se embarazaron en la adolescencia y que no pueden aprovechar las becas que López Obrador les está ofreciendo. Si el Presidente escuchara a grupos como el CEEY en lugar de confrontarse con ellos, podría recibir un gran apoyo para su agenda de cambio. Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del gobierno, pero sí son un freno a las tentaciones absolutistas en el ejercicio del poder. Confrontarse con ellas no va a hacer que desaparezcan. BUSCAPIÉS Llama la atención la similitud de las declaraciones del exministro británico de Finanzas, Michael Gove, una de las principales figuras que promovió el Brexit desde el gobierno del Reino Unido en 2016, y las que hizo recientemente el presidente López Obrador. Hace casi tres años, Gove se dio a conocer a nivel mundial diciendo que la gente estaba “harta de los expertos”. Esta semana, López Obrador dijo que “siempre son los expertos los que deciden, y el pueblo raso no es tomado en cuenta”.