Editorial EL UNIVERSAL / Guardia Nacional militar

Es desconcertante que el presidente López Obrador haya decidido hacer de la Guardia Nacional un cuerpo militar y no civil. Como en los sexenios pasados, estamos ante el escenario de tener a los militares a cargo de la seguridad pública del país a corto y largo plazos. El presidente tenía una oportunidad de oro para hacer realidad sus promesas de campaña de desmilitarizar al país, formar instituciones civiles confiables y regresar al país a un estado constitucional. En lugar de ello optó por la vía fácil: entregar —de forma permanente— la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El anuncio de un militar en activo como cabeza de la Guardia y las declaraciones de Alfonso Durazo sobre la incorporación de elementos de Ejército y Marina en activo —y sin licencia— no dejan duda de ello. Si se aprueban las normas secundarias que comenzaron a circular la semana pasada, lo hará además estableciendo condiciones de discrecionalidad para el uso de la fuerza, opacidad sobre su actuación y amplísimas facultades que ponen el riesgo las libertades y seguridad jurídica de las personas. La propuesta de Ley Nacional sobre el uso de la fuerza contiene definiciones vagas que en nada ayudan a que ciudadanos o autoridades entiendan cuándo y cómo puede usarse la fuerza letal o no letal. La propuesta de Ley de la Guardia Nacional a su vez dota de facultades de todo tipo a sus elementos. Entre muchas otras, establece la de “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos” y obtener información de operadoras telefónicas para georreferenciar equipos para prevenir delitos. La Ley no habla de investigación de delitos sino de la prevención de los mismos. Es decir, cualquier persona puede ser objeto de espionaje con el fin de prevenir delitos. Adiós Cisen, hola Guardia Nacional Militar. Peor aún, entre los principios que rigen el actuar de la Guardia no está incluida la transparencia. Esto es muy preocupante dada la extensa presencia que se pretende en el país, y la conformación de la Guardia por un elevado número de policías militares y navales entrenados en una lógica de guerra. Desde hace ya 5 años el Ejército mexicano oculta el número de civiles muertos y heridos en enfrentamientos (a pesar de que otras instituciones como la Policía Federal y la Semar hacen pública esta información). No sabemos cuántas personas murieron a manos del Ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En fechas recientes el pleno del Inai, por unanimidad y en distintas resoluciones, ordenó a la Secretaría de la Defensa hacer pública esta información. En respuesta, la Sedena decidió simplemente incumplir con la resolución. Las propuestas de leyes secundarias omiten la obligación de hacer pública este tipo de información. La Ley de la Guardia habla de informar, una vez al año, ante el Senado, sobre el número de personas detenidas, pero no de civiles muertos o heridos. La Ley del Uso de la Fuerza establece la obligación, de todas las instituciones de seguridad pública, de publicar informes semestrales sobre el uso de la fuerza. Estos informes deben incluir indicadores sobre la letalidad. ¿Cuáles son estos indicadores? La ley no lo especifica. El presidente López Obrador tiene todo el sexenio para construir un cuerpo civil federal que sea confiable y eficiente. Tiene además la posibilidad de usar legalmente a la Fuerza Armada mientras lo logra. Podría concluir su sexenio con presencia excepcional de militares en las calles y con el restablecimiento del orden civil y constitucional. Lo contrario parece que será la realidad. De aprobarse las leyes secundarias propuestas para el funcionamiento de la Guardia Nacional estaremos ante la creación de una institución de fondo militar, revestida de civil, con amplias facultades de actuación, pero sin obligaciones fuertes en materia de transparencia o rendición de cuentas. Y, por supuesto, sin contrapesos institucionales.

OPINIÓN/ ¿Existe una estrategia en materia de seguridad?

Como era de esperarse, el primer bimestre de 2019 ha registrado la tasa más alta de homicidio doloso, de feminicidio, de extorsión, de trata de personas y narcomenudeo desde que contamos con registros oficiales. Lamentablemente, era de esperarse debido a cómo cerraron 2017 y 2018, ya que los últimos dos años han sido los más violentos en materia de homicidio doloso, y varios delitos han ido en aumento. Llegar a este desastre requirió de muchas responsabilidades compartidas, un gobierno federal que perdió la ruta hace mucho, gobiernos locales que han dejado de asumir su tarea, una sociedad cada vez más acostumbrada al delito que tolera en vez de exigir. Por ello, es importante aclarar que estos números no son directamente imputables al gobierno del presidente López, quien recibe el país en una situación crítica de seguridad como nadie lo ha recibido. Sin embargo, el tiempo apremia, la situación es crítica y si las condiciones de incidencia delictiva y violencia no mejoran, en mayo ya podremos afirmar que la violencia que vivimos es en parte, responsabilidad del actual gobierno. Debido a la confrontación entre el presidente López y el periodista Jorge Ramos, en la conferencia mañanera del pasado viernes 12 de abril, la discusión sobre el rumbo del país en esta materia se volvió a avivar. Por un lado, los números oficiales indican que la crisis sigue álgida, por el otro, el presidente afirma que la corrupción ya se acabó y la violencia se contuvo. Más allá de las diferencias en torno a los números que cada uno aportó, donde los datos duros dan la razón a Ramos, la discusión debería moverse hacia esa pregunta fundamental que detonó la conversación, acerca de cómo el gobierno federal pretende enfrentar el tema. ¿Podemos afirmar que en nuestro país haya una estrategia de seguridad? Desde mi punto de vista, no. Cuando pública o privadamente discutes con las actuales autoridades es evidente que están trabajando (y mucho), haciendo una y otra vez lo que han hecho en los últimos 12 años. La evidencia es que las autoridades quieren aportar de que sí hay una estrategia, y que ésta corresponde a la aprobación por unanimidad de la Guardia Nacional, que el presidente todos los días tiene junta sobre la seguridad del país y que existe un dato diario de homicidios. Lamento disentir, nada de esto es prueba de una estrategia. Una estrategia sirve para indicar una ruta, qué decisiones tomar antes y qué otras aplazar, cómo eficientar los recursos, cómo atacar los factores que generan la delincuencia y la violencia, y cómo atender los efectos de las acciones. La Guardia Nacional no es una estrategia, es una acción, dicho sea de paso, una que en el mejor escenario es igual a la que desde el sexenio del presidente Calderón se impulsa. Las reuniones mañaneras con datos diarios de homicidio no son una estrategia, son una acción. Una acción que poco sentido tiene, si todos los días se toman decisiones diferentes según el número de homicidios, ya que quiere decir que estamos tratando de matar moscas a cañonazos; si no se toman decisiones diferentes ¿es necesario una reunión diaria? Ambas acciones están mirando más a la forma que al fondo del problema. Nada se ve en el horizonte acerca de una transformación en la política de combate a las armas de fuego, a la política de drogas, al fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad y justicia locales que son las encargadas de atender el 90% de los delitos que se cometen en el país. Nada sobre un sistema de evaluación de cómo hacer efectivo el uso de los recursos por parte de estados y municipios, nada sobre un sistema que incentive la corresponsabilidad de los actores locales. En contraste, lo que sí vemos, es un recorte significativo de los recursos federales que se le otorgan a entidades y municipios. Además, el tan cacareado combate a la corrupción ha sido sólo eso, una declaración, ningún detenido, ningún fortalecimiento de los órganos encargados de supervisar funcionarios y prevenir la corrupción. De igual manera, la promesa de una política de prevención se sustenta en transferencias directas hacia algunas poblaciones aparentemente vulnerables. No hay hasta el momento la prevención más necesaria: la situacional de la delincuencia y la violencia. Pese a que la autoridad sigue insistiendo una y otra vez acerca de la contención de estos graves fenómenos, no hay elementos que lo puedan confirmar y más lamentable aún, no hay evidencia de una política que logrará evitar que este año sea el más violento desde 1997.  

Frentes Políticos 1.  Cuando el río suena... Alejandro Rojas Díaz Durán, excoordinador de asesores del la fracción de Morena en la Cámara de Senadores, acusó que una “camarilla” controla hoy a Movimiento Regeneración Nacional. A la cabeza mencionó que está Yeidckol Polevnsky y observa un peligro para el país. Es parte del discurso que ha emitido don Alejandro, quien afirma que la líder de Morena desestabiliza y divide al partido. Afirmó que “la presidenta de Morena ya perdió la brújula y el rumbo”. Lo importante en Regeneración Nacional es caminar en unidad. Hablamos del partido que gobierna al país. 2. Muy activo. El senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, ahora pretende corregir la plana a sus colegas Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Pedro Haces Barba, presidente e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, respectivamente, quienes, en conjunto con la también presidenta y secretaria de la misma comisión, pero en la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena, han trabajado con representantes de las asociaciones de seguridad privada del país para modificar la ley existente y conseguir una regulación moderna y adecuada al contexto del país. Siempre inconforme, Salgado Macedonio prepara el foro “Prospectivas de la Seguridad Privada en México”. Mucho mejor aporte que sus épicas incursiones en el cine. 3. Concentrados. La estrategia que seguirá el PRI será la de evitar “distraernos con el aire” y enfocarse a acciones concretas mediante compromisos directos con la gente, afirmó Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del tricolor. Explicó que la estrategia es evitar distraerse con lo que se supone que hay en el ambiente a partir de la información de medios, “que muchas veces los adversarios ponen ahí para incidir en el ánimo”. Al iniciar de campañas en Quintana Roo, la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional priista aseguró que sus candidatos están volcados a hacer campaña en tierra, “de cercanía, tocando de manera personal a la ciudadanía”, a fin de comprometerse de manera directa con la gente, escuchando sus preocupaciones y haciendo propuestas directas. Si no distraerse fuese la solución… Insuficiente para levantar a un partido herido. 4. En picada. El Instituto Electoral de la Ciudad de México también declaró la pérdida de registro del Partido Encuentro Social en la capital, porque no logró el umbral mínimo de votación que exige la ley, es decir, al menos 3% de los sufragios que se emitieron para la Jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías. Se aprobó por unanimidad el acuerdo por el que “se declara la pérdida de los derechos y prerrogativas a que tenía en el ámbito local el otrora partido político nacional Encuentro Social”. A partir del ejercicio fiscal 2019 ya no recibirá ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes ni las correspondientes a las actividades específicas como entidad de interés público. Hugo Eric Flores, su líder, seguirá pataleando, pero nadie lo quiso. Fin. 5. Avances. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que no encontraron ningún desperfecto o irregularidad en las turbinas del helicóptero que se desplomó y en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más. Según el funcionario, las investigaciones van adelantadas y espera que en un par de meses se tenga algún indicio más claro de lo sucedido en el accidente del pasado 24 de diciembre. Queda desechada la versión de que una falla en las tijeras del motor provocó que el helicóptero en que viajaba la pareja Moreno Valle cayera. No tarda Marko Cortés, líder nacional panista, en rechazar y confrontar al secretario sobre el estado técnico del aparato que se desplomó. Mejor debería dedicarse a reconstruir su partido. Razones / Violencia y medios: derrape matutino

El incendio de Notre Dame es una tragedia para París, para Francia y para toda la humanidad, una pérdida para la vida cultural, religiosa, para la vida misma. Cómo se pudieron consumir 850 años de historia, con todo su simbolismo y trascendencia, en medio de unos simples trabajos de restauración, es incomprensible. Tendrá repercusiones en la vida de todos nosotros, pero también en la política francesa y europea. Todos perderemos. *** No me gusta el estilo periodístico de Jorge Ramos, por momentos pareciera que el comunicador es el principal protagonista de sus propias historias y que no hubiera un caso, una entrevista, que no terminara en un pequeño escándalo, se llame el entrevistado Trump, Maduro o López Obrador. Pero es verdad que el reciente encontronazo entre Ramos y López Obrador demostró, por lo menos, dos cosas: que el periodista tenía mejor información que el Presidente sobre la situación de violencia y el número de víctimas en el país, y segundo, que el presidente López Obrador no entiende de qué se trata la libertad de expresión y el papel que él mismo juega o debe jugar para preservar su existencia. Sobre el primer tema ya se ha hablado mucho. El propio secretario de seguridad, Alfonso Durazo, ratificó las cifras que en aquel debate esgrimió el periodista. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo 8 mil 524 víctimas de homicidio doloso entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, lo que equivale a 94.7 víctimas por día. Entre septiembre y noviembre de 2018, las víctimas fueron 8 mil 416 personas, o sea 92.4 homicidios dolosos al día, una cifra inferior a los primeros meses del presidente López Obrador. Si nos vamos a los primeros meses del 2018, la diferencia es aún mayor: entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el número total de víctimas de homicidio doloso fue 7 mil 565, o sea 84.1 por día. El crecimiento anual ha sido de 12 por ciento. Hay que insistir en un tema. Las cifras de víctimas por ajustes de cuentas seguirán siendo altas, lo importante es la estrategia y, sobre todo, los índices de seguridad cotidiana, que van de la mano con la percepción de seguridad que tenga la gente. Y en esos ámbitos no hemos mejorado. Ocupados con los números, las autoridades se han olvidado de dar a conocer los detalles de su estrategia de seguridad y sus perspectivas para el futuro. Enzarce con un periodista sobre los números del pasado inmediato sólo puede darle, a éste o a cualquier gobierno, un saldo negativo en términos de imagen y percepción. En seguridad, si no se mira hacia el largo plazo, no hay nada que hacer. Eso nos lleva al segundo tema. El esquema de las conferencias matutinas está agotado, o en vías de agotarse. Lo de Ramos, y otros eventos similares que se han dado en las últimas semanas, han demostrado que es muy fácil hacerlo caer en “provocaciones” y que cuando eso ocurre suele mostrar su peor cara, además de que suelta rencores acumulados que no están a la altura de un primer mandatario. El caso de la fuente que proporcionó la carta enviada al rey de España es un ejemplo meridiano al respecto. Esa carta fue difundida por Reforma y al poco tiempo por El País, pero el propio Presidente olvida que él mismo divulgó esa carta con un video acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, filmado en Tabasco. Poco importa cómo se filtró la carta si casi simultáneamente el propio Presidente la divulgaba en las redes y con un video. Pero además, ni el Presidente ni nadie puede exigirle a un medio que divulgue sus fuentes, mucho menos, aún cuando no estamos en presencia de delito alguno. Justificarlo con la excusa de la transparencia es ridículo. Un medio, un comunicador debe preservar sus fuentes. En todo caso la obligación es que esa información sea verídica y ahí sí puede la autoridad desmentirlo o exigir réplica. En el caso invocado por el Presidente no es así: la información era verídica, se trataba de un documento enviado por él mismo, en el contexto de una estrategia (por cierto fallida) para lograr un gesto político que un tercer país no podía ofrecer en esas condiciones, y que el propio presidente divulgó. Si alguien de su gobierno filtró la información es problema del propio gobierno averiguarlo. El presidente López Obrador se tomará unos días de descanso y hace bien en hacerlo. Estos meses han sido una vorágine de declaraciones no siempre positivas para su propia administración. Como ha demostrado Luis Estrada en el estudio que ha hecho de las conferencias mañaneras, su rendimiento es decreciente y “el ruido generado por las conferencias es demasiado fuerte, incluso para que AMLO y su gobierno puedan insertar anuncios y mensajes favorables en la opinión pública”. Es hora de reflexionar sobre su conveniencia en el formato actual.