Editorial EL UNIVERSAL / AMLO: Todo se ajusta a la baja

(Incluso las libertades informativas). La palabra ajuste se reproduce con frecuencia en la Era de AMLO. Se aplica a la baja del crecimiento económico y de los estándares de empleo e ingreso que un estrato considerable de asalariados y clases medias había disfrutado, con razonables niveles de vida, identificados ahora como corruptos. Pero en general lo habían logrado con su esfuerzo, por las condiciones económicas del país y también por los derechos conquistados en varias generaciones a través de sistemas diversos de seguridad social del Estado y de aseguradoras privadas. El objetivo explícito del actual ajuste, en el sector público, es liberar recursos para distribuirlos directamente a los más desprotegidos. Pero este ajuste sacrifica derechos laborales y sociales arraigados institucionalmente, a fin de financiar un programa de entregas directas de recursos en un marco de clientelismo político electoral. Esto conduce ya a una crisis de las estructuras institucionales, como lo muestran las movilizaciones de médicos residentes del sector salud, frente a un proyecto de igualdad que, en lugar de propiciar la elevación de marginados, tiende a emparejar a la baja los niveles de vida de quienes alcanzan alguna cota o expectativa de bienestar. Es un proyecto que no toca a los más privilegiados y en cambio desvaloriza a profesionales en formación o en plenitud y descalifica a quienes han o habían logrado empleos, prestaciones y ascensos en el mercado de trabajo. Por último, es un esquema que le asigna mayor valor político y social (e importantes transferencias presupuestales directas) a quienes lamentablemente no han accedido al estudio ni al trabajo, lo cual desincentiva la vía al estudio y al trabajo e inclina a estos grupos a la oferta paternalista y clientelar del gobierno.

Pero más explícito resultó esta semana el ajuste salido de la mente de nuestro mandatario al sistema de libertades informativas y de opinión alcanzadas en México en las últimas décadas. Con un lenguaje de inequívoca amenaza, aunque después negó que lo fuera, el presidente López Obrador les advirtió a los periodistas: “Si ustedes se pasan, pues ya saben ¿no? lo que sucede”. Se refería a las represalias masivas —que se registraron en los medios internacionales— infligidas por su maquinaria en redes a Jorge Ramos, de Univisión, quien le corrigió al presidente cifras de muertes violentas y lo cuestionó por descalificar medios y negarles el derecho a reservarse sus fuentes informativas. Lavarse las manos. Tras esa amenaza, el presidente se lavó las manos de las injurias provenientes de sus “benditas redes sociales”, como anticipándose al inminente Viernes Santo. Sí. Pasado mañana se recordará en iglesias y películas de la tele a Poncio Pilato haciendo lo mismo, cuando dejó que la plebe decidiera por crucificar a Jesús. “Pero no soy yo”, quiso aclarar nuestro presidente respecto del origen del linchamiento cibernético a Ramos: “es la gente”. Y aquí resulta obligado recordar la atribución a la voluntad de los pueblos, de las atrocidades de los regímenes totalitarios. Y mientras se establece la identidad del instrumentador de las campañas contra los críticos de Amlo, no me resisto a traer a cuento otra vez la acusación de Lucas Alamán a Lorenzo de Zavala de ser el “organizador de la canalla”, detrás de la fiebre de libelos de los primeros años el siglo XIX, como lo recoge Rafael Rojas en su texto “Una maldición silenciada: el panfleto político en el México independiente”. A la baja, educación y constitución. Y enviado este texto, me entero que la Constitución en la Era de Amlo va tan a la baja que puede invalidarse por un simple “memorándum” del Ejecutivo. De hecho el presidente de la República les ordena a varios de sus colaboradores incumplir la Carta Magna en las disposiciones relativas a la reforma educativa. Adiós al Constituyente Permanente compuesto por las Cámaras del Congreso Federal y las de los Estados. Adiós a la calidad educativa en México. OPINIÓN/ Justicia para Lydia Cacho

Es de celebrarse la resolución dada por los tribunales mexicanos para finalmente presentar ante la justicia a los responsables de haber dañado física y moralmente a la periodista Lydia Cacho hace ya más de una década. Catorce años han pasado desde que la comunicadora fue detenida a causa de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que denunció la existencia de una red de pederastia en la que estaban involucrados empresarios y funcionarios del estado de Puebla. A raíz de eso, la periodista y también activista social, fue agredida, por lo que posteriormente expuso que además de ser privada de su libertad, fue golpeada y abusada sexualmente por los agentes policiacos encargados de su aprehensión. El hecho volvió a causar consternación y levantó voces en diversos sectores de la sociedad que exigieron castigo para los agresores y resarcimiento del daño para Lydia. Todavía casi al final de 2018, volvió a levantar revuelo y desconcierto la negativa de un juez de Quintana Roo para girar orden de aprehensión en contra de los cuatro señalados por Lydia Cacho como responsables intelectuales y materiales de los agravios contra su persona. Con el cambio de administración a nivel federal, parece que la situación para Lydia Cacho comienza a modificarse pues tan solo en enero pasado, recibió a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un ofrecimiento de disculpas por parte del Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos cometida por integrantes del aparato estatal, tras lo cual se le garantizó que el nuevo gobierno de la nación no estaría supeditado a intereses particulares como sucedió con administraciones anteriores. El de Lydia Cacho se volvió un caso emblemático en muchos sentidos, tanto por el surgimiento de la figura de una mujer que con valentía se atrevía a enfrentar a dos poderes coludidos —el económico y el estatal— dando a conocer a la opinión pública reprobables hechos que se operaban desde altas esferas de poder, bajo el amparo y contubernio con autoridades gubernamentales; como en el ejercicio de su libertad de expresión como periodista y que fue intentado acallar de diversas maneras: desde la intimidación hasta la agresión física directa. Es necesario que no se cierre este caso y que se diriman ya las responsabilidades de todos los involucrados, pues no es concebible que la justicia mexicana tarde tantos años en resolver un asunto que estuvo en el interés de todo un país. Si eso pasó para un caso conocido por todos los medios, qué le espera a las personas cuyos agravios nunca saltan al conocimiento público. Es tiempo de hacer justicia ya y para todos. Frentes Políticos 1.  El tema es político. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a la SEP, a Gobernación y a Hacienda para dejar sin efecto la Reforma Educativa de 2013. Esta vía fue utilizada para evitar que el retraso en las negociaciones de sus propuestas en la Cámara de Diputados provoque que la reforma de 2013 siga su curso legal. “Les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa, en tanto se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos”, precisó. Pero como en México la clase política está programada para rechazarlo todo, tampoco les gustó que haya sido con un “memo”. ¿Cuándo discutiremos por el fondo y no por la forma? 2. Neuronas funcionando. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que han bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades relacionadas con el lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos. Se han presentado ante la Fiscalía General de la República 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por corrupción política, tráfico de drogas, huachicoleo y trata. La inteligencia no debe estar sólo del lado de los delincuentes. ¡Ojo!: mientras la UIF hace su trabajo, los jueces federales descongelan cuentas vinculadas al lavado de dinero. ¿Algún interés en particular? 3. ¿Preparados? Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, aseguró que México está preparado para enfrentar el posible riesgo sanitario del sarampión, tras las alertas sanitarias que se han presentado en Europa y en Estados Unidos. Destacó la capacidad del sistema preventivo de este padecimiento, gracias a la vacunación permanente. “Estamos preparados. Tenemos un programa nacional de vacunación que se está haciendo como debe”, dijo. Confirmó que el único caso registrado en México fue en Nuevo León. Se trató, insistió, de un caso “importado”, de una persona que había estado en el extranjero. El sarampión es causa de muerte en muchos países. No nos confiemos. 4. Real preocupación. La diputada Mirtha Iliana Villalvazo instó a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a proteger las playas y a que el uso, aprovechamiento o explotación de concesiones de la pasada administración no afecten el equilibrio ecológico. La diputada de Morena señaló que Quintana Roo es la entidad donde se otorgó el mayor número de concesiones en 2018, con 56 títulos, de los que 35 fueron concedidos sólo a cinco inmobiliarias. Y recordó que en 2007 el gobierno federal y el de Nayarit lanzaron la marca turística Riviera Nayarit y desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas, se dio la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios. Depredar de esta manera sólo atenta contra el buen nombre del turismo. No se vale. 5. Revés. Un diálogo quedó grabado en la memoria de los mexicanos: “Quiúbole, Kamel. -Mi Góber Precioso. -Mi héroe, chingao. -No, tú eres el héroe de esta película, papá…”. Doce años después, la historia se revierte y una magistrada federal ordenó la aprehensión de Mario Marín, exgobernador de Puebla, y del empresario Kamel Nacif, entre otros, por presuntos actos de tortura cometidos en 2005 contra la periodista Lydia Cacho, a quien se referían en la conversación. “Se libró la aprehensión contra Juan Sánchez Moreno, Hugo Adolfo Karam Beltrán, Mario Plutarco Marín Torres y José Kamel Nacif Borge, por su probable responsabilidad en el delito de tortura”, señala el resolutivo. Se revirtió así la determinación de un juez federal de Quintana Roo que el 27 de noviembre había rechazado conceder la aprehensión. El Góber Precioso no la debe estar pasando bien. Razones / La impunidad, la política y la justicia

Las contradicciones de la 4T no dejan de asombrar. Mientras el propio Presidente llega a amenazar a comunicadores si dejan de ser “prudentes”, a políticos que en el pasado han sido exhibidos como lo peor de la corrupción parece que nadie los molesta en la nueva administración. Los que fueron llamados los grandes casos de corrupción del final del sexenio pasado se están desinflando penalmente. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz (que no desmerece tanto comparado con la muy desaseada gestión de Cuitláhuac García) está a la espera de una condena relativamente leve, no hay nuevas acusaciones en su contra, los casos importantes no han podido ser instruidos por las autoridades veracruzanas y al exmandatario sólo le queda esperar. A su esposa, Karime Macías, quien vive en Londres, un tribunal colegiado ordenó que se le repusiera el proceso en su contra. La acusación contra una hermana de Karime por presunto fraude fiscal de tres millones de pesos no parece tener sustancia ni peso. Contra el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, no se presentaron nuevas acusaciones, no se ve tampoco que avancen las antiguas. César Duarte, el exmandatario de Chihuahua, sigue en Estados Unidos y Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, está en su casa, aunque lo hayan inhabilitado. A nivel federal, no ha pasado nada y el propio presidente López Obrador ha dicho que prefiere una suerte de borrón y cuenta nueva. Más allá de la política, en términos legales, alguna vez dijimos aquí que una cosa era la convicción de que hubiera casos de corrupción y otra muy distinta comprobarlos ante la justicia. Las acusaciones políticas y sociales contra los Duarte, Borge y otros fueron durísimas, pero comprobar la corrupción, demostrar que ellos fueron los directos beneficiarios, no es sencillo. La condena pública sirve para el escarnio y en muchas ocasiones para ganar elecciones, pero cuando se debe recurrir a la justicia viene la desazón social porque las condenas no llegan y se convierten, en muchas ocasiones, en resurrecciones políticas. Casos hay muchos, con creciente poder en los últimos meses tenemos como ejemplo a Elba Esther Gordillo y a Napoleón Gómez Urrutia: las acusaciones vertidas contra ambos jamás se pudieron convertir en condenas judiciales, ambos terminaron absueltos y están en proceso de recuperar e incluso aumentar su poder político. La política y la justicia no siempre, casi nunca en realidad, van de la mano. Y cuando la primera quiere manipular a la segunda se llega a malos, escasos resultados. Hablando de manipulación de la ley. El presidente López Obrador dice que intentará acabar con la Reforma Educativa de Peña Nieto por decreto, ordenando a distintas secretarías que no apliquen, que ignoren las disposiciones de esa reforma. Si actúa así en el tema educativo, el Presidente se meterá en serios problemas legales o meterá, que es casi lo mismo, a los funcionarios que cumplan con sus órdenes. Las actuales normas educativas son legales y constitucionales y se deben cumplir. La reforma, aunque quiera el primer mandatario usar el término, no se puede abrogar. Debe, necesariamente ser suplantada por otra norma legal. Si el Presidente ordena que, por ejemplo, no haya evaluación, que se regrese el control de la educación a los grupos sindicales como la Coordinadora, que no haya concurso de plazas, estará violando la ley y cualquiera que lo denuncie ante tribunales demostrará la inconstitucionalidad de ese proceder y esas decisiones. Se debe insistir en un punto, la actual norma educativa tiene carácter constitucional: para modificarla, acabar con ella, abrogarla, no dejarle ni un pelo o como se lo quiera llamar, se tendrá que reformar la Constitución, nada más y nada menos. Todo lo otro, son fuegos de artificio para los espectadores.   “LO QUE SUCEDE” No ha dicho nada más desafortunado el presidente López Obrador en estos casi cinco meses de gobierno que esa amenaza a los medios para que “sean prudentes”, porque “si se pasan ya saben lo que sucede”, aludiendo a las agresiones en redes que sus trolls y simpatizantes ejecutan contra cualquiera que lo cuestione.   Una estrategia tan armada, tan previsible como mentirosa sobre lo que siente y piensa realmente la población: no es la gente, como dijo el Presidente, son grupos financiados por el propio gobierno. PD: nos tomaremos unos días de descanso, estas Razones se volverán a publicar el jueves 25 de abril. Gracias.