Editorial EL UNIVERSAL / Santa Lucía y la legalidad El rechazo a proyectos gubernamentales no es nuevo. Cada vez que se proyecta desde una calle hasta una obra de mayor envergadura siempre habrá afectación para alguna parte. Lo procedente, desde luego, es que se busque que esa afectación sea mínima o que impere la cordura y la negociación para privilegiar el bien común. El proyecto del gobierno de construir un aeropuerto comercial en la actual base aérea militar de Santa Lucía fue criticado por voces ciudadanas que encontraron deficiencias en el plan. Diversas agrupaciones emprendieron acciones legales para exigir que el proyecto se apegue a la normatividad. En estos procesos obtuvieron en principio fallos judiciales a favor, el último de los cuales fue revocado ayer por un juez luego de atender un recurso de revisión interpuesto por el gobierno federal. En la historia reciente el rechazo a proyectos de obra pública se ha dado en medio de protestas violentas y de respuestas del mismo tipo, pero en el caso del aeropuerto de Santa Lucía todo ha transitado por los cauces legales desde las dos partes confrontadas. La resolución judicial de ayer sobre Santa Lucía no representa, sin embargo, el fin del litigio. De inmediato, el gobierno federal anuncia que hoy habrá una ceremonia en el sitio para reiniciar la obra. Y en respuesta el colectivo #NoMasDerroches da a conocer que continuará luchando para que prevalezca el Estado de derecho. Los señalamientos de la parte acusadora van en la dirección de que el proyecto contenga los estudios debidamente terminados y se encuentren al alcance de la opinión pública. La obra en Santa Lucía seguirá generando aún más posiciones encontradas. Ante esto, la vía para dirimir las diferencias no debe ser otra que la vía legal y el acercamiento de las posturas. Atrás deben quedar escenarios como el de 2002 en San Salvador Atenco, donde los habitantes se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona con manifestaciones y bloqueos, que llevaron a la cancelación del proyecto. En el tema de la base militar hay dos puntos que no pueden soslayarse. Primero, que una de las partes —el gobierno— está obligada a ofrecer certeza legal, lo que debería darse por descontado. Segundo, que el Poder Judicial es el que menos dañado debe salir, pues su decisión final será inapelable. Por la concordia del país, es tiempo de que Santa Lucía deje las zonas de turbulencia. Frentes Políticos

17 de Octubre de 2019 1. Va. La noticia cayó espléndida en la oficina de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. Un Tribunal Colegiado determinó revocar la última suspensión que frenaba la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Resolvió un recurso de revisión presentado por el Presidente de la República en contra de la última suspensión concedida por un juez federal que tenía detenidas las obras en la base aérea. El resolutivo, resuelto por unanimidad, concluyó revocar la sentencia emitida por el Juez Quinto de Distrito y negar la suspensión definitiva concedida al quejoso en el amparo. Jiménez Espriú afirmó que el gobierno federal ultimará detalles para iniciar la construcción del aeropuerto este mismo jueves. Ya se ha perdido mucho tiempo y no está la nación como para derrocharlo más. Manos a la obra, ya. 2. Se veía venir. Los acontecimientos para Carlos Romero Deschamps se le vinieron encima. El hasta ayer líder del sindicato petrolero deja el cargo tras 26 años de ostentarlo, con todo lo que conlleva dirigir a miles de trabajadores y, por supuesto, administrar sus cuotas sindicales. De oscura trayectoria, las protestas de una parte de los petroleros le fueron minando. La detención de Juan Collado fue una especie de alerta. El 24 de julio pasado trabajadores de las 36 secciones del STPR lo expulsaron de sus filas durante la convención extraordinaria. ¿Será verdad que los corruptos han acumulado fortunas exorbitantes no tienen cabida en esta Cuarta Transformación? O bajo el cobijo de los millones podrá comprarse Romero Deschamps una colección exclusiva de amparos para burlarse de la ley. Por el momento sólo renunció. Ojo. 3. No entienden. Por más beneficios que se pacten con ellos, los normalistas son explosivos. Ayer, por segundo día consecutivo, estudiantes normalistas de Michoacán marcharon en Morelia en recuerdo de la intervención policial, en 2012, en las escuelas de Arteaga y Tiripetío. Y como no saben conducirse, mantienen en su poder más de 20 camiones desde hace al menos una semana. “Pedimos infraestructura para la normal, ya que no contamos con la adecuada para el nivel licenciatura; no contamos con drenaje, agua potable y luz eléctrica”, afirmó Juan Rangel, representan normalista. Seguirán secuestrando autobuses. Debe ser parte del tronco común en la carrera. Nadie, mucho menos el mandatario estatal, es capaz de ponerles un alto. ¿Hasta cuándo? 4. Córtalas. El alcalde de La Paz, Baja California, Rubén Muñoz Álvarez, se metió solo en un problema. Con el afán de consolidar para su segundo año de gestión un equipo que brinde mejores resultados a la ciudadanía, corrió a cinco funcionarias de alto nivel. Las mujeres, a quienes quitó el cargo de directoras, le exigen su derecho a una audiencia con los integrantes del Cabildo, en donde se les explique por qué fueron despedidas de su cargo. Patricia Meza Osuna, quien se desempeñaba como directora de Desarrollo Económico, reveló que Muñoz “viola la Ley Orgánica Municipal, ya que en el artículo 105, al Cabildo le corresponde convocar a una sesión extraordinaria, para determinar con su voto, si tal o cual funcionario deberá ser dado de baja”, expresó. Desastroso su argumento. Ya no me caes bien, te separo del cargo. ¿Y las buenas formas?, ¿y las razones de peso? 5. No se confundan. Trabajadores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, afines a Napoleón Gómez Urrutia, tomaron las instalaciones de forma violenta de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, en Monclova, Coahuila. Unas 150 personas se armaron con piedras y palos e ingresaron por la fuerza, para retomar una asamblea que quedó pendiente desde el 5 de septiembre del 2008, cuando se retiraron, resolvían juicios y órdenes de aprehensión que enfrentaba el líder nacional por el supuesto robo de 55 millones de dólares. La sección 288 está adherida al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, que está en funciones desde 2015 y que Gómez Urrutia se ha negado a aceptar. Bájenle unas rayitas a su histeria. Así no se arreglan los asuntos. ¿O sí, don Napo?