Editorial EL UNIVERSAL / Los “abrazos, no balazos” hunden al Centro Histórico

El viernes pasado, en la esquina de Emiliano Zapata y Margil, fue asesinado a tiros otro líder de comerciantes del Centro Histórico. Se llamaba Óscar Liebre. Representaba a un grupo de vendedores ambulantes de las calles de Colombia y Rodríguez Puebla. Los agresores, dos hombres que lo siguieron a bordo de una motoneta, le dispararon en el tórax y se perdieron entre el tránsito de la calle. La versión que se maneja entre los comerciantes del centro es que Liebre se negó a pagar “derecho de piso”. La muerte de líderes de comerciantes relacionadas con el delito de extorsión son tantas, que hemos dejado de darles importancia. Cada dos o tres meses, sin embargo, aparecen noticias sobre el asesinato de algún líder. A todos los han cazado en la calle jóvenes a bordo de motonetas o de motocicletas. Hace medio año, Raymundo Pérez López, otro líder del ambulantaje, denunció ante la procuraduría capitalina la epidemia de extorsiones y secuestros de que eran víctimas él y su grupo. Pérez López entregó una lista de nombres. Alguien la filtró desde la misma procuraduría: cuatro semanas más tarde, un hombre que lo esperaba a las puertas de su casa, recargado en un puesto de jugos, le disparó en siete ocasiones. En una imagen dramática, el líder quedó arrodillado a las puertas de su auto. Según conteos publicados por EL UNIVERSAL y Milenio, al menos 12 líderes del centro han sido asesinados por las organizaciones criminales. A cada una de esas muertes le ha seguido una denuncia pública, una solicitud de ayuda, y una declaración del gobierno capitalino. En meses pasados la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció echar a andar un programa para reducir la extorsión.  Los comerciantes lo siguen esperando, y mientras tanto colocan cruces y veladoras en los sitios en los que los diversos dirigentes han caído. Pusieron unas el pasado 5 de abril, en la calle en la que hombres armados terminaron con la vida de Armando Becerril, dueño de un restaurante del centro. Aquella noche, Becerril circulaba en un automóvil al lado de su madre. Frente a ella lo mataron a tiros. Había denunciado extorsiones y amenazas de la Unión Tepito. A pesar de la detención de señalados líderes, esta organización continúa operando, se diría que con las manos libres. Vecinos y comerciantes conocen a la perfección los domicilios desde los que se maneja la venta de droga y el “derecho de piso”; conocen a la perfección los nombres y los apodos de “halcones”, operadores y sicarios de La Unión. Saben quiénes son Romel, El Marciano, El Elvis, El Pechugas, El Huguito y Las Bochas.  Pero la política de “abrazos, no balazos” ha sido replicada en la CDMX por el gobierno de Sheinbaum. En días pasados, vendedores del tianguis dominical de La Lagunilla, uno de los espacios más tradicionales de la capital –un torbellino de objetos antiguos: libros, radios, teléfonos, pinturas, grabados, esculturas, fotografías, documentos, obras de arte-- revelaron que enviados de La Unión Tepito se presentaron ya para exigir cuotas a cada uno de los puestos (en una sola calle hay más de 300). Esto no había sucedido en las décadas que el tianguis lleva funcionando. Recorrí hace unas noches una calle peatonal: Regina, llena de cervecerías, pequeños restaurantes y mezcalerías. En el tramo que va de Bolívar a 5 de Febrero, es pública la presencia de “halcones” y vendedores de droga. Nada pasa por esa calle sin que ellos lo vean. Saben en qué momento se avecina un operativo, y entonces, sencillamente, se mueven a otro sitio. “Toda la calle es suya”, me dice un funcionario de seguridad.  Un lector al que le gusta retratar fachadas, portones, barandales y escalinatas antiguos, me compartió hace unos días lo que le sucedió en Emiliano Zapata, el Cuadrante de la Soledad, Academia, Jesús María y Guatemala: en todas esas calles sujetos amenazantes se acercaron a preguntarle qué estaba retratando. En todas esas calles le exigieron que mostrara la fotos que guardaba en su celular. En una vecindad, unos hombres le tomaron una foto: “Ya te tenemos. Ya sabemos quién eres”, le dijeron. “Ten cuidado –le advirtieron los más amables–, si te ven por aquí sacando fotos, te puedes meter en broncas”.  Como nunca antes, la Unión Tepito y la Fuerza Anti Unión tienen en su poder el Centro Histórico. Sin que nada lo impida, los vecinos y los comerciantes del rumbo se hallan a merced de las extorsiones, las filtraciones, los “pitazos” emitidos desde las propias oficinas públicas, y, sobre todo, a merced de la política de “abrazos, no balazos”: una política que sabe lo que no quiere hacer, pero que hasta el momento no ha logrado averiguar cómo defender, cómo hacerle justicia a los ciudadanos.

OPINIÓN / Morena, entre la rebelión y la trampa Aunque muchos pensaron que tras el manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la operación de su enviada, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las cosas se iban finalmente a ordenar en Morena y sus dirigentes y grupos acatarían las “instrucciones” que les mandó el presidente para poner fin al enconado conflicto morenista, resulta que el ultimátum desde el Palacio Nacional sólo funcionó a medias. Porque por un lado Yeidckol Polevnsky se negó a acatar completamente la orden presidencial y, aduciendo que “el presidente dijo que no se mete en los asuntos partidistas”, decidió buscar unilateralmente una prórroga de su mandato por los próximos 6 meses para mandar la realización de las encuestas para elegir al dirigente nacional hasta el próximo año y no este año como quería el presidente; y por el otro lado, aunque el grupo de Bertha Luján en apariencia aceptó la propuesta de AMLO para validar el método de las encuestas para elegir dirigentes, en el Congreso del próximo 30 de noviembre, se propondrá ahora que esas encuestas sólo se consulte a militantes acreditados y empadronados de Morena, con lo que se mantendría el “candado” y el sesgo de una elección cerrada en el partido y no abierta a toda la sociedad como lo proponía el presidente. En el primer caso, la rebelión de Yeidckol la confirmó la propia Sheinbaum, quien en su reporte a Palacio Nacional, después de reunirse por separado con Yeidckol y con Luján —porque Polevnsky se negó a un encuentro conjunto con Luján— comentó que cuando ella transmitió el mensaje presidencial a las dos, para que cancelaran las dos convocatorias a Congresos diferentes y aceptaran el método de las encuestas para renovar la dirigencia nacional, la primera en aceptar fue Bertha Luján que no puso resistencia, mientras que Yeidckol comentó que estaba bien, pero que entonces el proceso para el levantamiento de encuestas debía prepararse con mayor tiempo y por lo tanto no podría realizarse este año. “Pero eso no es lo que pide el presidente, sino que se lleven a cabo las encuestas de manera inmediata”, le dijo la mensajera de Palacio a Polevnsky; pero ésta replicó el comentario con cierto tono rebelde: “Pues el presidente dijo que él ya no se metía en los asuntos de Morena, y hay que hacer caso de lo que el presidente dijo, por lo tanto nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones solos y yo voy a posponer el proceso hasta el próximo año”. Y así fue que Yeidckol aceptó el Congreso el 30 para definir el método de encuestas por la dirigencia nacional, pero al mismo tiempo anunció unilateralmente que pediría una prórroga de seis meses en su actual dirigencia hasta mediados del próximo año “para organizar la realización de las encuestas”. Es decir, se hará lo que el presidente quiere, pero no como el presidente quiera. Por el otro lado, ahora al interior de Morena se habla de una “trampa” que empujaría el grupo de Bertha Luján en el Congreso del 30 de noviembre en el que buscarán sí validar en los estatutos el método de encuestas para elegir al dirigente nacional, pero con un “candado” que beneficia directamente al grupo que tiene el control de la estructura nacional morenista: que en la encuesta nacional para nombrar a un nuevo dirigente sólo puedan participar militantes activos y empadronados del partido Morena. Es decir, que en una encuesta cerrada a la militancia y en la que no participe la sociedad, la ventaja sigue siendo para quien controla el padrón y controla la estructura y no para el que tenga el mayor nivel de conocimiento, algo que claramente beneficia a Luján, presidenta del Consejo Nacional y afecta a Mario Delgado, quien tiene más fuerza afuera que adentro de Morena. Así que, si el presidente López Obrador pensó que, con el envío de su muy cercana Claudia Sheinbaum, las cosas habían quedado claras y se acabarían los problemas, los pleitos y las confrontaciones tribales por el control de Morena, al parecer se equivocó. El “frankestein” en que se convirtió el partido oficial ha cobrado vida propia y ahora ya no escucha ni siquiera a su creador y fundador. Y por más que el líder moral y político quiera evitar el descontrol y el caos en el movimiento que fundó y que lo llevó al poder, al que ahora quiere ver civilizado e institucionalizado, todo apunta a que las ambiciones de poder ya hicieron presa de los grupos morenistas, que se le rebelan o hasta le quieren hacer trampas al que, dicen de palabra, es su “líder máximo”.

NOTAS INDISCRETAS…

A un mes exacto de la situación de caos, terror y vulnerabilidad que vivió Culiacán y Sinaloa, tras el operativo fallido para capturar y luego liberar a Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre, ayer el gobernador Quirino Ordaz rindió su Tercer Informe de Gobierno y en un mensaje claro y directo sobre esos hechos, dijo en su discurso ante un Palenque abarrotado de la Feria Ganadera estatal: “Hace unas semanas los sinaloenses vivimos una prueba muy dura y difícil que impactó la imagen de nuestra ciudad y nuestro estado en todo el mundo. Pero hoy los sinaloenses, que siempre nos hemos sobrepuesto y superado a las adversidades, estamos de pie y saliendo adelante. Ninguna adversidad nos va a tirar porque somos más fuertes que eso”. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y cerca de 10 gobernadores que asistireron al informe, aplaudieron junto con el resto de los asistentes el llamado a la resiliencia de una capital y un estado que, 31 días después, insisten en cerrar el capítulo de aquel “jueves negro” y buscan cambiar la imagen de Culiacán y de Sinaloa por la de un estado productivo, innovador y exportador, “más allá de los estigmas con los que nos han juzgado”, dijo el gobernador Ordaz Coppel… Otra vez se tuvo que cancelar la sesión programada para hoy y posponer la aprobación del Presupuesto federal 2020. Anoche les avisaron a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que su sesión para terminar de elaborar el dictamen presupuestal y aprobarlo se iba ahora hasta el viernes 22 de noviembre “en un lugar aún por definir”. Es decir que se sigue estirando el “tiempo y el reloj legislativo” porque no cuadran los números de apoyos al campo y las organizaciones sublevadas, Antorcha Campesina y la UNTA están molestas porque no les autorizan recursos para obras en varios municipios que ellos controlan, además de que también están enojados con el presidente López Obrador que los llamó “corruptos” y los acusó de pretender “moches”, en lo que ellos llaman un “ataque injusto e ilegal” desde el púlpito presidencial de las mañaneras…Los dados mandan Serpiente doble. Bajada.  

Frentes Políticos 1.  Tesoro perdido. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que el presupuesto dejó de ser un botín político y “el gobierno se aprieta el cinturón para hacer una distribución más transparente y democrática de los recursos”. En tanto, las negociaciones con los manifestantes volvieron a fallar, justo horas antes de que los legisladores intentaran nuevamente discutir y votar el presupuesto para 2020. Confirmó que el Senado ha tomado la regla de no etiquetar y que los beneficios se vayan directo a las personas. Insistió en que es necesario que se libere la Cámara. Tanto Delgado como la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, descartaron el uso de la fuerza pública. El México de siempre, los de adelante corren mucho y los de atrás los detendrán. De piedras está lleno el camino... 2. Los que entendieron. La Secretaría de la Función Pública investiga a nueve delegados especiales de programas sociales en los estados por uso indebido de los recursos públicos, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Aunque se negó a dar los nombres de los involucrados, reveló que estos fueron denunciados hace semanas, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió aclarar si incurrieron en alguna responsabilidad. Sobre el combate al crimen organizado puntualizó que se han bloqueado 756 cuentas relacionadas con distintos cárteles. Reiteró que hay investigaciones en contra del extitular de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, por haber beneficiado a empresas con contratos a modo. Funcionarios que no entienden la 4T y hacen quedar mal al gobierno, hay muchos. No tardan en caer. 3. Polémica interminable. Continúan las trabas para Rosario Piedra, titular de la CNDH. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió al Senado tramitar y colocar en estrados la queja de la bancada del PAN en contra de la elección de Piedra, pues Mauricio Kuri interpuso un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. La Cámara alta tendrá que enviar al TEPJF, en 48 horas, la copia del documento de la elección y los escritos de terceros interesados, así como sus argumentos jurídicos para defender la decisión. Será el magistrado presidente, Felipe Fuentes, quien conozca del tema y dicte sentencia. Por cierto, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, se sumó a la postura de la Asociación de Gobernadores del PAN, de no aceptar las recomendaciones de la nueva titular de la CNDH. Toda la carga en acción. 4. La historia se repite. Jaime Bonilla, mandatario de Baja California, confirmó la denuncia en contra de su antecesor, Francisco Vega, y de varios colaboradores por la comisión de delitos como peculado, abuso de confianza y fraude. La carpeta de investigación se abrirá en contra de Kiko Vega y de quien o quienes resulten responsables por dilapidar el erario. Se estima una malversación de fondos por más de 1,200 millones de pesos y una serie de abusos, en donde se han detectado incluso facturas apócrifas. Se hace alusión a los delitos de abuso de autoridad, peculado, cohecho, enriquecimiento, ilícito, abuso de confianza, fraude y otras violaciones previstas en el Código Penal de Baja California. Apuntemos la fecha y esperemos resultados de las investigaciones ¿Habrá justicia? ¿Y el dinero, adiós y ya? 5. Inclusión de verdad. De 2014 a la fecha se han registrado en la Secretaría de Marina-Armada de México, “21 matrimonios igualitarios, 16 que son mujer con mujer y cinco hombre con hombre”, detalló la Teniente de Fragata, Miriam Martínez, jefa del Departamento de Capacitación e Instrumentación y Difusión de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Semar. Cuando un marino contrae matrimonio con una persona de su mismo sexo y registra su unión, en automático se afilia a su pareja y obtienen todos los beneficios sociales que la ley les otorga. Cuentan con los mismos derechos y prestaciones sociales que las uniones heterosexuales. Siempre a la altura. Siempre. Bitácora del director / Indígenas y mestizos

Siempre que uno generaliza, corre el riesgo de toparse con excepciones que matizan o desbaratan el argumento que se pretende probar. Esto se puede aplicar a la decisión gubernamental de otorgar a los indígenas el beneficio de la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad, a diferencia del resto de la población —los “mestizos”, de acuerdo con la expresión que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado— que la reciben a partir de los 68. Dejando de lado que dicha medida podría considerarse discriminatoria en términos del artículo 1º de la Constitución, vayamos al centro del argumento en que se basa la decisión: que los indígenas son los habitantes más pobres del país. Es verdad que la mayoría de quienes se reconocen como integrantes de alguna de las comunidades indígenas del país —12.25 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015— están en los últimos deciles de ingreso. Tomo el dato de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, de 2015: 55.5% de la población indígena habita en municipios de alta y muy alta marginalidad; y 87.5% de los 457 municipios en los que hay 70% o más de población indígena se encuentra en esas mismas condiciones. En 2015, vivían en esos municipios 5.4 millones de personas, de las cuales 4.8 millones eran indígenas y el resto (600 mil) no indígenas. De acuerdo con datos de Coneval, 9.3 millones de mexicanos vivían en pobreza extrema en 2018. Suponiendo que entre ellos están los 4.8 millones de indígenas que habitan los municipios indígenas de alta o muy alta marginación, habría otros 4.5 millones de mexicanos no indígenas en la misma condición, entre ellos los 600 mil que son vecinos de los indígenas más pobres. Es decir, al reservar el otorgamiento de la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad para los indígenas —más allá de a cuántos les toque recibirla este año y en los años por venir—, y diferirlo hasta los 68 años para los no indígenas, cuando menos unos 4.5 millones de mexicanos extremadamente pobres se verían discriminados sólo por no considerarse indígenas. Pero ése no es el único problema. Si la población indígena del país está integrada por 12.25 millones, habría unos 7.45 millones que no viven en los 457 municipios indígenas de mayor marginación. E incluso comparando toda la población indígena del país con el grupo de mexicanos que vive en mayor miseria, el primer grupo es mayor al segundo en tres millones. Entonces, el argumento de la pobreza para entregar la pensión para adultos mayores a los indígenas tres años antes que a los “mestizos” es difícil de sostener desde el punto de vista sociodemográfico (y, por supuesto, el legal). Pero hay un argumento adicional: en todos los grupos humanos hay personas a las que les va mejor —y, frecuentemente, mucho mejor—que al resto. Los indígenas mexicanos no son la excepción. De acuerdo con el documento De campesinos indígenas a promotores de turismo. La experiencia del ejido San Cristóbal (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2016): la población de esa comunidad del municipio de Cardonal (que se identifica como parte de la etnia hñähñú u otomí) ha desarrollado un exitoso modelo comunitario-empresarial ecoturístico, en la zona de las grutas de Tolantongo, gracias al cual “el nivel de ingresos y bienes materiales difiere de lo que se observa en otras localidades del municipio”. Qué bueno que esos ejidatarios indígenas hayan logrado hacerse de una fuente de ingresos sostenible. Debiera ser la meta no sólo de ellos, sino de todos los mexicanos, indígenas o no. Pero no hay razón para darles un beneficio del que no gozan millones de mexicanos pobres que no se consideran indígenas.