Editorial EL UNIVERSAL / Entrada en sociedad, con el pie izquierdo, de la Guardia de AMLO

Todavía a las 21:00 horas del jueves pasado funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaban que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, se hallaba en manos del gobierno federal. “Lo tenemos. Ahorita sacamos texto”, informó uno de ellos. En la Secretaría se redactó incluso un boletín que intentaba aclarar las aguas tras la deliberadamente confusa declaración del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en la que se anunció que Guzmán fue localizado en un patrullaje de rutina realizado por Sedena y la Guardia Nacional, y en la que se precisó que tras “las acciones violentas” ocurridas en Culiacán aquella tarde, el gobierno había decidido suspender las “acciones”.  El boletín en cuestión indicaba que, en efecto, Ovidio Guzmán estaba detenido. Pero no salió a la luz. Según una fuente consultada por el columnista, en la Secretaría corrió como pólvora la versión de que el propio Durazo paró de último momento la difusión del documento. “Para nada está detenido”, le informó el secretario a sus colaboradores. En las redes sociales corría desde las tres de la tarde la noticia de que uno o dos hijos del Chapo Guzmán habían sido aprehendidos por el Ejército, y que la gente del Cártel de Sinaloa estaba tratando de rescatarlos. “As de cuenta que soltaron al diablo”, se leía en un chat difundido por reporteros y policías. A las tres de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública local detectó, a través de las cámaras del C4, “gente armada obstruyendo la avenida Obregón y toda el área de Tres Ríos”. Se inició un despliegue policiaco, según el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, y se requirió el apoyo de autoridades federales. Comenzaron a llegar reportes de fuertes tiroteos en al menos seis puntos de la ciudad. El secretario Durazo le diría al país horas después que elementos castrenses fueron agredidos desde una casa, y que en esa casa se encontraba Ovidio Guzmán. Como se admitió más tarde, lo que afirmó el secretario no era cierto. Se había tratado de un operativo “con fines de extradición”. Pero ese operativo se salió de control. Mientras el Cártel de Sinaloa “soltaba al diablo” —enfrentamientos en calles densamente transitadas, autos y patrullas incendiados en vialidades principales, vehículos despojados con violencia, militares retenidos, reportes de muertos (9) y heridos (23)—, en las redes explotaron todo tipo de comunicaciones captadas en frecuencias de radio: “Lo vas a soltar o qué pedo, mi chavo, cómo quieres el baile… Venga, guacho, de volada respóndeme, se te está hablando bien, suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va cargar la verga”. En otra comunicación se escuchó la orden de “ubicar a los guachos y a sus familias”. Fuentes de la SSPC relatan que los operadores del Cártel de Sinaloa amenazaron con ejecutar a las familias de estos, con quemar camiones con pasajeros adentro y con volar pipas de gasolina en colonias populares.  Transcurrieron seis horas de versiones, de confusión, de pánico, de gente resguardaba detrás de los autos, en tanto las balas tronaban. Se difundió al fin que Ovidio Guzmán había sido liberado, o que nunca fue legalmente aprehendido, tras un operativo precipitado y fallido: la entrada en sociedad —con el pie izquierdo— de la Guardia Nacional del presidente López Obrador.  El gobierno no solo perdió a Ovidio aquel jueves. Perdió a la prensa internacional. The New York Times habló de la “gran humillación para el gobierno del presidente López Obrador”. The Washington Post, de “una muestra notable de la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado” y de “una muestra importante de debilidad del gobierno de México”.  La exhibición mundial de impericia abarcó periódicos argentinos, ingleses, brasileños, españoles, canadienses, incluso rusos. “El narco le torció así otra vez el brazo al gobierno de López Obrador”, señaló El Clarín. El rescate de Ovidio Guzmán fue la culminación de una semana negra para la 4T. Ese día el Estado desapareció en Culiacán por unas horas, y se exhibieron las confusiones que privan entre quienes hoy manejan la seguridad del país. Lo peor es que se demostró que no hay otra estrategia de seguridad más que “la paz espiritual” del presidente. Un error del gobierno de AMLO sumergió a una ciudad entera en el terror: Culiacán —como lo fue Tlahuelilpan— es otro de los fracasos estruendosos de este gobierno, por más que sus adeptos nos lo intenten vender como un triunfo disfrazado de “humanismo”. Como alguien ha dicho por ahí, hubo en efecto un punto de inflexión: es Culiacán. Y fue para abajo.

OPINIÓN / Lejos de la equidad fiscal

En materia fiscal México registra grandes contrastes como los tiene también en cuestiones sociales y en temas de desarrollo. Hay zonas geográficas y sectores más favorecidos que otros. Lo mismo ha ocurrido al momento de pagar impuestos. Al trabajador asalariado los descuentos por el pago de gravámenes se le aplican de manera puntual, pero grandes consorcios empresariales han recibido quitas e incluso perdón por adeudo multimillonarios en el pago de impuestos. El contraste —y el privilegio para esas empresas— se hace mayor si además fueron beneficiadas por contratos de obra pública. EL UNIVERSAL publica hoy que nueve de las 21 empresas favorecidas por contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP) también obtuvieron condonaciones de impuestos por la cantidad de 5 mil 500 millones de pesos. Un doble beneficio que levanta sospechas sobre su legalidad. Esas empresas fueron favorecidas con contratos de PEP cuando su titular fue señalado por pedir sobornos para asignar convenios, y aparecen en la lista que el Servicio de Administración Tributaria hizo pública hace unas semanas sobre las condonaciones fiscales realizadas en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, las cuales ascendieron a 247 mil millones de pesos y se aplicaron a poco más de 9 mil contribuyentes. A finales de septiembre la Cámara de Diputados modificó el artículo 28 para prohibir que el Presidente pueda otorgar condonaciones y exenciones de impuestos. La medida —que ahora se encuentra en el Senado— sin duda representará una mayor captación de ingresos, pero la autoridad tendría que ir más allá para que la base de contribuyentes sea mayor y no se cargue todo el peso en los cautivos. En la economía informal, por ejemplo, hay una oportunidad para ampliar el número de contribuyentes. Son millones de personas en todo el país las que diariamente ocupan espacios públicos para desarrollar sus actividades comerciales sin aportar un centavo para las finanzas nacionales. La situación la aprovechan, por el contrario, dirigentes de comerciantes que son quienes les cobran cuotas, las cuales se van directamente a sus bolsillos o al de una autoridad corrupta. El punto que une a muchos de los grandes consorcios y a los comerciantes informales es que hasta ahora han podido librar el pago de impuestos, lo cual no debería darse más. Uno de los cambios pendientes en el país es la equidad fiscal. ¿Por cuánto tiempo más? Frentes Políticos 1.  Hay niveles. A Juegos Panamericanos asistió una delegación de 712 deportistas y entrenadores, mientras que a los juegos parapanamericanos acudió una delegación de 230. Ante los buenos resultados, el gobierno federal les ofreció estímulos económicos. Lamentablemente, la responsable de entregarlos es Ana Guevara, quien ha sido la desilusión más grande del gabinete. Involucrada en todo tipo de escándalos ha hecho de la Conade un desastre, entre su mala administración y las versiones de fuga de recursos. ¿Será por eso que Octavio Almada Palafox, hombre cercano al Presidente, contacta a los deportistas para saber si ya recibieron ese dinero? Si no confían en ella, se lo ganó. Almada está pendiente de lo que sucede y suenan versiones de que podría dirigir la Conade. Ni duda: Ana Guevara es el negrito en el arroz en esta transformación. Ganará este sprint directo al desempleo. 2. Compórtense. Al diputado por Morena, Mario Delgado, no le permitieron participar en la asamblea de Iztacalco, donde elegirían a los congresistas para la elección de la dirigencia nacional, por lo que denunció la “anomalía”. Dijo que “hay que cambiar al partido, no puede seguir esto así... Deben de respetar la democracia”. Morena muestra rasgos de descomposición con este tipo de actitudes, que son oro molido para sus opositores. Se presentaron irregularidades y disturbios en Puebla, Jalisco, Hidalgo y San Luis Potosí, incluso hubo balazos en Guadalajara. Si no pueden hacer una asamblea están fritos. Mala nota: el partido suspendió estas reuniones por disturbios en seis estados y Delgado no pudo votar en la CDMX. O se comportan o se irán más rápido de lo que llegaron. Es es la ley del voto. 3. Efectividad. En Tijuana, Baja California, la Guardia Nacional decomisó un cargamento de 400 litros de la droga conocida como cristal, con un valor de 5.8 millones de dólares. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la sustancia estaba en 20 cubetas que simulaban impermeabilizante. La autoridad indicó que con este aseguramiento se afectan los recursos financieros de grupos delictivos. Hay que entender que en la guerra contra los delincuentes no todo es echar bala; estos operativos logran mermar su capacidad económica. Los resultados llegan, aunque haya quien no los quiera ver. Cerrar los ojos no los desaparece. 4. Soluciones de fondo. El titular de la SEP. Esteban Moctezuma, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador brindará educación en espacios dignos y seguros. Al presentar el Programa La Escuela es Nuestra y el Programa Nacional de Reconstrucción dijo que así se da cumplimiento a uno de los principios fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana: la equidad. Moctezuma expuso que en las leyes secundarias en materia educativa se establece un modelo basado en la confianza directa en la comunidad escolar, la cual sigue principios fundamentales de la Transformación. En tanto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, indicó que la educación empodera a la ciudadanía para que los niños alcancen sus sueños y los hagan realidad. Con qué ganas deseamos que esto se refleje en los exámenes de la OCDE y la educación de México deje de estar en el sótano. Ojalá. 5. Responsables al banquillo. Eduardo Arturo Bailleres fue destituido como director del Centro Penitenciario Aguaruto, tras la fuga de 49 reos y ya es investigado, junto con los custodios en turno. El exfuncionario tenía apenas 11 meses en el cargo, el cual asumió tras la fuga de Julián Grimaldi Paredes y Carlos Jesús Salomón Higuera, quienes escaparon vestidos como elementos de la Policía Estatal Preventiva. La fuga de 49 reos, afirmó el titular de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, se realizó durante un motín y los presos lograron despojar de sus armas a cinco custodios. Esta novela está llena de responsables de todo orden, de la gubernatura para abajo, pocos se salvan. Bitácora del director / Seguridad, ante todo

La ausencia de un auténtico Estado de derecho es el principal problema que enfrentamos como país. Ella nos lleva a la impunidad, que a su vez genera la inseguridad y la corrupción que padecemos. La falta de respeto a las normas ha provocado que en franjas importantes de nuestra geografía no gobiernen las autoridades sino los delincuentes. Son ellos quienes cobran impuestos en la forma de extorsión, mismos que se convierten en la única llave para la seguridad en muchas localidades del país. Quien quiera operar un negocio, cobrar su sueldo o hasta vivir en paz tiene que caerle con el llamado derecho de piso. El actual gobierno ha planteado que la única manera de tener seguridad será acabando con la pobreza en que están sumidos millones. Suena bien, en teoría, pero no existe evidencia de que la violencia criminal se explique únicamente por los bajos ingresos de un alto porcentaje de mexicanos. Ese enfoque deja fuera la necesidad de convencer a los habitantes de este país que el imperio de la ley, es decir, la certeza y aplicación de las reglas de convivencia social, es algo que a todos conviene. En casi once meses de gobierno, no hay datos que puedan sustentar que alguien que delinque dejará de hacerlo por recibir un programa social. Y sí, en cambio, que los lugares más seguros son aquellos donde el respeto a la legalidad es parte de la cultura de la comunidad. ¿O de qué otra manera se explica que Yucatán tenga el noveno salario promedio más bajo del país, de acuerdo con el IMSS, y en cambio, sea uno de los estados más seguros de la República? Yo creo que tendría que empezar a verse las cosas exactamente al revés: para poder incrementar el ingreso de quienes menos tienen, necesitamos aumentar la seguridad. De otro modo, si sigue avanzando la violencia criminal, se ahuyentarán las inversiones, bajarán los ingresos tributarios, habrá menos gasto en infraestructura, no se crearán los empleos que se requieren, se afectará la productividad de los que perciben un salario, lo cual se convertirá en inseguridad laboral y bajará el ingreso promedio. Piense en lo que pasa en el transporte público. La extorsión merma sus ingresos, lo cual se convierte en una presión para que suban las tarifas; las unidades no reciben el mantenimiento necesario; choferes y pasajeros viajan con temor de ser asaltados; se comienzan a cancelar corridas y rutas… Todo esto afecta la productividad de las empresas, así como los ingresos y la salud de los usuarios. Quienes han logrado millonarias ganancias por la extorsión al transporte público, ¿cree usted que dejen su negocio ilícito por inscribirse en algún programa de ayuda ofrecido por el gobierno?

Lo sucedido en Culiacán la semana pasada es una muestra de qué tan lejos ha llegado el deterioro de la seguridad pública. El hecho de necesitar al Ejército para detener a un capo del narcotráfico y que ni eso resulte suficiente, tendría que mandar una señal de alarma para encontrar una estrategia que nos ayude a recuperar la vigencia de la ley. El Estado no puede permitirse que la delincuencia organizada controle una ciudad, una región o una entidad federativa. Dejar que se asiente la impresión de que aquélla manda, no da “tranquilidad espiritual”, sino envía muchos mensajes perniciosos. Por un lado, alienta a otros a hacer exactamente lo mismo: a armarse por encima de la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas, que son nuestra última barrera de defensa contra los criminales. Por otro, hace que la población se pregunte por qué debe pagar impuestos –más aún en tiempos en que la autoridad hacendaria está buscando cerrar las lagunas que han aprovechado algunos contribuyentes— si el gobierno se muestra incapaz de brindar lo más básico que espera cualquier persona: poder salir tranquilamente de casa y regresar sin afectaciones a sus bienes y a su integridad física.