Editorial EL UNIVERSAL / ¿Dentro o fuera de la ley? La violencia en México tiene dos sexenios —y lo que va del actual— con cifras prácticamente siempre en ascenso. Estrategias van y vienen sin alterar el escenario criminal. A lo largo de este tiempo se recurrió al Ejército para combatir a la delincuencia, surgieron grupos que empujan legalizar la producción de drogas para disminuir los hechos de sangre y hay quienes impulsan un diálogo con líderes de bandas criminales para terminar con la inseguridad. EL UNIVERSAL publica hoy una entrevista con Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, que plantea al gobierno encabezar un diálogo “sin prejuicios” tanto con autodefensas como con el crimen organizado e incluso propone la inclusión del clero en esos eventuales encuentros. La revelación esta semana de negociaciones entre el gobierno federal y grupos de autodefensa, con el fin de impulsar un “proceso de pacificación”, reavivó el debate sobre la pertinencia de perdonarles acciones ilegales que hayan cometido si abandonan sus armas. ¿Negociar con grupos armados o aplicarles la ley? En el mismo gobierno hay división. Por un lado, la Secretaría de Gobernación precisa que los acercamientos son únicamente con grupos de autodefensas, surgidos años atrás como resultado de la incapacidad de gobiernos para propiciar un clima seguro en las comunidades. Por el otro, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en desacuerdo con esas reuniones y pidió ajustarse a lo que marca la Constitución y descartó que haya negociaciones con células del crimen organizado. Cualquier reunión entre funcionarios del gobierno y grupos armados (sean criminales o no) debe darse frente a la opinión pública y sin repetir errores del pasado. México tuvo una experiencia fallida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese entonces se nombró a un comisionado para negociar con los grupos que, basados en el poder de sus armas, se erigieron como defensores de decenas de poblados en Michoacán. Algunos de ellos terminaron convertidos en bandas de corte totalmente criminal. En esta ocasión convienen escuchar a gobernadores de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, quienes están lanzando advertencias sobre la inconveniencia de negociar con “autodefensas”, debido a que es muy delgada la línea que los separa de la delincuencia. La pacificación de amplias regiones del país es urgente, pero es momento de definir si la solución se tomará dentro de la ley o fuera de ella.

23 de Agosto de 2019

1. Algo es algo. Sin definir el monto, el gobierno de Nuevo León suspendió parcialmente la pensión de Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón. La justicia comienza a cobrarle factura al mandatario. Fue la Unidad Anticorrupción de la Contraloría la que ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que procediera con la suspensión. Organizaciones no gubernamentales, que pidieron acabar con el nepotismo del mandatario, detallaron que, aunque solicitaron el monto que recibirá Teresa Martínez, no les fue proporcionado. Exigieron que se investigue a quienes autorizaron el aumento al sueldo de la exfuncionaria: nomás 144 por ciento. Por fortuna, nunca prosperó la idea de El Bronco de cortarle las manos a los delincuentes… Que si no. 2. Móchate. No quedó en el tintero el tema revelado el pasado miércoles por la diputada morenista Inés Parra Juárez, quien acusó a su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, de “meter mano” al presupuesto de cultura 2019 y pedir moches para “palomear” proyectos a financiar con recursos públicos. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, instruyó a la Contraloría a investigar el caso. “Eso se tiene que extirpar y ahora nos vamos a ir fondo, quien sea culpable de moches, tiene una sanción de desafuero, y es un delito, también, es un peculado en el apoderamiento de bienes de la nación. Aquí hay seriedad y esta Cámara es respetable y lo va a ser cada vez más, combatiremos cualquier vicio y exceso”. Que no sea cierto o Mayer será el primer descalabrado legislativo. 3. El que por su gusto muere. Si cree que el destino no puede ser tan cruel con la democracia mexicana, se equivoca. Por mayoría de votos de los diputados de Morena, del PT, del Verde Ecologista y de una legisladora independiente, el Congreso de Baja California aprobó la consulta sobre la Ley Bonilla, con la cual se busca ampliar el periodo de gobernador de 2 a 5 años. Al bloque de Morena y diputados aliado le tomó unos minutos aprobar la consulta que aún no tiene fecha de realización. Ésta contempla pedir la opinión de los ciudadanos sobre la ampliación de la gubernatura, sin embargo, no todo está ganado. De acuerdo con diversos sondeos efectuados en el estado, la Ley Bonilla es apoyada por más del 70% de la población. Sin palabras.

4. Lifestyle. Es de muchos conocida su pasión por la buena vida. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y hoy senador de la República, es recordado como un fiel habitante de la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México: Lomas de Chapultepec. El lujo, entre bosques de oyamel y la seguridad de máxima altura, son lo suyo. No obstante, se ha visto que el nivel de vida se transformó cuando estuvo como titular de la Segob. Le persiguen muchos fantasmas, como los contratos por equipo policiaco. No es casual que lo investigue la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de 2.7 mil millones de pesos. Y en el caso de la Estafa Maestra sigue apareciendo su nombre. Saldrán a la luz sus negocios al amparo del poder. ¿Tendrá Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, anotada en su agenda la fecha de ejecución de acciones sobre el caso? 5. ¿Y sus cómplices? La próxima semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien se encuentra en prisión por su presunta participación en la Estafa Maestra, informó Santiago Nieto, el titular de la UIF, quien explicó que trabaja en el tema con la Sedatu sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fantasma. Explicó que para esta investigación se han hecho hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos y se generaron ocho más relacionados con empresas vinculadas. Y se analizan 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar a la UIF. ¿Y los nombres, señor funcionario?, ¿los peces gordos? O esos nadan en otro estanque.