Editorial EL UNIVERSAL / La expansión de los Derechos Humanos En una de sus espléndidas obras, Jorge Luis Borges escribía que “el tiempo se bifurca perfectamente hacia innumerables futuros”. Lo anterior nos lleva a pensar que además de incertidumbre, la idea de futuro siempre implica cambio. Bajo esta perspectiva, en un contexto de constantes modificaciones, la relación entre la evolución social y el Derecho siempre es compleja. Nada gana el Derecho negando el cambio social. Contrario a ello, lo fundamental para la ciencia jurídica no es solo identificar la naturaleza de dichos cambios, sino reflexionarlos con detenimiento para desplegar un marco jurídico adecuado a la realidad, que proteja los derechos humanos y reduzca la incertidumbre jurídica. Los derechos humanos son progresivos, pues van de la mano de la evolución de las sociedades. Hoy reconocemos derechos que hace unas décadas ni siquiera se concebían, como el derecho de las audiencias de los medios de comunicación, los derechos de los usuarios de servicios financieros o de grupos sociales minoritarios. Actualmente, los legisladores debaten la creación o modificación de normas que evolucionen progresivamente para reconocer derechos de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación, máxime cuando una realidad es científica, como en el caso de la reproducción sexual asistida. En nuestro país, hace poco una pareja de personas del mismo sexo decidió adoptar a un hijo. Debido a la imposibilidad física para gestarlo, decidieron acudir a técnicas de reproducción asistida, particularmente a la denominada como gestación subrogada. Esta técnica consiste en que una mujer acepta llevar a cabo un embarazo, a solicitud de otra persona o pareja, con el compromiso de entregar al niño o niña una vez que nazca. Al momento de nacer, las autoridades correspondientes se negaron a registrar al niño, señalando que no podía demostrarse el vínculo filial entre el menor y sus padres. Al estudiar el caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a registrar como suyo a un hijo nacido por medio de técnicas de reproducción asistida. Lo anterior debido a que el artículo 4º constitucional prevé que toda persona, desde luego sin importar el género o las preferencias sexuales, tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. En cuanto a la filiación entre padres e hijo, esa sala del Máximo Tribunal argumentó que la voluntad procreacional, es decir “el consentimiento y el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea” es el elemento decisivo para que jurídicamente quede establecido un vínculo entre ambos, con los derechos y obligaciones correspondientes. En México no existe todavía una ley general en la materia, pero las técnicas de reproducción asistida y maternidad subrogada se encuentran normadas en los Códigos Civiles de diversos estados. Entre estos hay criterios radicalmente distintos, pues mientras el Código Civil para el Estado de Tabasco regula la “gestación asistida y subrogada”, el Código Familiar de San Luis Potosí señala que “es inexistente la maternidad sustituta”. El mejor escenario sería que el legislador regule con precisión los requisitos, casos y excepciones en que las técnicas de reproducción asistida pueden realizarse en nuestro país. La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta fundamental para la interpretación de la ley, siempre con el objetivo de defender y expandir los derechos humanos. Al mismo tiempo, este caso representa un gran precedente para el derecho mexicano y una muestra más de que la sociedad cuenta con una Corte de talante liberal y comprometida con la defensa de los derechos fundamentales. OPINIÓN/ ¿Mejora el aprendizaje la no reprobación? Recientemente se publicó el Acuerdo de la SEP 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. El secretario de Educación pidió revisar el acuerdo anterior (12/05/18), ya que implicaban “…registros complejos que generaban una carga administrativa a los docentes”. Llama la atención que su justificación fuera para quitarles carga administrativa a los profesores y no para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y las prácticas pedagógicas. El nuevo acuerdo se puede sintetizar en los siguientes tres puntos: Primero. Los tres grados de preescolar y los dos primeros de primaria se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente (sin embargo, en este acuerdo no se define el término “cursar”, lo que se deja a la interpretación del docente y autoridad educativa). Las evaluaciones de los escolares de preescolar no serán numéricas, mientras que para los dos grados de primaria se establece una escala del 6 al 10. Sin embargo, para los ámbitos de Autonomía Curricular, y de Desarrollo Personal y Social, los resultados de la evaluación no utilizarán valores numéricos y se comunicará en forma oral o escrita. (En este punto también se deja a la conveniencia de los maestros la forma de comunicar los resultados de la evaluación). Segundo. Para los grados de 3º de primaria a 3º de secundaria se establece una escala numérica del 5 al 10; donde 5 significa una calificación reprobatoria. Esta escala se aplica a todos los ámbitos curriculares: Formación Académica, Artes y Educación Física, y Desarrollo Personal y Social. Los promedios serán expresados con un número entero y un decimal. Tercero. Para acreditar 3º, 4º y 5º de primaria y 1º y 2º de secundaria se requiere: 80% de asistencias, tener promedio final mínimo de seis y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas. Para acreditar 6º de primaria y 3º de secundaria se requiere, además de asistencia, haber aprobado todas las asignaturas. La idea de no reprobar a los escolares menores es una buena iniciativa del secretario de Educación, toda vez que estudios indican que, por el simple hecho de repetir un grado, el estudiante no solo no adquiere los aprendizajes que repite, sino que se queda rezagado académicamente de compañeros que tienen menor edad. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha documentado ampliamente este fenómeno. En todos los niveles educativos y asignaturas evaluadas (con pruebas estandarizadas), los estudiantes mexicanos de mayor edad obtienen puntuaciones en matemáticas y lenguaje muy por debajo de sus compañeros más jóvenes que cursan el mismo grado escolar. Además de que la reprobación (o repetición de grado) no resuelve por sí misma el rezago académico de los estudiantes, ocasiona dos problemas: uno de índole psicológico (deterioro en su autoestima) y otro de naturaleza social (segregación de sus compañeros). Si bien me parece que la no-reprobación debería aplicarse a toda la educación primaria, la medida no resuelve el problema por el cual no aprenden los estudiantes. En los países industrializados que utilizan este modelo, los estudiantes rezagados académicamente son atendidos en el siguiente grado escolar por especialistas en problemas de aprendizaje. De no hacerlo, el rezago que presenta un estudiante en un grado escolar se acumulará en el siguiente; complicando para el profesor en turno atender a sus estudiantes regulares y, a la vez, a aquellos que presentan distintos grados de rezago. El acuerdo 11/03/19 debió de haber contemplado, al menos de manera enunciativa, que se requieren los programas pedagógicos para resolver los distintos problemas de aprendizaje que presenten los escolares que “acrediten” un grado sin haber adquirido los conocimientos mínimos que garanticen su aprendizaje en el nuevo grado que cursen.

Frentes Políticos 1. Mediador. Era necesario bajarle dos rayitas al conflicto interno del Movimiento Regeneración Nacional en Puebla, pues tras la designación de Luis Miguel Barbosa como candidato al gobierno de Puebla, había sido Alejandro Armenta Mier quien deseaba esa postulación, el más férreo de sus opositores. Ante la urgencia de mantener a Morena libre de fisuras, Ricardo Monreal, su líder en el Senado, reunió a los dos políticos, quienes dialogaron y limaron las asperezas gracias a la labor conciliadora de Monreal.

El oficio político del zacatecano aligera la tensión a tal grado que Armenta evalúa retirar la impugnación y sumarse a la campaña. Oportuna intervención.

Era ya o ya, y Monreal lo sabía. 2. Inhumanos. Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, tendrá que explicar lo que sucedió con su personal en la estación Tacubaya. Una mujer sufrió un infarto cerebral y fue transportada en camilla por policías a una de las oficinas, en donde estuvo tres horas sin atención médica, y luego la sacaron a la calle para dejarla a la intemperie, abandonada. El incidente tuvo un trágico final, ya que la mujer, de 56 años, reportada como desaparecida por sus familiares, murió 26 horas después. Florencia Serranía debe no sólo explicar qué pasó, sino cómo garantizaría que no vuelva a ocurrir.

Cobardía institucional, lo menos que se puede decir. 3. Qué vergüenza. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ya tomó cartas en el asunto. Al participar en la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el Pleno, Elda Mizraim Fernández Acosta, licenciada en derecho y hablante de la lengua tének, reclamó a los diputados su falta de atención al discurso que pronunció en su lengua originaria desde la tribuna:

“Agradezco a todas aquellas personas que tuvieron la amabilidad y el respeto de escucharme. Mas no así a las personas que por lo que veo están más atentos a su celular y a otras pláticas”, expresó.

¿Y estos sujetos nos representan? 4. Molestia. Mario Bracamonte González, delegado de Morena en Puebla, declaró que Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, “utiliza métodos sucios y mezquinos para ganar puntos a costa de lo que sea, utilizando, incluso, tragedias como la muerte de los Moreno Valle”. Afirmó que el candidato a gobernador de Puebla por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, no luce en la campaña, pues “es un señor comodín y que no ha recorrido nada del estado”. Cada semana, Marko Cortés ha probado ser un buen recogedor para que cada detalle de sus rivales sea utilizado como proyectil político.

Lo malo es que a Marko Cortés le pega el efecto búmeran y ni cuenta se da. 5. Mejor pónganse a trabajar. El día de ayer, los senadores guardaron un minuto de silencio por las 14 personas asesinadas en Minatitlán, Veracruz, el pasado viernes santo. Y el senador del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, llamó a dejar de echar culpas a gobiernos anteriores e interponer las denuncias correspondientes a los funcionarios o exfuncionarios que consideren responsables de la inseguridad y violencia que se registra en Veracruz, y en otros estados. Los legisladores trabajan arduamente en demeritar su propia figura.

Y van muy bien: la sociedad se da cuenta de su inutilidad, pues ellos mismos son quienes se colocan la etiqueta de “en peligro de extinción”. ¿Sirven para algo? Bitácora del director / Paz

En su artículo editorial del domingo, el doctor Luis Rubio, presidente del CIDAC, argumentó que sólo mediante la conjunción de sociedad y gobierno se puede tener éxito en la lucha contra la inseguridad y en la restauración de la paz. Por lo que he observado en mis viajes por el país, el apunte de Rubio es totalmente correcto. He visitado con alguna frecuencia el sur de Tamaulipas –para conducir desde allí la Primera Emisión de Imagen Radio– y la lección que me han dejado esas estancias es que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, se puede revertir una situación de violencia criminal como la que padecía la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira. Ayer, entrevistando a Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, sobre los indicadores en materia de seguridad del primer trimestre del año, él me decía que será imposible alcanzar la paz de la manera en que se lo propone el gobierno federal. —El lunes, el Presidente dijo que con la combinación de programas sociales, Guardia Nacional y lucha contra la corrupción se acabará la violencia en seis meses. ¿Te parece razonable? —Le doy seis años, todo el sexenio, y sé que no lo va a lograr. El problema del Presidente es que lo quiere hacer todo él solo, y para una tarea como ésta se necesita el trabajo conjunto con la sociedad. Pero parece que a Andrés Manuel López Obrador esa idea no le gusta nada. Todo lo que suene a sociedad civil organizada le produce desconfianza. Lo dijo en la campaña y lo repite como Presidente. Y no sólo ha sido discurso: en los hechos, ha buscado debilitar a las organizaciones de la sociedad civil mediante la cancelación de apoyo presupuestal. El Presidente no sólo no quiere colaborar con ellas, sino que tampoco acepta sus críticas y recomendaciones. Ayer, en la conferencia de prensa matutina –en la que, como siempre, habló de todo, hasta de la versión de que Juan Gabriel no ha muerto–, el Presidente revivió sus críticas a quienes exigen a las autoridades acción contra la inseguridad. Hace 15 años, siendo jefe de Gobierno capitalino, llamó “pirrurris” a quienes salieron a manifestarse contra la inseguridad en la Ciudad de México. Ayer, cuando un reportero preguntó si la exigencia de paz era algo exclusivo de conservadores, López Obrador no dudó en responder: “Básicamente”. Está claro que la exigencia de alcanzar la paz fue una de las razones por las que el electorado lo catapultó a la Presidencia. ¿Qué dirán hoy sus seguidores de hueso colorado, que durante el gobierno de Felipe Calderón protestaban con letreros y hashtags de “No + sangre”? Puede pensar que sí, pero López Obrador no tiene la varita mágica para alcanzar la paz. Apuesta a que con apoyos de dos mil pesos mensuales los jóvenes que se dedican al halconeo dejarán de hacerlo, y que la Guardia Nacional convencerá a los criminales de dejar las armas sin disparar un tiro. Habría que recordar que en campaña afirmó que el país se pacificaría al día siguiente de su triunfo. Y no fue así. Hoy, el Presidente sólo tiene dos opciones: o acepta el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, que están dispuestas a ello y cuentan con gran experiencia en la materia y las pone de su lado, con muchas posibilidades de resolver el problema, o las sigue marginando y descalificando, con lo cual, tarde o temprano, se convertirán en uno de los sectores más críticos de su administración.