Editorial EL UNIVERSAL / Plan de negocios de Pemex: nuevo round entre SHCP y Energía La Secretaría de Hacienda y Pemex se enfrentarán en los próximos días por un tema que tiene más que expectantes a los inversionistas: su plan de negocios, que será la prueba de fuego para las otras dos grandes calificadoras de valores (Moody’s y Standard & Poor’s) que aún tienen a la empresa petrolera con grado de inversión.Hace unas semanas, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con la secretaria de energía, Rocío Nahle, para platicar sobre el sector, particularmente en torno a lo que van a hacer con Pemex. Herrera le dijo a Nahle que el gobierno no tiene dinero para rescatar a la empresa y le confirmó que no se utilizarán los recursos del Fondo de Ingresos de Estabilización Presupuestaria para pagar parte de su deuda. “No hay dinero y si quieren llegar a los niveles de producción planeados hay que apoyarse en la iniciativa privada”, le dijo Herrera, a lo que Nahle respondió que si no había de otra, que lo harían.Días después del encuentro entre ambos funcionarios del gabinete vino el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios, que se comprometió a no frenar la inversión y a destinar 32 mil millones de dólares en 2019 a distintos proyectos de las empresas y conglomerados que lo conforman. Ese mismo día se cancelaron los concursos para adjudicar siete farmouts de Pemex –programados para octubre–, debido a que la Secretaría de Energía los retiró de la subasta.Las calificadoras y los bancos que asesoran a inversionistas de Pemex han dicho que una de las señales positivas que la empresa podría enviar al mercado sería la reactivación de los farmouts y las rondas de hidrocarburos, pero tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Rocío Nahle –porque el director de Pemex, Octavio Romero, como casi siempre: ni sus luces– se empeñan en hacer lo contrario con el argumento de que “no se ha extraído un solo barril de petróleo” tras las adjudicaciones de proyectos, lo cual no es preciso. Lo que al Presidente y a Rocío Nahle les repugna es que dichas asociaciones, en el caso de los farmouts que son para explorar y explotar aguas profundas, involucra una obligación de pago a los privados del 50% de lo producido.La semana pasada, el director financiero de Pemex, Alberto Velásquez, dijo que planean salir al mercado a refinanciar 2 mil 500 millones de dólares de los 6 mil 600 millones de dólares previstos para este año. En la reunión de enero que tuvieron los directivos de la empresa en Nueva York, se aseguró que no saldrían a los mercados a refinanciar deuda y que usarían sólo líneas de crédito. La realidad los terminó aterrizando.Otra cosa relevante que dijo Velásquez y que confirma que los farmouts no se reactivarán es que Pemex no invertirá en aguas profundas durante todo el sexenio. Fue a finales de abril cuando Octavio Romero congregó a 130 representantes de empresas petroleras para presentarles el programa de inversiones de Pemex con el que busca aumentar la producción a niveles de 2.7 millones de barriles diarios hacia el final del sexenio. La reunión se llevó a cabo en Ciudad del Carmen.Ahí Romero presentó el plan denominado “Oportunidades de inversión en campos maduros” que consiste en una primera etapa de 21 asignaciones enfocada a aguas someras, recuperación secundaria, complejidad técnica y marginales. Para estos campos se contemplan 2 mil 751 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce); uno de ellos, Akal, pertenece al complejo Cantarell. Para las etapas posteriores se estima un total de 3 mil 111 MMbpce. Lo más relevante fue el modelo de contratación que propuso el director de Pemex para aliarse con los privados.Se trata de uno denominado Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), cuyo plazo máximo de entre 15 y 25 años y la remuneración al contratista se realiza a través de una tarifa en dólares por unidad de hidrocarburo producido. Para que tenga viabilidad se consideran diversos aspectos como la mejora en el régimen fiscal, cuentas segregadas, tarifas variables en función del precio de los hidrocarburos y recuperación de costos en componentes de mayor riesgo. Este tipo de contratos no entusiasman a los empresarios, por lo que su éxito está por verse. Por lo pronto, si el plan de Pemex que se va a publicar en los próximos días no contiene una gran carga de contratos e inversión privada, es muy probable que el Consejo de Administración de la empresa no lo apruebe. De eso se encargaría la Secretaría de Hacienda, que no puede darse el lujo de que las otras calificadoras degraden a la empresa.Así que a esperar un nuevo round entre la Secretaría de Hacienda y la aguerrida Rocío Nahle.Va el Banco del Bienestar

Fitch Ratings ratificó al Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), al mando de Rabindranath Salazar, la calificación de riesgo en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, es decir estable, mientras que la de corto plazo la ubicó como ‘F1+(mex)’.

Fitch consideró que Bansefi, que esta semana podría convertirse en el Banco del Bienestar, desempeñará un rol importante en los objetivos estratégicos de la nueva administración en cuanto a la dispersión de los millonarios programas sociales. OPINIÓN / El reto de entregar medicinas

¿Cómo distribuir 166 millones de medicinas al mes en 2 mil puntos de entrega a lo largo y ancho del país desde nueve bodegas ubicadas en la Ciudad de México? Ese es el reto que tendrá el gobierno federal en las próximas semanas. Anteriormente el costo de la distribución se incluía en el precio de las medicinas, por lo que compañías distribuidoras recogían, almacenaban y entregaban la mercancía comprometiéndose a que las condiciones del traslado fueran las óptimas para los fármacos. Ahora, como parte de los cambios que propone el gobierno federal, se determinó que serán instancias públicas las que distribuirán los medicamentos del sector salud, sin que hasta el momento, como dio a conocer el jueves EL UNIVERSAL, se conozca la estrategia para tal fin. La decisión se toma en medio de la política de austeridad impulsada desde el Poder Ejecutivo y a primera vista parece sencillo pero, de acuerdo con expertos, en el gobierno federal no hay infraestructura ni personal para concretar la tarea, por lo que tendría que recurrir a terceros. La industria del transporte lo explica de la siguiente manera: un trailer con capacidad de 90 metros cúbicos transporta hasta 100 mil unidades, por lo tanto se requieren 1,660 vehículos en el mes (55 al día) para hacer la entrega de medicinas en los distintos rincones del país, lo cual luce como un trabajo titánico que pone en riesgo el abasto oportuno de medicamentos. Debido a que antes el costo de la distribución se incluía en el pago de los insumos y ahora lo asumirá el gobierno, la oportunidad de lograr ahorros podría desvanecerse, pues la movilización de millones de productos desde las nueve bodegas ubicadas en la capital del país hasta los sitios más remotos representará la erogación de millonarios recursos. La nueva forma de hacer las cosas en el sector salud está poniendo en riesgo al último eslabón de la cadena: al paciente. Si los hospitales no pueden otorgar la atención adecuada por la falta de medicamentos, insumos o de personal, las vidas de muchas personas están en juego. Hay una percepción de que se están colocando en primer lugar la austeridad y el recorte de gastos, aunque eso implique dejar en segundo término a los usuarios de servicios. No se cuestiona el combate a la corrupción, pero en este caso en específico podría pagarse un alto costo humano por ello.

Frentes Políticos 1.  Las malas decisiones. Familiares de las víctimas de la tragedia en el New’s Divine denunciaron que Francisco Chíguil, el alcalde en Gustavo A. Madero, ordenó retirar el antimonumento que fue colocado apenas dos días antes en la explanada del edificio de gobierno. Hay pasos políticos tan desacertados como éste, en donde la piel de los familiares de las víctimas se ha vuelto muy sensible por la falta de justicia. Y a este funcionario se le ocurre pisotear su dolor. La misma Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, expresó su interés por regular los llamados antimonumentos. Es justa la indignación. Doce personas murieron y, a once años, lo único que hay es impunidad e injusticia. Y ahora… esto. 2. Precavidos. Para los opositores ya es un fracaso, pero era previsible que esta vez, en la segunda subasta de bienes incautados a la delincuencia, los compradores no se desbordarían como en el caso de los automóviles. De 27 lotes de propiedades incautadas al narcotráfico, subastadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cuyo titular es Ricardo Rodríguez Vargas, únicamente se vendieron nueve, por lo que se obtuvo un monto de 56 millones 643 mil 364 pesos. La expectativa se centró en el departamento en donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva. Se pensaba obtener por lo menos 176.5 millones de pesos. Vendrá la subasta de joyas y el escenario cambiará. Todo suma para devolver al pueblo lo robado. 3. Pataleos. José Rosas Aispuro, el gobernador del estado de Durango, quedó muy preocupado por la cancelación del Metrobús, ordenada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tras una consulta. Afirmó que el movimiento contra el proyecto lo organizó Marina Vitela, la recién nombrada alcaldesa de Gómez Palacio. “Y yo diría, si de esta manera quiere ayudar a los pobladores, qué triste que inicie con ese regalo, quitándole una obra tan importante al pueblo”. Indicó que no es posible desarrollarse si todo el equipo no está a favor del progreso del estado. Qué afán de ir contra la voluntad del pueblo. ¿Cuál es el interés que tanto dolor le causa? 4. Buena racha. Siguen cayendo peces gordos en calles de la capital del país. Jesús Orta, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se apuntó otra captura. Tres jóvenes originarios de Jalisco, Sinaloa y Sonora, quienes dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con muestras de droga que eran entregadas en calles del Barrio de Tepito. Gracias al operativo RUBIK fueron detectados cuando intercambiaban dinero por mochilas con droga y ofrecieron 300 mil pesos a los policías para dejarlos en libertad. Es bueno saber que las siglas CJNG perdieron alfiles en la Ciudad de México. Y ya van varios. 5. En problemas. Diversas organizaciones civiles advirtieron que el video que muestra la tortura a una persona detenida por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014— acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encubrió esa práctica con una recomendación. “La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos en los que la tortura es flagrante; por lo que se confirman los sesgos y limitaciones de su recomendación”, advirtieron. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, algo tendrá que explicar. El caso sigue pendiente y la herida no termina de cerrar. Bitácora del director / 93 muertos al día

Diecisiete mil muertos (17 mil 10 para ser precisos) en los primeros 182 días del gobierno dan un promedio de casi 93.5 al día. Rápidamente se ha ido la décima parte del sexenio de López Obrador y la demanda de seguridad pública que impulsó al tabasqueño a la Presidencia no se ha cumplido. Se podrá alegar lo que se quiera, pero esos son los datos. No hay otros. Los números son irrebatibles porque es el propio gobierno el que los registra. López Obrador ya tuvo que reconocer que este año el país no crecerá ni al 4%, como se comprometió en campaña, ni al 2%, como apostó a principios de abril pasado y reiteró a fines de mayo. ¿Qué dirá sobre la inseguridad en el informe que presentará en el Zócalo el próximo lunes? Sería bueno que, en la misma línea del crecimiento económico, admitiera que las expectativas ciudadanas no se han alcanzado. Las razones pueden ser varias —seguramente no todas atribuibles al actual gobierno—, pero la corrección de un problema exige que, de entrada, se le reconozca. Es probable que AMLO sostenga que su principal estrategia para enfrentar la inseguridad aún no se ejecuta. Sería un argumento atendible, pues apenas esta semana se pondrá en marcha la Guardia Nacional. Lo que no podrá evitar el Presidente es que se demanden resultados a partir del punto en que parte: 93 muertos al día. Eso hizo él mismo desde la oposición: juzgar la actuación del gobierno en turno (de los expresidentes Calderón y Peña Nieto) a partir del muertómetro. Por congruencia, tendría que aceptar que se haga lo mismo con él. Y, aunque no lo acepte, así se hará. El 24 de abril pasado, López Obrador pidió un plazo de seis meses para que bajara la inseguridad. Hoy se cumple la tercera parte de ese lapso. Le quedan cuatro meses para cumplir. El problema es que la violencia no ha bajado. En los primeros 90 días del sexenio, el promedio de muertos estaba casi igual que hoy: 94 al día. Aquí he expresado que ojalá la Guardia Nacional funcione. Apostar por su fracaso es apostar por el triunfo de la criminalidad. Pero, para ser honestos, no veo que vaya a funcionar porque no se distingue en mucho de las anteriores. Sigo pensando que el camino hacia la seguridad debe fincarse en la construcción de policías municipales eficientes. El expresidente Calderón lo intentó, pero la idea no pudo culminarse por una falta de compromiso de los gobernadores, quienes siempre estuvieron más cómodos con que les enviaran a elementos federales (militares y policías) para hacer el trabajo. Hoy, las policías municipales ni siquiera son contempladas como parte de la solución. Así que la Guardia Nacional es lo único que hay. Quizá algunos aleguen que el gobierno también está intentando, mediante el otorgamiento de becas, convencer a las bases sociales de apoyo de desistir de incurrir en la ilegalidad. Sobre esto, baste decir que no hay una sola evidencia de que sirva y que las becas, y otros programas sociales, parecen más una forma de cooptación electoral que otra cosa. Dentro de cuatro meses, el 24 de octubre, habrá que evaluar si el gobierno de AMLO tuvo éxito (aunque, para ser justos, no fijó una meta precisa de reducción de la incidencia criminal). Si logró —digo yo— mínimo una reducción de 25% en el número de muertos al día, entonces así habrá de decirlo y darle más tiempo. Si no, uno esperaría un cambio de estrategia. Claro, junto con la admisión de que este gobierno —y no el anterior— erró en el diagnóstico y el remedio.