Editorial EL UNIVERSAL / Recorte en el gasto a partidos

La petición de recorte en el presupuesto electoral y en el reparto de gasto a las organizaciones políticas que contienden en elecciones ha sido una de las exigencias ciudadanas más reiteradas durante varios sexenios, pues la percepción social sobre los partidos políticos es, para muchos, que se trata de un gasto oneroso o, en el mejor de los casos, innecesario para la mayor parte de los habitantes de México. Ahora finalmente, tras décadas de promesas de reducir el gasto que el Estado otorga al sostenimiento de partidos políticos que, en teoría, deben representar los diversos intereses y posturas de pensamiento de la sociedad mexicana, el próximo martes se estaría en posibilidad real de comenzar el recorrido legislativo para reducir a la mitad el presupuesto general que se dispenda a estos organismos políticos, toda vez que entre sus integrantes y representantes hay consenso para que esta iniciativa se plasme constitucionalmente y se lleve a los hechos el próximo año. Se ha repetido innumerables veces que el voto en México es uno de los más caros del mundo, en tanto por el número y tamaño de sus partidos políticos, como por el elevado índice de abstencionismo que prevalece entre los votantes mexicanos, quienes se abstienen de ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes y representantes ante una creciente desconfianza y nula credibilidad hacia los candidatos y las organizaciones que los postulan, amén del agudo descreímiento en la propia fiabilidad del sistema electoral nacional. En tanto, cuando se ha mencionado la posibilidad de reducir el presupuesto que se destina a los partidos, la principal preocupación expresada en contra por los representantes de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, ha sido la de proteger la equidad en las contiendas electorales. Y si bien en tiempos recientes ha habido iniciativas de los propios organismos políticos para regresar parte del dinero que se les asigna y hasta promesas de varios de sus integrantes para reducirse el sueldo y recortar varios de sus gastos, lo cierto es que no ha pasado de ser sólo una intención que no había podido ser formalizada. De la posible reducción presupuestaria, todavía queda pendiente que se defina si el reparto del gasto subsistente se hará de forma equitativa, como lo han expresado algunos, o en una modalidad mixta en la que haya una distribución básica de presupuesto y una compensación extra según el número de votos que cada partido pueda recabar. En tiempos de austeridad republicana, es de esperar que el costo de sostener a partidos políticos se emplee mejor en las necesidades más apremiantes que tiene la población mexicana en cuestión de salud, seguridad o educación, tan sólo por mencionar las necesidades más demandadas. OPINIÓN / La planeación, factor para la pacificación de México

Desde el Congreso mexicano hemos trabajado de manera conjunta con el gobierno federal con la finalidad de brindar las herramientas adecuadas para hacer frente a los retos en materia de seguridad. La Guardia Nacional que el Congreso de la Unión aprobó a petición del Presidente de la República demuestra que la oposición parlamentaria ha actuado de manera solidaria con la estrategia implementada por el gobierno federal contra el crimen organizado, sin mezquindades ni contratiempos; sin embargo, también debemos reconocer que esta nueva institución que se ha desplegado por el país no ha sido utilizada de manera efectiva por el responsable de implementar la política pública en materia de seguridad, lo cual nos obliga a analizar y cuestionar el preocupante rumbo y los hechos inéditos que han tenido lugar en el país. El Congreso de la Unión ha sido un factor de unión y transformación institucional durante los últimos meses, que ha permitido la edificación de una nueva institución policial de carácter civil para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de los bienes y recursos de la Nación. Desafortunadamente y luego del plazo que el mismo Ejecutivo Federal ofreció a la sociedad mexicana para bajar los índices de inseguridad, no hemos alcanzado a vislumbrar resultados tangibles, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el año 2019 es el más violento del que se tenga registro con 25 mil 800 víctimas de homicidio doloso. Además, 65.6% de la población considera que la estrategia de seguridad nacional ha sido incorrecta y 42.5% de la población considera que la situación ha empeorado, ello de acuerdo con Consulta Mitofsky. La situación que vivimos de manera directa o indirecta los mexicanos —muchos horrorizados como espectadores de los niveles de violencia en el país, y muchos otros concertados por la vulneración en carne propia de su integridad y la de sus familias—, nos lleva a exigir una estrategia viable que defienda los derechos de la sociedad mexicana a vivir en un ambiente de concordia y de paz. Y que quede claro: no se trata de lucrar políticamente con la catástrofe ni con el terror, sino de enmendar el rumbo en favor de la seguridad de la sociedad mexicana. Así como el bloque opositor en el Congreso de la Unión se ha solidarizado con la construcción de un cuerpo armado, pero desmilitarizado, que tiene el legítimo uso de la fuerza pública y todas las atribuciones necesarias para hacer frente a la latente inseguridad que existe en el país; también habrá de respaldar aquellas acciones gubernamentales tendientes a alcanzar mejores condiciones de seguridad en el país. No obstante, lo cierto es que aún faltan muchas respuestas por parte de las autoridades públicas que clarifiquen las causas que han desatado los lamentables episodios de crisis que se han vivido en ciudades como Culiacán, Sinaloa. La sociedad mexicana exige una estrategia de seguridad pública que sea consistente, firme y que dé resultados tangibles para la población, pero sobre todo, para aquellas comunidades que han sufrido directamente los efectos de la lucha contra el crimen organizado y las cuales demandan una inmediata pacificación del país. Partiendo del reconocimiento del vertiginoso crecimiento de la violencia, es indispensable echar mano de todas las herramientas y acciones que permitan revertir esta tendencia, con el perenne objetivo de regresar la confianza y seguridad a las familias mexicanas, respetando cabalmente en todo momento los derechos humanos. 

Frentes Políticos

1. Cuando el pasado te alcanza. Se busca nuevo titular para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un grupo de probos mexicanos se ha enlistado para el cargo, entre ellos María Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra; Álvaro Vizcaíno Zamora, quien fue secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Carlos Pérez Vázquez, quien fungió como coordinador de Derechos Humanos de la SCJN. Lo extraño es que Pérez Vázquez, presunto promotor de algunos de los amparos del aeropuerto en Santa Lucía, ande “charoleando” ante Juan Silva Meza, expresidente de la SCJN, de quien fue su coordinador de asesores hace unos años. ¿Cómo, si estaban distanciados por actos de deslealtad de Pérez Vázquez?, quien, ni de broma, puede pedirle una carta de recomendación a su exjefe. Que ni lo intente; evítese el bochorno, don Carlos. 2. Dinero al caño. Todo le sale mal a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Ni baja la violencia ni sube su credibilidad. Cada día se hunde más en las encuestas de aceptación y no logra posicionarse pese al gastadero que ha emprendido para posicionar su imagen. Se reveló que su gobierno pagó al menos 75 millones de pesos, sin licitar, a operadores de redes sociales para promocionar sus “acciones”; además, las empresas beneficiadas estuvieron envueltas en polémicas por diferentes denuncias. Tres agencias, cinco contratos, adjudicación directa. “El camino hacia la refundación de nuestro estado ya empezó y juntos lo haremos una realidad”, es su lema. Pero en realidad está resultando un fiasco. ¿No querría decir: refundición? 3. Buena decisión. El Senado enmendó la plana a la Cámara de Diputados con nueve cambios a la Ley de Ingresos de la Federación 2020. “Lástima, Margarito, pero tenemos que regresárselas, con todo respeto”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien logró la eliminación de la legalización de los autos chocolate, así como el aumento en los derechos del agua para el campo. No dañar a sectores productivos como el automotriz o el agro mexicano es como se ejercen de mejor manera las facultades constitucionales. Monreal escuchó y atendió a varios sectores que quedaron indefensos con la aprobación del Paquete Económico 2020, aprobado por los Diputados. Once modificaciones que evitarán el aumento de impuestos y de derechos. De un plumazo apoyó a los productores del campo, al turismo y a la industria automotriz. ¡Así se hace! 4. Avalado. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, confirma con hechos por qué fue reelecto en 2018 con más votos que los que obtuvo en 2015, en su primera gestión al frente del ayuntamiento. Se dice fácil, pero hay mucho trabajo detrás que lo avala. Por una parte, dejó en claro que defenderá los predios que fueron entregados en comodato al municipio y que alguna vez pertenecieron al narcotraficante, Rafael Caro Quintero. El sector privado jalisciense le externó su apoyo. Están con él para lo que al futuro político le depare. Zapopan está teniendo la más alta plusvalía inmobiliaria en México, mencionó Lemus. Tiene tal apoyo de la ciudadanía por sus logros en favor del municipio, que no importan los colores partidistas con los que se cobije. Tiene carta abierta. 5. Paquete en blanco. Excélsior informó el 20 de agosto que un juez federal de la Ciudad de México concedió dos amparos que ordenan a la Cofepris autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína. Ahora, la SCJN aceptó analizar los amparos relacionados con la prohibición al uso lúdico de la cocaína y será el ministro Jorge Pardo Rebolledo, opositor a la utilización recreativa de la mariguana, el encargado de elaborar un proyecto de sentencia. Mediante un acuerdo, firmado por el ministro presidente Arturo Zaldívar, se concluyó que ante la existencia de un problema de constitucionalidad de la Ley General de Salud es imperativo que la Corte se pronuncie sobre el tema. Aún no concluyó el proceso por la cannabis y ya se meten en otro enredo. Consejo: como diría Jack, El Destripador: vamos por partes.  Bitácora del director / Ovidio y el fentanilo  “Nos preocupa mucho el aumento de la producción de fentanilo en México”, me dijo una fuente diplomática estadunidense con la que conversé a mediados de septiembre respecto del estado de la relación bilateral. Parecía que, una vez superada la crisis migratoria, las cosas marchaban sobre ruedas, pero la fuente hizo énfasis en la droga sintética que está matando a un promedio de 76 estadunidenses al día, de acuerdo con datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta hace un par de años, México era, principalmente, un lugar de tránsito de los precursores químicos para producir fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la heroína y diez veces más barato en su etapa de producción. De un kilo de fentanilo salen medio millón de dosis, que se venden en la calle hasta en 20 dólares cada una. Sin embargo, en poco tiempo nuestro país se ha convertido en un importante centro de producción de la droga, que no requiere de aparatosos operativos de tráfico ya que su potencia permite que pequeñas cantidades sean enviadas a Estados Unidos mediante servicio de paquetería. Las características del fentanilo incluso han vuelto innecesarios los sistemas de distribución que requieren la cocaína y la heroína, entre otras drogas, porque los usuarios pueden comprarlo directamente a través de internet y recibirlo por correo en su casa. Buena parte de esos paquetes y cartas pasan por un centro de recepción de correo en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), de Nueva York, donde agentes estadunidenses han descubierto algunos. El problema es tan serio que, en junio pasado, el diputado federal estadunidense Max Rose reclamó al gobierno estadunidense por no detener el fentanilo en JFK y dejar que inunde su distrito, el número 11 de Nueva York, donde las sobredosis se han vuelto epidemia. “Apenas están revisando 0.01% de la correspondencia, eso no es mostrar sentido de urgencia”, señaló Rose. “Es como buscar una aguja en un pajar”, han respondido los agentes de la DEA y otras corporaciones que tienen que buscar la droga entre cerca de un millón de envíos que llegan diariamente al aeropuerto. El 3 de octubre publiqué una entrega de esta Bitácora sobre el tema, que titulé “Fentanilo, el próximo conflicto con Estados Unidos”. Mencioné el hallazgo de cinco laboratorios clandestinos de la droga entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, tres de los cuales se realizaron en Sinaloa. “Se trata de un nuevo motivo de reclamo de Estados Unidos a México que pronto veremos aparecer con fuerza en el escenario informativo”, pronostiqué. Esto sucedió apenas dos semanas después de publicar esas líneas. Ayer, en su columna, nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez publicó que las autoridades estaban persiguiendo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desde hacía casi un mes. “La razón –detalló Jorge– es que Ovidio controlaba los laboratorios para procesar fentanilo en Culiacán, uno de los cuales había sido descubierto semanas atrás. Esta droga ha sido enviada a Estados Unidos y ha causado miles de muertes en ese país”. Jorge tiene razón. Como publiqué en este espacio, ese laboratorio fue localizado el 15 de agosto en la colonia La Conquista, a unos cinco kilómetros de donde fue detenido Ovidio Guzmán el jueves 17. Ahí fueron incautadas 2 mil 500 pastillas de la droga. El fentanilo se ha convertido en un lucrativo negocio para el Cártel de Sinaloa y le ha permitido sobrevivir al empuje de sus rivales. El episodio de la fallida detención de Ovidio muestra la presión a la que está sometido el gobierno de México por parte de Estados Unidos, que, a su vez, está bajo la lupa de legisladores como Rose. “Por eso la gente odia a los gobiernos”, espetó el diputado demócrata, al enterarse que sus recomendaciones para rastrear la droga no habían sido atendidas. “La próxima vez que tenga que ir a un funeral por una sobredosis, estén seguros que lo voy a comentar”.