Editorial EL UNIVERSAL / Mujeres bajo asedio

Marchas y protestas de mujeres en demanda de protección se realizan periódicamente a nivel nacional sin que la situación de inseguridad se modifique para ellas, que constituyen la mitad de la población. ¿Quién las escucha? ¿Quién propone alguna estrategia después de casos de asesinatos de mujeres en Nuevo León, Veracruz o la Ciudad de México? El problema es de alcance nacional. EL UNIVERSAL informa hoy que 2019 inició con un empeoramiento en las cifras de asesinatos de mujeres. En enero 304 perdieron la vida, la cifra más alta desde 2015, cuando se registraron 150 homicidios dolosos en el mismo periodo; en 2016 hubo 189; un año después, 199, y el año pasado 279 víctimas del sexo femenino. Los números se duplicaron en apenas cinco años. El promedio diario (10) de asesinatos de mujeres el mes pasado, superó el promedio que se registró en 2018: 7 homicidios diarios. El panorama no pinta nada bien para 2019. El problema, sin embargo, se originó hace décadas. Las primeras señales de alarma surgieron en los 90 cuando se dio una ola de homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Casi medio millar de casos que repetían prácticamente el mismo patrón: mujeres de entre 15 y 30 años de edad, de escasos recursos, cuyos cuerpos eran abandonados en el desierto. La mayoría de los asesinatos quedaron impunes. Desde entonces se han tomado acciones que no han arrojado los resultados previstos. En 2012 se tipificó el feminicidio en el Código Penal, entendido como aquel que se comete contra una mujer por razones de género y que prevé de 40 a 60 años de prisión. Se pusieron en marcha también las Alertas de Violencia de Género, mecanismo oficial para protección de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra. Organizaciones civiles las impulsan ante el gobierno federal a pesar de la oposición de gobiernos estatales, pues significaría admitir que el problema se ha desbordado por inacción o incapacidad. El domingo pasado este diario informó que la violencia intrafamiliar no ha dejado de crecer, de 126 mil casos anuales registrados en 2015 pasó a más de 178 mil en 2018. El primer escenario de violencia para la mujer es la casa. Hay testimonios de mujeres que han preferido abandonar su hogar, ante el temor de perder la vida a manos de su pareja. En parte, la violencia contra la mujer es un reflejo de la inseguridad en el país, donde la mayor parte de las corporaciones policiacas carecen de equipo y de preparación, la investigación es mínima y los delitos permanecen impunes. Sin embargo, una eficaz medida de prevención debe comenzar desde el hogar. Ahí se siembra la semilla de la violencia. OPINIÓN / 4T no es república democrática

La “Cuarta Transformación” es el eje rector del gobierno de López Obrador con la pretensión de erigirse como la continuación histórica, lineal, de la lucha independentista de Hidalgo y Morelos, de Juárez en la Reforma, de Madero en la Revolución Mexicana y ahora personificada en el propio AMLO. Él concentra —según esa lectura— el devenir natural de nuestra historia libertaria y justiciera. El hecho de que AMLO hable de “transformación” y no de “república” (que fue el concepto que los líderes de las luchas anteriores buscaron plasmar en las constituciones de sus respectivos tiempos) no es casual. Tampoco lo es que el lema de esta administración no sea “Gobierno de la República”, sino “Gobierno de México”. No es un asunto de términos o de “mera forma”, sino uno en el cual “la forma es fondo”. Porque una república democrática tiene contenidos esenciales que hoy son cuestionados por el actual régimen. ¿De dónde y por qué surgió el concepto de división de poderes y de controles y contrapesos institucionales que hoy se nos hacen aparecer como obstáculos para este gobierno? Nos viene directamente de la tradición inglesa y francesa para controlar el excesivo poder del monarca. Para ser precisos, Aristóteles fue el primero que expuso la pertinencia de que las tareas legislativas, administrativas y judiciales estuviesen a cargo de diferentes instancias del Estado. Luego Polibio planteó que el gobierno debía regirse por un sistema de “pesos y contrapesos” que facilitara los mutuos controles entre poderes. De Locke y Montesquieu se desprende el constitucionalismo anglosajón, francés y norteamericano, fuentes a su vez del mexicano, para quienes la prioridad es limitar al poder (Locke) y que los poderes se atemperen entre sí: la concentración de poderes atenta contra la libertad del individuo (Montesquieu). En México, con múltiples antecedentes históricos, la división de poderes se consagra en el artículo 49 constitucional. Aunado a ello, una larga lucha en el México contemporáneo llevó a la conquista de una democracia con un sistema político más abierto, una democracia liberal hacia finales del siglo XX, marco en el cual se inició un proceso de división real de poderes y nacieron los órganos autónomos (entre ellos el Banco de México y el INE), como tales, y como instrumentos constitucionales para limitar y controlar el manejo político y discrecional del presidente sobre el conjunto del Estado mexicano. Según Sartori, una democracia liberal, para serlo de verdad, requiere ser representativa, con elecciones periódicas y libres, que todos los representantes electos estén sujetos a un Estado de Derecho, con división de poderes, respeto a los derechos y libertades, inclusión de las minorías y pluralismo, tolerancia, una opinión pública fuerte (libertad informativa), transparencia gubernamental y real rendición de cuentas. Además —diría Fernández Santillán— “una república democrática se distingue por ser un régimen cuya legitimidad no brota de la voluntad divina sino de los ciudadanos, donde no impera la disposición arbitraria de una persona sino la ley, en el que hay separación de poderes”. Pues bien: todos estos preceptos, propios de una república democrática construida durante décadas de muchos esfuerzos de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, de luchas sociales diversas y de múltiples personalidades, hoy están siendo amenazados y socavados por el gobierno de la llamada 4T que no admite límites a su actuación, ni siquiera el de la Constitución, misma que si es necesario modificarla lo hace con los votos legislativos que ya compró inmoralmente para lograrlo. AMLO ha confrontado al poder judicial, a los organismos autónomos, a entes reguladores, a medios de difusión y hasta a la sociedad organizada, tildándola de “fifi”. La 4T no es sinónimo de república democrática, sino de autoritarismo. No es liberal, sino conservadora.