Editorial EL UNIVERSAL / Coatzacoalcos y la Guardia que no estuvo

El 19 de abril de 2019, tres hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar, celebrada en la palapa “Los Potros”, en Minatitlán, Veracruz. Dispararon a mansalva y dejaron a 15 personas muertas, incluyendo un bebé. El 24 de agosto de 2019, el bar “Caballo Blanco”, ubicado en Coatzacoalcos, a 20 kilómetros del sitio de la masacre de Minatitlán, fue incendiado deliberadamente por un grupo de delincuentes. Al menos 28 personas perecieron en las llamas. ¿Qué pasó en los cuatro meses que median entre esas dos tragedias? Pues pasó que la Guardia Nacional (GN) llegó y luego se fue. O al menos eso dicen las fuentes oficiales. Una semana después de los acontecimientos en Minatitlán, el gobierno federal ordenó el despliegue de 1,059 elementos de la GN. Se trató, según se informó en ese momento, del estreno de la nueva corporación. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, esos elementos cubrirían “Minatitlán, Cosoleacaque, así como Coatzacoalcos”. Sin embargo, el 13 de agosto, en la conferencia mañanera del presidente de la República, se presentó un reporte de avance de la GN que, entre otras cosas, detallaba el despliegue inicial de la corporación por coordinación territorial. Y allí se informaba que en la coordinación 1 de Veracruz, compuesta por los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, se tenía un despliegue de 289 integrantes de la GN, de los cuales 206 provenían de Sedena y 83 de Semar. Es decir, 770 menos elementos que en abril. Esa diferencia genera varias interrogantes: 1. ¿Hubo un repliegue masivo de la GN entre abril y agosto? De ser el caso, ¿quién lo decidió? ¿Se discutió en las reuniones que sostiene el presidente López Obrador con su gabinete de seguridad todas las mañanas? ¿Se le informó al gobernador Cuitláhuac García? Más importante, ¿por qué se decidió? La situación en la región no había mejorado mayormente en estos meses. De hecho, en algunas métricas, parecía ir empeorando: Coatzacoalcos registró 15 homicidios dolosos en julio contra 9 en abril. Asimismo, se reportaron al menos cuatro ataques incendiarios en la ciudad en el mes y medio previo a la tragedia del “Caballo Blanco”. Entonces, ¿por qué reducir estado de fuerza? 2. ¿Por qué, a la luz de la masacre de Minatitlán, no se le dio prioridad a la región en el despliegue inicial de la GN? Según el reporte del 13 de agosto, cuatro de las ocho coordinaciones territoriales de Veracruz tenían más personal asignado que la región sur del estado. Por ejemplo, la coordinación territorial 5, con sede en Martínez de la Torre, Poza Rica y Papantla, tenía a 406 elementos. A la 8, con sede en Coatepec y Xalapa, se le asignaron 390 elementos ¿Por qué esa distribución? ¿No sé suponía que las regiones más violentas recibirían atención prioritaria? (La tasa de homicidio de Coatzacoalcos es dos veces superior a la de Xalapa). 3. ¿Los elementos que fueron enviados en abril siguen allí, pero ya no forman parte de la GN, sino del Ejército o la Marina? Es decir, ¿el gobierno traslada a discreción elementos de la GN a la fuerza armada permanente y viceversa? Si es el caso, ¿dónde queda la “separación funcional” que mandata la ley orgánica de la GN? En conclusión, los terribles hechos de Minatitlán y Coatzacoalcos deberían obligar a una reflexión amplia sobre la estrategia de despliegue de la GN. Como se anticipó en esta columna hace algunos meses, los números no parecen estar dando para un despliegue permanente de la GN en todo el territorio. Habría tal vez que pensar en una distribución más focalizada. Eso, o resignarnos a estar siempre un paso atrás de la violencia.  Twitter: @ahope71

OPINIÓN / Cada golpe a los DH es un golpe a la democracia

El próximo primero de septiembre el titular del poder ejecutivo federal presentará su primer informe de gobierno. Los pendientes son muchos; sin embargo, como la mayoría de los gobernantes, seguramente no hará mención a las grandes deudas y errores que ha cometido su gobierno, entre los que destaca el combate a la delincuencia y la cancelación del programa de estancias infantiles. Este año ha sido difícil en cuanto a Derechos Humanos se refiere. No tengo duda que uno de los más oscuros pasajes en este año ha sido el ataque del Gobierno Federal en contra de los organismos públicos autónomos, en especial, en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Presidente de la República no sólo decidió no recibir personalmente el informe de la CNDH, sino que a la primera recomendación que se emitió por actos de su gobierno, resolvió rechazarla, aún y cuando dijo textualmente en diciembre pasado: “Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la CNDH y vamos a respetar su autonomía”. Sin embargo, ni aceptó sus recomendaciones, ni respeta su autonomía, ya que sigue latente la amenaza puesta como iniciativa del grupo mayoritario para eliminar de un plumazo todas las comisiones estatales de derechos humanos. Hace unas semanas, fuimos testigos de un nuevo ataque del grupo en el poder en contra de la institución defensora de los derechos humanos, ya que la mayoría de los legisladores del partido oficial decidieron desechar la solicitud que realizó el ombudsperson para citar a comparecer a los servidores públicos que no aceptaron la recomendación 29/2019, relativa a la cancelación del programa de estancias infantiles. Si los argumentos para rechazar la recomendación son débiles, los que dieron para que no comparecieran los servidores públicos son totalmente lamentables. Las dependencias involucradas argumentaron que el apoyo económico destinado para las estancias se estaba dando directamente a los beneficiarios, por lo que se cumplía con el principio de progresividad establecido en nuestra Constitución, sin embargo, es importante señalar que actualmente se dan menores recursos, ni se tienen los beneficios que otorgaba el programa anterior. Hoy, no hay seguro contra accidentes, capacitación, supervisión de las personas que cuidan a los menores, ni recursos para mejorar la infraestructura del lugar donde se encuentran las niñas y niños. Antes existía alimentación adecuada, vigilancia de salud, estimulación temprana y detección oportuna de discapacidades. Inclusive los menores que acudían a las estancias infantiles tenían como acreditado el primer año de preescolar. Se quejan de que presuntamente había corrupción en las estancias infantiles, pero crean un programa sin medidas de fiscalización adecuadas. No existe forma de garantizar que el recurso sea utilizado para el cuidado de las niñas y niños de este país. La situación de los derechos humanos en México es complicada; y el hecho de que representantes del Gobierno Federal se reunieran con grupos del crimen organizado no abona en nada en lograr los derechos de justicia y verdad que las y los mexicanos requieren. Confío en que el Gobierno rectifique el rumbo, cada golpe a los derechos humanos es un golpe a nuestra democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo. Senadora de la República

Frentes Políticos 1.  Capricho costoso. La actitud del senador Martí Batres en su afán por permanecer como presidente de la Mesa Directiva del Senado sólo ha traído aires de retroceso al partido que representa. Mientras Andrés Manuel López Obrador les pide cuidar al instituto político, Martí en una actitud sobrada, acudió a la Comisión de Honestidad y Justicia y la utilizó para que, violentando el debido proceso, fallaran a su favor. Permitió que la comisión se involucrara en asuntos del Senado sin legitimidad y el resultado es que los senadores de todos los grupos parlamentarios que ya han dado su aval a Mónica Fernández como presidenta del Senado, se sienten lastimados. Lo que molesta es que impugnó para que le dieran la razón, pero anunció que ya no peleará por la Mesa Directiva. Excesivo desgaste ante los ojos de todos. Ahora sí ya párenle. 2. La caja de las sorpresas. Pese a que Ramón Sosamontes, jefe de Oficina de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, colaborador directo de la exsecretaria Rosario Robles, pidió un amparo previendo que le congelarían sus cuentas, le fue negado. Así que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, bloqueó sus cuentas bancarias. Por ahora, no hay orden de aprehensión, pero los socios de la Estafa Maestra comienzan a hablar y ahora se sabe que podría estar involucrado Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la ANUIES. Hay 21 universidades bajo la lupa por contratar empresas fantasma con las que habrían desviado 5 mil millones de pesos del erario. No duden que no tardan en salir los nombres de peces grandes que pertenecían al grupo involucrado en la estafa, se dice en los pasillos de la UIF pudiera estar el del senador Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los artífices. Tiempo al tiempo. 3. Efectivo. Sin hacer tanto ruido, Porfirio Muñoz Ledo fue reelecto como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Y es que cumplir acuerdos es vital para la dinámica interna del Congreso, Muñoz Ledo garantiza una Mesa Directiva competente, necesaria para coordinar las expresiones e intereses de las fuerzas políticas ahí representadas. Dolores Padierna sostuvo que él debía continuar en el cargo, ya que “es un baluarte de la democracia y un icono de las causas de Morena”. El PAN había escogido a Xavier Azuara Zúñiga, pero la fuerza no les dio. Y como en esta historia siempre hay opositores, René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI, advirtió que la imposición de Morena puede derivar en una impugnación. Si Muñoz Ledo se afianzó a la silla es porque se lo ha ganado. 4. Unidos. Los morenistas no podían quedarse fuera de la foto, así que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la reunión del partido, todos quisieron meterse en la selfie. López Obrador pidió a los legisladores confiar en la propuesta del Paquete Económico 2020 que les enviará el 8 de septiembre y les adelantó que consolidará la política de austeridad. Les pidió “apretar el paso” para transformar al país. Mario Delgado, líder de los diputados morenistas, compartió que el Presidente les pidió cuidar “que el presupuesto público sea un instrumento de la transformación, facilite el desarrollo y evite el saqueo y la corrupción”. Otro trago amargo para los funcionarios acostumbrados al derroche. Hacer más con menos es la lección de este sexenio. 5. Todos parejo. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, firmó un convenio de colaboración con Jesús George Zamora, titular del Órgano Interno de Control del INE, para reforzar el combate a la corrupción. La funcionaria hizo “un respetuoso llamado” y le exigió lograr un organismo electoral confiable, austero, honesto y fiscalizable. Destacó el oneroso costo de las elecciones y la resistencia de algunas autoridades electorales a abandonar privilegios y unirse a los principios de austeridad. Con este convenio se coordinará e intercambiará información en materia de fiscalización de recursos públicos, para prevenir corrupción y faltas administrativas. Todo está bien, salvo que los consejeros se rehúsan a bajarse el sueldo. Creen que valen lo que cobran. Bitácora del director / Rectificar

El presidente Andrés Manuel López Obrador otorga un gran valor al cumplimiento de su palabra. Prácticamente, todos los spots que se han difundido con motivo de su primer Informe de Gobierno tienen que ver con el aterrizaje de alguna promesa de campaña: su sueldo y su seguridad personal como mandatario, los programas sociales, etcétera. Es verdad que una gran deuda de los políticos con los ciudadanos es cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, y López Obrador ha buscado hacerlo. De hecho, más allá de lo que se piense de los compromisos que hizo como candidato, debe reconocérsele que muchos de ellos se han concretado desde que asumió el poder. Ahí están, por ejemplo, la cancelación de la “mal llamada reforma educativa” y la eliminación del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas de campaña es bueno en abstracto, pero no siempre lo es en lo concreto. Si la promesa es dañina para el interés público, lo mejor es que no se cumpla. Y a veces el costo de respetar lo ofrecido es ver cómo se estrellan las intenciones contra la terca realidad. Esto último le ha pasado. En su esfuerzo por tirar por la borda todo lo realizado por sus antecesores, así como por hacer las cosas de forma diferente, algunas de sus políticas han naufragado en el mar del realismo. Incluso ha tenido que ver cómo mantener una promesa, como cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ha provocado el incumplimiento de otras, como el crecimiento económico. ¿Sabía López Obrador que eso ocurriría? Seguramente no. O su equipo no calculó bien las variables o confió de más en la diosa Fortuna para que todas las promesas saliesen adelante sin atropellarse unas a otras. Pero si bien el hoy Presidente tiene un lado irreductible, también tiene otro muy pragmático. Y en días recientes, lo ha dejado ver. Lo hizo en la renegociación con las empresas constructoras de los gasoductos y al recibir al director general de la empresa de energía ENI, quien le llevó a Palacio Nacional una prueba física de que ya está extrayendo petróleo como parte del contrato que ganó con la Reforma Energética. Si bien López Obrador ha sido crítico de esas rondas de licitación, al punto de que su gobierno las puso en suspenso, el miércoles subió un comentario a su cuenta de Twitter que sorprendió a más de uno: “La empresa italiana ENI es la primera en producir petróleo luego de cuatro años de aprobada la reforma energética. El director general, Claudio Descalzi, me trajo una muestra del aceite que están extrayendo en Tabasco. Le agradecí por cumplir con su responsabilidad y confiar en México”. Hay quienes han visto ese tuit y el acuerdo con las gaseras –además de un comentario reciente del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en el sentido de que López Obrador cree que debe clarificar su política energética– como señales de que podría darse una inusitada apertura en el sector. Si esto ocurre, estaremos ante el reconocimiento de que la realidad ha hecho imposible cumplir todas las promesas de campaña y tener que abjurar de algunas de ellas para poder sacar adelante las más importantes, como el crecimiento económico. Aun así, no debe esperarse que tal vuelta en “u” venga acompañada de una admisión explícita de que el gobierno ha cambiado de parecer. Eso no ocurrirá. Si algo evita el Presidente es reconocer que se equivocó y dejar que se le perciba como un político semejante a los anteriores. Si esa vuelta en “u” llega a darse, no será abrupta y chirriante, como la que haría un tráiler doble remolque en una carretera secundaria, sino suave, como las que dan los aviones a 10 mil metros de altura, que pasan inadvertidas por los pasajeros, aunque sean un cambio de curso.