Editorial EL UNIVERSAL / ¿Apoyo a paisanos?

Cuando miles de personas abandonan un país para buscar mejores oportunidades en otra nación ¿a qué gobierno le corresponde atender sus necesidades? Si la emigración se realiza de manera legal, el gobierno receptor les concede derechos. La situación es distinta en el momento en que cientos de miles de personas ingresan a otro país de manera ilegal, sin los documentos que todo gobierno requiere para recibirlos. Ese escenario enfrentan millones de mexicanos que dejaron el territorio en las últimas tres décadas para dirigirse a Estados Unidos sin documentos. Este sector se encuentra al mismo tiempo sin los derechos plenos de todo ciudadano estadounidense y sin tener acceso a los distintos servicios que les corresponde por haber nacido en suelo mexicano. Luego de los miles de millones de dólares que ingresan al país gracias a las remesas que envían, los gobiernos federales han volteado a verlos en los últimos años, aunque los esfuerzos para vincularlos con el país y en especial con sus poblaciones de origen siguen sin consolidarse.  Por el contrario, el aumento de tarifas que se ha anunciado para diversos trámites podría alejarlos. A partir del miércoles 1 de enero los connacionales que se encuentran en Estados Unidos tendrán que pagar más por los trámites que realizan ante los consulados o ante la embajada. El costo de una matrícula consular será de 30 dólares, a pesar de que en este momento se erogan solo 27 dólares. Las tarifas también se incrementarán para trámite de pasaporte y declaratoria de nacionalidad. Mientras se dan los aumentos, los recursos para la defensa de nacionales van a la baja. En 2018 el programa Protección, asistencia y servicios para los mexicanos en el exterior recibió 836 millones de pesos, pero en 2019 únicamente se le asignaron 564 millones de pesos. Los recursos de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior se redujeron de 198 millones de pesos a 162 millones para 2019. Los millones de paisanos que se encuentran en Estados Unidos requieren de la coordinación de esfuerzos estatales y federales para enfrentar su día a día en un país diferente. A nivel local también hay intentos por integrar a los mexicanos que han emigrado. Los gobiernos de Zacatecas, Puebla y Oaxaca, por ejemplo, crearon dependencias para apoyar a quienes han abandonado sus comunidades. Sin embargo, los connacionales aún están a la espera de programas de largo aliento que les brinden apoyo real. Ojalá lleguen pronto. Con los sentimientos antimigrantes en amplios sectores de EU, hoy los necesitan más que nunca.

30 de Diciembre de 2019

1. Mucho cuidado. El Senado deberá regular el uso lúdico de la mariguana a más tardar el 30 de mayo de 2020, por mandato de la SCJN, y luego de una prórroga de casi medio año. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que entre los pendientes para desahogar en el próximo periodo ordinario de sesiones está la cannabis para uso recreativo. A mediados de año, durante más de cinco días, 900 personas se dieron cita en la antigua sede del Senado para las conferencias Rumbo a la Regulación de la Cannabis, organizadas por las comisiones de Justicia; Salud; Estudios Legislativos, Segunda, y de Seguridad Pública. En teoría, el tema está sobreanalizado. Mucho ojo. Cualquier yerro puede dar al traste y contaminar a la sociedad. Y eso no conviene a nadie. 2. El redescubrimiento del hilo negro. Héctor Larios, secretario general del PAN, aseguró que a su instituto político le hace falta tener más presencia en las calles, en los medios y otros espacios para lograr consolidarse como una opción ante el actual gobierno. Reconoció que al panismo le hace falta presencia y propuestas. Y mostró su preocupación porque ve al poder concentrado en una sola persona. “Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme de cara a la sociedad, de cara a la gente para construir la conciencia de que es importante que existan contrapesos y que exista equilibrio”, dijo. Buscarán simplificar los procesos de afiliación para tener una mayor militancia, como una de las primeras estrategias. Pero, ¿cercanía con la gente?, ni cuando accedieron dos sexenios al poder. Son el PAN. 3. Cordura internacional. Al igual que policías y militares, vecinos bolivianos contrarios a Evo Morales montaron guardias para evitar que “escapen” los exfuncionarios asilados en la embajada mexicana en La Paz. Civiles reforzaron la vigilancia que desde hace días mantienen agentes de seguridad bolivianos, para evitar “la fuga” de quienes son buscados por el gobierno interino de Jeanine Áñez. En el conflicto, México terminó de rehén. Y ellos tienen la percepción de que Andrés Manuel López Obrador es el provocador. Muchos quisieran una respuesta a punta de metralla, pero olvidan que, históricamente, México es una nación de paz. No buscabullas, como otros. Marcelo Ebrard, el canciller, tiene la batuta. Escuchemos el Himno a la alegría, soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. ¿Es mucho pedir? 4. Adiós a la sextorsión. Palmas para el Congreso de Michoacán. Diputados aprobaron tipificar la violencia digital a la intimidad sexual como un delito al derogar, adicionar y modificar varios artículos del Código Penal del Estado y de la Ley Por Una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley Olimpia, que castiga este tipo de delitos sexuales hacia las mujeres, principalmente. Son ya varias las entidades que se han adherido a esta ley. El delito de violencia digital tendrá penas que van desde los cuatro y hasta los ocho años de prisión, así como multas que van desde mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. Sandra Luz Valencia, diputada local, confirmó que grabar desnudos sin consentimiento ya será motivo de prisión. Y eso es un gran avance. 5. Espíritu navideño. José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, mostró lo blandito de su corazón. Después de un análisis minucioso, otorgó indulto a 55 personas privadas de su libertad en víspera de Navidad. Lo malo es que mientras él queda bien consigo mismo, se difunden anomalías relacionadas con despilfarros y desvíos de recursos de la contralora estatal, Raquel Leila Arreola Fallad, quien ha contratado a varios despachos particulares a los que les ha asignado honorarios que oscilan entre los 150 mil y 350 mil pesos por cada una de las 60 auditorías externas que realizó a algunas dependencias del gobierno estatal. En el estado más pobre del norte de México la corrupción es abiertamente tolerada por el gobernador panista. Felicidades.