Editorial EL UNIVERSAL / La inconformidad de la PF Con elementos policiacos inconformes es complicado que las estrategias de seguridad en cualquier ciudad o país tengan éxito. La protesta que iniciaron el miércoles integrantes de la Policía Federal fue solo el pico de un tortuoso camino en la creación de la Guardia Nacional. Mucho antes de lo acontecido esta semana se dio una enorme presión de organizaciones civiles para que el Congreso eliminara de la propuesta inicial el carácter militar de la Guardia Nacional. Un acuerdo legislativo dio un traje civil a la Guardia Nacional, aunque su perfil sea eminentemente militar. A ello se añadieron declaraciones frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal es una corporación “muy echada a perder”. Más recientemente, los policías federales hicieron reclamos por las condiciones en que desempeñaban su labor: dormían hacinados, sobre cartones o colchonetas, y las instalaciones sanitarias eran deplorables. Quienes fueron asignados a reforzar al Instituto Nacional de Migración recibieron uniformes que no correspondían a sus tallas. Por reclamar ese tipo de inconvenientes solo se escuchó una reprimenda de sus superiores. En el periodo de transición para convertirse en la Guardia Nacional, los policías federales no tuvieron acompañamiento de la autoridad. Es en este momento cuando les informan que perderán derechos laborales como el bono de operatividad, superior a los 9 mil pesos, además de que les pidieron su renuncia antes de ser integrados a la Guardia, lo que implica eliminar su antigüedad laboral. Cuestionan también que las evaluaciones estén a cargo de militares. A pesar de la tensión, la sensatez dominó y el diálogo se puso en marcha, aunque en medio de un proceso para deslegitimar las protestas. El discurso oficial es que su causa no es justa, que hay “mano negra” en las movilizaciones y que algunas de las voces que destacan en la protesta han incurrido en delitos. Las movilizaciones recuerdan otras tantas que se han dado desde el primer día de gobierno. Grupos de trabajadores que exigen un trato digno y justo, así como el respeto a sus conquistas laborales. Esta ocasión se trata de elementos de una institución que logró cierto grado de profesionalización, sin que eso signifique que se trata de una corporación inmaculada. Es válido elegir a los mejores elementos, pero deben ser totalmente transparentes las razones de un eventual rechazo. Además, cualquier separación tiene que estar apegada totalmente a la ley. Mientras eso no ocurra, el país pierde horas cruciales para contener la inseguridad. OPINIÓN / Gasto público y crecimiento económico

En la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que realiza Banco de México, correspondiente al mes de junio del año en curso, nuevamente se reporta una estimación a la baja en el crecimiento del PIB para 2019 y 2020. Para el año actual la media de las respuestas en el mes de junio de los grupos de análisis y departamentos de estudios económicos de bancos y otras firmas de las finanzas y consultorías en economía del sector privado estiman un crecimiento del PIB de 1.13%. Para 2020 la estimación es de 1.66%. La reducción en las expectativas de crecimiento de la economía que se reportan en estas encuestas se refuerza desde el mes de octubre del año pasado, existiendo un comportamiento semejante para el año próximo. El crecimiento previsto en estas estimaciones no implica un cambio positivo con el desempeño de la economía de los años previos.  Un crecimiento del PIB de ese orden no genera condiciones estructurales para avanzar en la disminución de la desigualdad social. Tampoco permite un amplio crecimiento del trabajo formal y no es el mejor contexto para alcanzar incrementos significativos en los ingresos de amplios grupos de la población. Sin duda el crecimiento de la economía debe estar acompañado de otras medidas que hagan posible la creación de empleos dignos y la disminución en la desigualdad social. Pero es necesario un aumento mucho mayor del PIB que se articula con mejoras en el sistema educativo, con la ejecución de una política de salud para el conjunto de la población, con la conservación del medio ambiente e incluso con el desarrollo de fuentes alternativas de energía. La observación sobre el comportamiento futuro de la economía que se considera en la encuesta para el periodo de 2020 a 2029 no implica un cambio en la tendencia, se pronostica un crecimiento anual del producto de 2.19%. Otras estimaciones de organismos financieros y económicos multilaterales para el año actual y el próximo no difieren sustantivamente de la presentada por Banco de México. Incluso en los Criterios de Política Económica para 2019 hay cifras semejantes y en las estimaciones para los años siguientes tampoco se constata un cambio en la tendencia. A la fecha es necesario avanzar en la discusión del tema y encontrar los medios que permitan un crecimiento mucho mayor del PIB a partir del cual se avance en el desarrollo social. Un aspecto relevante en la discusión se ubica en el campo de las finanzas públicas, en particular en el gasto público. El tamaño del sector público en México medido por el peso del gasto con relación al PIB es muy inferior al de los países desarrollados. Incluso, en los países de crecimiento sostenido en décadas recientes el tamaño del sector público es mucho mayor. En ese contexto es que debe valorarse el desempeño reciente de las finanzas públicas y en particular del gasto público. Al mes de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en los primeros cinco meses del año hay un superávit en el balance público, frente al ligero déficit que se tenía programado. También destaca que existe un gasto neto presupuestario inferior al programado por la suma de 140.7 mil millones de pesos, en particular debido a un menor gasto programable de 106.2 mil millones de pesos. Es un escenario que no propicia el crecimiento económico y refuerza las tendencias negativas que desde hace meses se observan en el comportamiento de la inversión. El reforzamiento de algunos segmentos del consumo privado derivado del gasto en los programas sociales no revierte la dinámica de la economía. Por ejemplo, no influye en otros ámbitos del consumo privado como lo revela el comportamiento a la baja que se observa en el mercado de ventas de automóviles. Es necesario considerar la situación en su conjunto y proceder a realizar los cambios en las finanzas públicas que resulten compatibles con el crecimiento, en particular en un contexto en que gana fuerza o se mantiene la debilidad en la economía a la vez que hay inestabilidad en los mercados financieros internacionales. Es imprescindible valorar los datos económicos con el objetivo de alcanzar un crecimiento suficiente para lograr la reducción en la desigualdad social.

Frentes Políticos 1.  Prioridad. Cuando se trata de manifestarse, los mexicanos ya nos la sabemos. Mostrar el poder de convocatoria es casi siempre la llave para lograr acuerdos. No es diferente en el conflicto con la hasta ahora Policía Federal. Ante los reclamos de la oposición, que sigue con lupa cada detalle de la Cuarta Transformación, tiene razón Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, que la crisis laboral no “debe politizarse”, porque es un tema de “pasivos laborales” que debe arreglarse “con prontitud y técnica administrativa”; descartó que el paro de actividades de miembros de la PF provoque ingobernabilidad en el país. Lo que es más cierto es la urgencia de que se resuelva el nacimiento de la Guardia Nacional. Donald Trump dio 45 días para resolver el problema en la frontera sur. Y el tiempo vuela. 2. Gallitos. Llama la valentía a destiempo con la que se presentan los perredistas. Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, pidió investigar y, “en su caso” procesar penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto, por su presunto contubernio en actos ilícitos relacionados con la empresa Odebrecht, pues consideró “increíble” que en otros 12 países ya se haya destituido y encarcelado a presidentes y expresidentes por su complicidad con la compañía brasileña. Presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso y recordó que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren denuncia alguna para ser investigados. ¿Y por qué el PRD guardó silencio hasta ahora?, ¿por qué no exigir lo mismo cuando Peña habitaba Los Pinos? Así, pues qué valientes. 3. Punto flaco. La Fiscalía General de Jalisco no le está entregando buenas cuentas al gobernador Enrique Alfaro. La institución se mantiene en alerta tras las amenazas que han recibido de ataques tras el asesinato de dos agentes investigadores ocurridos en Tlajomulco el 21 de junio, además de otro atentado registrado ese mismo día en la colonia Auditorio, en Zapopan, contra la coordinadora de puestos de socorro, quien resultó ilesa. Tres atentados casi simultáneos, una balacera y un policía baleado en vía pública. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal estatal, no descartó que haya más atentados, no sólo contra personal de la Fiscalía, sino también de otras dependencias. Mientras ellos se ponen los chalecos blindados, ya hay voces que piden su renuncia. Que está rebasado, dicen. Pero sólo un poquito. 4. Se están tardando. Llegaron sus cinco minutos de fama. Para responder a la demanda de la ciudadanía de que se reduzca el financiamiento público a partidos políticos, el senador Martí Batres presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa que propone bajarlo al 50 por ciento. Explicó que la reducción a la mitad sería para los partidos políticos locales y nacionales con participación electoral local. “Esta reforma es congruente con la exigencia ciudadana de que no se despilfarren ni desperdicien los recursos públicos y que se libere el presupuesto con fines políticos para canalizarlos al gasto social y a la inversión productiva”, destacó. Es evidente que un gran grupo de políticos ha vivido cómodamente del presupuesto. A ver si con esto les quedan ganas a los nuevos partidos. O mejor se meten a lavar ajeno. 5. Orden. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se enviará una iniciativa al Congreso local para reformar algunos delitos, como que los reincidentes obtengan un mayor castigo. Estas modificaciones también aplicarán a los policías que estén relacionados con algún delito, y detalló que durante su administración se ha enviado a 113 elementos ante el Ministerio Público. “Nuestro objetivo es que la policía sea honesta y que esté bien preparada, si eres policía va a ser doble pena, si delinquiste”, comentó al visitar Ciudad Imagen. También confirmó una noticia que es más que necesaria: habrá sanción para los ciudadanos que agredan a los policías, tanto administrativas como penales, dependiendo de los daños. Llegó la hora de que nos respetemos todos. Bien por eso. Bitácora del director / Venezuela sin maquillaje

El viernes 21 de junio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluía su visita de dos días a Venezuela, país en el que ella y su equipo habían realizado casi 560 entrevistas y 160 reuniones para documentar el estado de las garantías individuales en el país sudamericano. Ese mismo día –sin esperar siquiera a que la también expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dejara Caracas–, agentes de la policía política del régimen de Nicolás Maduro detuvieron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Sin revelar nombres, el gobierno de facto de Venezuela informó que 13 militares y civiles habían sido capturados como presuntos participantes en un intento de golpe de Estado. La esposa de Acosta denunció su desaparición el sábado 22, pero no fue sino hasta seis días después que se volvió a saber públicamente de él, cuando apareció ante un juez. El militar estaba en silla de ruedas, con la mirada perdida y con signos evidentes de haber sido torturado. El juzgador le preguntó si había sido sometido a tortura, a lo que el militar respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. El sábado 29 de junio, pocas horas después de haber sido trasladado a un hospital por orden del juez, Acosta falleció. La autopsia reveló que Acosta murió por “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”. En términos llanos, fue víctima de aplastamiento, traumatismo y electrocución. El asesinato del militar por parte del régimen probablemente no alcanzará a aparecer en el informe final de Bachelet, que se dará a conocer formalmente este viernes. Sin embargo, los adelantos que comenzaron a circular ayer revelan el uso sistemático de la violencia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. El informe describe un país en profunda crisis económica, social, de salud y de seguridad y apunta al régimen de Maduro como el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. Las fuerzas de seguridad, añade, han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que las víctimas fatales se resistieron a ser detenidas. Ese ha sido el caso de casi cinco mil 300 muertes en 2018 y casi mil 600 hasta mayo pasado. “Los servicios de inteligencia han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y sus familiares”, dice el reporte de la ONU. Además, operan en el país colectivos armados, que “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión”. Esta misma semana, el adolescente Rufo Antonio Chacón Parada perdió la vida mientras participaba, junto con su familia, en una protesta por la falta de gas que aqueja a los habitantes del estado fronterizo de Táchira. El médico que lo revisó contó 52 perdigonazos en la cara, producto de un disparo de escopeta de las fuerzas de seguridad. El demoledor reporte también destaca que Venezuela es un país en el que miles de personas han muerto por falta de material de curación y medicamentos, y en el que las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos adolescentes van al alza por la falta de acceso a preservativos. Ésa es la Venezuela que queda después de 20 años de políticas populistas y autoritarias, que algunos aún se atreven a citar como modelo o se resisten a condenar con todas sus letras.