Editorial EL UNIVERSAL / SAT: el enemigo en casa

Desde hace años diversas organizaciones internacionales y nacionales han señalado el bajo nivel recaudatorio que tiene México en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos e incluso con otras naciones latinoamericanas. Datos de 2016 refieren que los recursos que llegan a las arcas públicas por cobro de impuestos representan 16.6% del Producto Interno Bruto, mientras en Argentina y Brasil el índice es superior a 30% respecto del PIB, y en Francia, Italia y Austria la proporción rebasa el 40%. Ha habido sexenios en los que prácticamente cada año se modificaban las condiciones fiscales, hubo también intentos de reforma fiscal por medio de convenciones hacendarias, pero la recaudación no ha avanzado como se esperaba. ¿Y si el problema es la instancia recaudadora? ¿Y si quienes se dedican a esa tarea no la cumplen de manera cabal? EL UNIVERSAL publica información que puede ir en esa ruta. En el sexenio anterior, 13 de cada 100 empleados del Servicio de Administración Tributaria, órgano recaudador del país, estuvieron involucrados en acciones irregulares. De ellos, 555 funcionarios fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohecho. El mayor número de los ilícitos se cometieron en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, seguida por la Administración General de Aduanas y el área encargada de Grandes Contribuyentes. Al SAT se le han dado mayores facultades para indagar y actuar contra operaciones sospechosas de lavado de dinero, con el fin de golpear las finanzas de los grupos criminales, pero el éxito ha sido escaso. Desde el año pasado el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) advirtió de ello al señalar que México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el lavado de dinero, pero la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley daña su capacidad para investigar y castigar este delito. El hallazgo de presuntos ilícitos cometidos por empleados del SAT se agrava porque representa posibles implicaciones en áreas cruciales para el país. En materia de seguridad, se deja de actuar para congelar cuentas de quienes han cometido ilícito. En materia social, la menor recaudación frena la posibilidad de destinar mayores recursos para resolver las desigualdades sociales. Organismos como el SAT son clave para la vida del país, por lo que se requiere un estricto control sobre quienes lo integran. No se puede concebir que elementos de esa instancia, pensada para ayudar a fortalecer el erario, sean los primeros en saquear los recursos. Es como tener al enemigo en casa. OPINIÓN / Las “vías que descarrilan” la 4T

En los últimos días se han acumulado diferentes problemas que amenazan la buena marcha del gobierno y que requieren “enderezarse”. Infecciones que, sin antídotos, pueden convertirse en “gangrenas” que carcoman el cuerpo público. Un grave síntoma es el bloqueo por la CNTE de las “vías” que afectan seriamente a la economía y pueden “descarrilar” lo poco que queda del Estado de Derecho. Es un vil acto de chantaje, criminal violación de leyes federales. Aplicar la ley no es “reprimir”. No actuar significa que le tomarán la medida al gobierno, que no podrá gobernar a “billetazos” para cuanto grupo social lo amenace. Las huelgas en las “maquiladoras” de Matamoros ponen en riesgo otro sector económico clave. La incompetente presentación de Pemex en Nueva York y la propuesta de una absurda refinería para una empresa quebrada, nos pone al borde de la descalificación, que costará millones; la cancelación del aeropuerto de Texcoco y construcción de Santa Lucía costará cerca de $400,000 millones de pesos, casi el doble de los muy esforzados ahorros de gasto que se hicieron para los “proyectos prioritarios”. El otro gran problema es que con el catálogo de 100 puntos de gobierno no se alcanza a configurar una “estrategia” para lograr una Transformación, como se pretende. Se trata de un catálogo aspiracional, que mezcla algunos compromisos importantes con “ocurrencias” y muchas “dádivas” sociales. Una estrategia requiere objetivos claros, instrumentos eficaces y personas competentes que los lleven a cabo. Es evidente que en 4 entidades clave (Energía, Pemex, SCT y Trabajo), origen de los más serios errores, los responsables no están a la altura requerida. Una verdadera estrategia de transformación debe sustentarse en lo económico: 1º. La centralidad de la meta de acelerar el crecimiento a un mínimo de 4% anual. La ruta oficial programada es de alrededor de 2.5% de aquí al 2024. Eso es el “más de lo mismo del crecimiento mediocre”, que se critica al neoliberalismo. Lograr la meta requiere una Motivación Nacional de todos los actores y alinear todos los instrumentos de política. Ser motor del Plan Nacional. Sin ello no podrá lograrse nada en lo social, incluyendo el empleo. 2º. Aumentar la inversión pública, baja y a la baja por muchos años, con una lista de proyectos detonadores, rentables, bien evaluados, no ocurrencias y “elefantes blancos”. 3º. Generar más recursos tributarios (una reforma fiscal), los que se tienen no aguantan 3 años para satisfacer expectativas y presiones ineludibles (pensiones, servicio de la deuda). No puede atacarse la desigualdad sin un ISR redistributivo, que ningún gobierno progresista ignora. 4º. Configurar un verdadero Estado de Bienestar Social, anclado en 4 pilares de envergadura: un Sistema de Salud Universal, un Sistema de Pensiones reformado, un Seguro de Desempleo acotado y, un Ingreso básico paulatino. Para ello, deben cancelarse los miles de programas de ataque a la pobreza dispersos, inclusive las múltiples “aspirinas” que ahora se agregan. 5º. Un “sistema financiero para el desarrollo”, sustentado en los bancos de desarrollo, eficaz instrumento “parafiscal”. No desmantelándolos (como Bancomext). Una banca privada que privilegie la “producción”, no el consumo o las cuantiosas utilidades de las matrices. El apoyo a las Pymes debe estar articulado en una verdadera Política Industrial y Tecnológica, que no se ha planteado. 6º. El objetivo no debe ser la “austerocracia” que paraliza la economía, sino formar un Estado eficaz, fortaleciendo, no desmembrando, las instituciones indispensables y sí continuar reduciendo o eliminando los gastos dispendiosos. ¡Ojalá se “reencarrilen” las vías!

Frentes Políticos I.  Consciente. Crear una nueva Constitución no sería viable en el futuro próximo, pero sí impulsar reformas que hagan cumplir lo que ofrece la Carta Magna de 1917, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar en el Teatro de la República, en Querétaro, la ceremonia por el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política, refirió que buscan una nueva transformación “y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes”. Las reformas que plantea son tres: tipificar la corrupción como delito grave, reforzar el combate a la corrupción y hacer efectiva la democracia en el país. La nación no está como para reorganizarla desde cero, comencemos por respetar la Carta Magna. Aprovechemos el tiempo. II. Oposición inteligente. En el mismo evento, desde la tribuna del histórico Teatro de la República, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, aprovechó para ubicarse como voz opositora, pero de manera inteligente, sin un ánimo de confrontación estéril. Ante los representantes de los Poderes de la Unión, el mandatario planteó una nueva forma de convivencia política en beneficio de quienes menos tienen. Afirmó que la democracia debe conducirnos a la unidad y nunca a la división. “Tengamos la generosidad de incluir a México como una totalidad; nadie puede ser excluido de este gran esfuerzo nacional”. Si todas las voces discordantes actuaran así, la historia del país describiría una nueva y mejor ruta. III. Suciedad. Todo tiene un por qué y Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, explicó porqué del recorte de dos mil 28 millones 640 mil pesos al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Es parte de la estrategia del gobierno federal para acabar con la corrupción en este programa. Advirtió que los casos detectados no fueron aislados, encontraron irregularidades en todo el sistema, por lo que ya no funcionaba de manera óptima. “Las bondades que al principio tuvo este esquema fueron desapareciendo paulatinamente y en algunos segmentos se convirtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y desatención a los niños, lo que nos llevó a tomar la medida”, resaltó. Hay protestas por el recorte. ¿Por qué no las hubo por el desvío de recursos? IV. Punto y aparte. Una vez más, el gobierno federal deja clara su intervención en el conflicto que vive Venezuela. Marcelo Ebrard, canciller de México, aseguró que la postura del gobierno mexicano no es defender o respaldar a Nicolás Maduro ni a su régimen, sino promover el diálogo para resolver una crisis que podría desencadenar en violencia, incluso una guerra civil, que el gobierno federal busca un diálogo inteligente y sin intervención de otros países. “México usará su peso moral y político para mediar en el conflicto de Venezuela”, comentó. “No está en nosotros imponer condiciones a las partes, sino buscar que se encuentren”. Afirmó: “Vamos a usar ese peso y reconocimiento para procurar evitar un enfrentamiento”. Lo asombroso es que en México haya sectores que pretendan obligar al gobierno mexicano a tomar una postura mejor que ésta. No la hay. V. Uno más. A la lista de otros funcionarios saqueadores del erario o que son requeridos por autoridades internacionales se sumó ahora el exgobernador interino de Coahuila, incluido en la lista de los más buscados de la DEA. Fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, y se espera su extradición a Estados Unidos. Debido a leyes mexicanas que protegen el derecho a la presunción de inocencia, la Fiscalía sólo se refirió al él como Juan T, pero una fuente de la misma institución confirmó que se trata de Jorge Juan Torres López. Afronta acusaciones por delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, y es requerido por una Corte de Texas. Media decena de exmandatarios mexicanos se encuentran en prisión acusados de corrupción o de presuntos nexos con el narcotráfico. Eso no está nada bien. BITÁCORA DEL DIRECTOR / Dinero bueno al malo

De origen inglés, la expresión “tirar dinero bueno al malo” se refiere a gastar en algo problemático una suma adicional a la que se ha erogado ya, con la esperanza fútil de componerlo o, cuando menos, recuperar la inversión inicial. Uno de los usos más antiguos de la susodicha expresión aparece en las memorias del actor, productor de teatro, dramaturgo y poeta Colley Cibber (1671-1757), quien reconoció haber mantenido obras en escena que perdían dinero sólo para que se le reconociera como una persona exitosa, y aspirar a convertirse en “único monarca del imperio teatral”. Ayer, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, a pregunta del reportero Eric Martin, corresponsal de Bloomberg, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló las “medidas extraordinarias de apoyo” a Petróleos Mexicanos (Pemex), que serán anunciadas próximamente. “Van a ser en lo fundamental medidas fiscales”, explicó el Ejecutivo. “Pagando menos derechos a Hacienda. Y no vamos a dejar de analizar las otras posibilidades (…), pero lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tenga más recursos, que pague menos; que tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a pago de impuestos y derechos. Porque Pemex ha sido muy castigada por la hacienda pública. Llegó a ser la que financiaba 40% del presupuesto nacional y se dedicaron a sacarle recursos y se debilitó la empresa. Ahora, la vamos a fortalecer”. La semana pasada, al reducir la calificación crediticia de los bonos de Pemex al último escalón del grado de inversión, Fitch Ratings señaló una subinversión de la empresa productiva del Estado en exploración y producción como una de las razones principales de su decisión. Y si bien Moody’s, otra de las tres grandes calificadoras, dejó de momento intocada su nota sobre la calidad crediticia de Pemex, advirtió que si la empresa sigue despilfarrando dinero en el downstream del negocio –refinación y distribución de productos petrolíferos–, podría revisar dicha determinación. Es decir, lo que el gobierno debe hacer para ayudar a Pemex a salir del hoyo financiero en que se encuentra –en los próximos tres años deberá enfrentar el vencimiento de la tercera parte de su deuda, actualmente de 106 mil millones de dólares– es instruirla a invertir más y mejor en el upstream, esto es, en exploración y producción. Petróleos Mexicanos tiene muy buenos márgenes en ese sector. Salvo que explorara con impericia o tratara de incrementar la producción petrolera mediante perforaciones en campos con costos de operación muy altos, la empresa podría encontrar ahí la salvación que necesita. Como he escrito aquí antes, es encomiable que el gobierno se proponga reducir el robo de combustibles que ha afectado a Pemex. Lo es porque la aplicación de la ley es una de las razones de ser del Estado y porque, al atacar el huachicoleo, se previenen los delitos que ocurren de forma paralela a esa actividad. Sin embargo, la principal motivación a la que se refiere el presidente López Obrador cuando habla de la lucha contra el robo de combustible es que se reduzca la sangría de recursos de Pemex. La verdad es que frente a los vencimientos de deuda que vienen en los próximos años –entre 25 mil y 30 mil millones de dólares–, los ahorros obtenidos por la reducción del huachicoleo francamente no pintan. El gobierno no puede seguir tirando dinero bueno al malo en el caso de Pemex. Si no quiere más malas noticias por parte de las calificadoras –a las que los fondos de inversión siguen haciendo caso, pese a la opinión que cualquiera de nosotros tenga sobre ellas–, Pemex tendría que dejar de invertir en negocios en los que ha perdido dinero de forma recurrente, principalmente la refinación. Si los estímulos fiscales que, a decir del Presidente, se anunciarán próximamente se utilizan para potenciar las utilidades de Pemex en exploración y producción, esto sin duda será una señal bienvenida. Si, en cambio, se usa para la reconfiguración de las refinerías existentes y, peor aún, para la construcción de una nueva, seguramente se verá afuera como una decisión que incrementará las pérdidas en Pemex y le impedirá hacer frente a sus obligaciones. Más aun, tirar dinero bueno al malo en Petróleos Mexicanos podría generar un efecto de contagio sobre la deuda soberana del país, pues ese dinero que la empresa dejará de pagar en impuestos podría afectar el equilibrio fiscal del que, sin duda, los mercados están más que pendientes. El gobierno tendría que aprender de Colley Cibber que gastar para dar la impresión de que se es exitoso y se tiene la razón puede llevar a la ruina. Eso es tan cierto hoy como lo era hace 300 años.