Editorial EL UNIVERSAL / Economía digital: jalar parejo El intempestivo auge del mundo digital tomó por sorpresa al mundo. Fue tan súbita su aparición en la vida moderna que la relación entre usuarios y proveedores de servicios digitales ha ido ajustándose sobre la marcha. El tema de la privacidad es apenas uno de ellos. La relación entre las grandes compañías tecnológicas y los gobiernos también se encuentra en consolidación. La amenaza de regularlos aparece con frecuencia en distintos gobiernos; en naciones con gobiernos totalitarios como China y Corea del Norte el control sobre lo que se publica en internet es práctica común. En meses recientes varias naciones están impulsando leyes para que las empresas que operan únicamente en el espectro digital (aquellas que ofrecen servicios de música, de video por internet, de entrega de comida o de movilidad) paguen impuestos. México busca insertarse en esta ola. Con ese objetivo, ayer se presentó una iniciativa de ley para cobrar el Impuesto al Valor Agregado a las aplicaciones que utilizan plataformas digitales para generar ganancias por ventas o prestaciones de servicio. Ese gravamen al consumo ya aplica para todas las empresas en México. Aquellas que operan solo de manera digital no tendrían que ser la excepción. En América Latina cuatro países (Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay) cobran impuestos por servicios digitales.  En el documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima para México una recaudación potencial de IVA por 177 millones de dólares al año (unos 3,540 millones de pesos) si Uber, Spotify, Netflix y Apple enteran el impuesto mencionado.  En Europa se ha emprendido la misma cruzada, con diferentes resultados en cada nación. Francia ha tenido la posición más dura en materia fiscal contra las gigantes tecnológicas. El avance de la tecnología permite que muchas firmas extranjeras ofrezcan sus servicios en México sin que sea necesario un amplio despliegue de oficinas y sin que exista una regulación clara sobre su operación.  El escenario dibuja una situación de desventaja para empresas nacionales que cubren de manera puntual el pago de impuestos que fija la ley. No se trata de crear nuevos gravámenes sino de que los nuevos jugadores contribuyan al fisco de la misma manera que lo hace la generalidad de las empresas locales. Tampoco se trata de persecución ni de terrorismo fiscal. Es una cuestión de equidad.

06 de Septiembre de 2019

1. Al rescate. Tras el resbalón cometido en una mesa de debate en el Colegio Nacional, por Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP, quien aseguró que para transformar a México es necesario ser “comunista”, en referencia a los principios de bienestar común y desarrollo entre todos los miembros de una sociedad, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, salió para aclarar, pues la SEP estaba siendo vapuleada por esa declaración, que la educación pública en México siempre estará ajustada a los principios de universalidad, laicidad y gratuidad, que poco tienen que ver con ese sistema político casi erradicado. Es cierto que la sola mención de la palabra comunismo eriza la piel, pero lo importante de este tema es el fondo de la reforma educativa, lo demás sólo distrae. 2. Reventadora. El pasado martes, la seguridad y el acceso para la instalación de la XVI Legislatura en Quintana Roo, fueron vulnerados por la senadora Marybel Villegas, de Morena, quien a grito pelado dio portazo acompañada de ciudadanos e irrumpió en el Congreso estatal. Reclamó que no debe restringirse la entrada al pueblo, pero buscaba sembrar el desconcierto en el Congreso obedeciendo a los intereses de su guía político, el exgobernador Félix González Canto. Al amparo del exmandatario emprendió su carrera política. La que pudo ser una entrada triunfal de los diputados a la nueva legislatura, fue manchada por la senadora. Busca reventar el Congreso para provocar y ya le atribuyen que organiza para hoy chiflidos y disturbios en el Tercer Informe de Gobierno del gobernador Carlos Joaquín González, para que todo se salga de control. Contrólenla. 3. Cero y van tres. Mucho trabajo tendrán los abogados de Rosario Robles, pues Santiago Nieto, titular de la Unidad Financiera, anunció que interpondrán tres procesos por la Estafa Maestra, en contra de la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu. Los tres casos están relacionados con empresas fantasma y distintas universidades y hay imputaciones hacia la exfuncionaria por omisión y por encubrimiento, ya que tenía la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en las secretarías que encabezó. “Se ha presentado la primera denuncia, estamos preparando dos más y seguimos analizando 105 convenios que han sido presentados por parte de la Secretaría del Bienestar”, indicó Nieto. Más de un centenar de convenios ¿y una sola responsable? 4. Todo el peso de la ley. El que las gasolinerías de Tamaulipas no abastezcan a los militares debería sumarse a delincuencia organizada. Suena muy mal que no colaboren con la legalidad. Por ello, la Fiscalía General de la República estatal inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por la negativa de vender gasolina a las unidades de las Fuerzas Armadas y policías en Nuevo Laredo. Elementos de la SSP denunciaron que al efectuar operativos de Mecanismos de Coordinación y Cooperación Fronteriza se han visto afectados porque las gasolinerías de la entidad no quieren abastecer de combustible a las unidades de la dependencia, así como de la Sedena. Es obvio que están de lado de los criminales; no hay mucho qué indagar. 5. Los buenos modos. Los tiempos de los abuelos quedaron atrás y no es posible seguir comportándonos como hace un siglo. Uno de los avances es la comunicación de altura. Las formas correctas. La sensibilidad. Por ello, los dichos de José Manuel Mireles, ahora subdelegado del ISSSTE en Michoacán, han levantado ámpula. La Cámara de Diputados pedirá a Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto, un extrañamiento para que Mireles explique o se disculpe por sus palabras, que calificaron a las mujeres de “pirujas”. Mireles se refirió con ese calificativo a las concubinas de los derechohabientes, criticando que la cuota de 450 pesos mensuales que aporta un trabajador no cubre la demanda de atención médica que requieren el derechohabiente y sus familiares. Imperdonable. Nadie puede conducirse así a estas alturas de la civilización.