El diputado Eugenio Govea Arcos presentará al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa en la que busca agravar las sanciones a la persona que cometa agresiones o actos de discriminación en contra del personal trabajador de la salud, durante este periodo de emergencia sanitaria por Covid19. Actualmente el Código Penal del Estado establece en su artículo 277 que quien cometa actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trecientas unidades de medida de actualización. El legislador pretende agravarlos hasta en la mitad de años de prisión y sanciones económicas, es decir, que quien cometa actos violentos o agresivos durante el periodo de una emergencia sanitaria en San Luis Potosí, se le aplicará una pena de prisión de hasta 9 años, y sanción pecuniaria de hasta 450 UMA, es decir, una cantidad de 39,096.00 pesos. “El riesgo de agresiones a trabajadoras y trabajadores de la salud que atienden la pandemia de COVID-19, los lleva a extremar precauciones extras cuando salen a la calle para ir o regresar de sus labores; ya que se han reportado en algunos Estados de la República casos de agresiones, actos discriminatorios y ataques contra su integridad, motivado por el desconocimiento de algunas personas que piensan que ellas y ellos son portadores del Coronavirus y pueden propagar un contagio”, argumenta.