En el estado de San Luis Potosí es necesario que se reforme el Código Penal del Estado para que sea considerado como delito grave la malversación de los recursos públicos por parte de servidores o funcionarios públicos, subrayó Javier Batres, presidente de la Asociación de Abogados en el estado. Lo anterior al ser cuestionado sobre los acuerdos reparatorios a los que han recurrido ex diputados locales para devolver lo robado en cómodas parcialidades, respecto a las denuncias que enfrentaron por peculado o falsificación de firmas en la entrega de apoyos sociales, y evitar la cárcel. Si bien, refirió que a nivel federal el delito de corrupción por funcionarios públicos es considerado como delito grave, no así a nivel estatal.  “Tendría que modificar los mismos diputados el Código Penal del Estado a efecto que la corrupción o el desvío de fondos sea considerado un delito grave para cuando sean vinculados no alcancen ese beneficio…” El Código Único de Procedimientos Civiles a nivel nacional otorga la posibilidad de ejercer la reparación de daños patrimoniales. No obstante también puntualizó que cualquier ciudadano es presumiblemente inocente hasta que se demuestre lo contrario.  “Tendríamos que reformar el Código Penal del Estado para que sea considerado grave ese tipo de delitos”, sostuvo.