La Fiscalía General de la República, la que encabeza Alejandro Gertz Manero, puede y tiene la obligación de iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento, no se requiere una consulta popular, coinciden juristas, analistas y defensores de derechos humanos respecto a la llamada consulta ciudadana que se realizará el primero de agosto. Si se tienen pruebas contra los expresidentes se les debe de investigar y llevar a la justicia, no como lo que ahora se pretende que convierte esa consulta en un “circo político”, consideró José Miguel Vivanco, quien preside en México Human Wright Watch (HRW). Y es que Andrés Manuel, el presidente de la república, quería que la pregunta de la consulta llevara nombre y apellido y que pedía investigar la “presunta comisión de delitos”.  Para el ejecutivo federal los nombres de Carlos Salina; Ernesto Zedillo; Vicente Fox; Felipe Calderón y Enrique Peña, deberían estar en la boleta de la consulta.  Sin embargo la Suprema Corte de Justicia le enmienda la plana o la pregunta y la deja en lo que se ha considera un limbo, un absurdo, un cuestionamiento sin sentido: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”. Qué la pregunta no se responde con decir que la Fiscalía General de la República debería de realizar acciones contra cualquier actor político del pasado o del presente que haya violado la ley o vulnerado derechos de las persona. Es pregunta sobre la pregunta. Entonces también se puede enjuiciar a quién o quiénes permitieron o impulsaron un bloqueo en la Ciudad de México en 2007, que provocó cierre de comercios y a muchas personas sin empleo. Por cierto que hubo demandas y no respuestas. También implica demandar a quién o quiénes provocaron la carencia de medicamentos, sobretodo los oncológicos, y que provocaron muerte y dolor a personas, pero sobretodo a niños que no recibieron su tratamiento. ¿La justificación es válida, aun y cuando se puso en riesgo la vida de muchas y muchos? Todo en aras de acabar con la corrupción y buscar un ahorro. Las muertes y el dolor causado a familiar mexicanas no lo avalan, por tanto deberán de “llevar a cabo acciones, con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado (hace más de un año) por los actores políticos (presidente de la república, secretarios de salud y de hacienda, entre otros) y garantizar la justicia y derechos de posible víctima (aquellos que se vieron afectado por no contar con su medicamento)”.  ¿O no?, vamos “todos coludos o todos rabones”, hasta los de ayer.