El Gobierno de Donald Trump está cumpliendo sus amenazas y busca deportar de Estados Unidos a la mayor cantidad de indocumentados que le sea posible, desconociendo acuerdos y procesos de amparo a los que habían recurrido los migrantes para lograr mantenerse junto a sus familias. De acuerdo con un estudio de la Universidad Syracuse, al menos 142 mil mexicanos están en proceso de deportación. Esta misma semana se dio la deportación de uno de ellos, Jorge García, quien fue deportado a México tras 30 años y una vida hecha de aquel lado de la frontera. Regresa a un país del que partió a los 10 años, un país que no es el suyo, al que no conoce, en donde no tiene nada, pues su familia y su trabajo se quedan en Estados Unidos. Esta es una de las miles de tragedias de familias divididas por las políticas migratorias de Estados Unidos, pero también por la incapacidad del Gobierno Mexicano para brindar oportunidades reales a sus ciudadanos. Hoy la cancillería mexicana se lava las manos sobre estos casos argumentado que los países son libres y cuentan con autonomía para fijar sus políticas migratorias. Sin embargo, olvida qué motiva la migración, qué llevó a la familia de Jorge hace 30 años a buscar el sueño americano, la pobreza y la falta de oportunidades. La migración ilegal se ha convertido en un mal popularizado, hay comunidades enteras que tienden a ella, pero más allá de eso, se ha convertido en una fuente de ingresos fundamental para nuestro país. Tan sólo el año pasado las remesas a nuestro país sumaron casi 30 mil millones de dólares, que sirvieron para impulsar nuevas pymes, construir obras en comunidades, propiciar el consumo e impulsar el dinamismo económico, ni más ni menos. Lo cierto es que hoy pareciera que el destino de millones de mexicanos está en manos del Gobierno de Estado Unidos, no sólo por el tema de las deportaciones, además en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la pregunta es ¿qué hace al respecto el gobierno mexicano?