Tras conocerse la noticia de que un tribunal ordenó revocar la sentencia de casi 112 años de cárcel y reponer el proceso a Ramón Martínez García, “El Lagarto”, por su participación en el asalto a pasajeros y la violación de una mujer en un camión de la compañía ETN. Ante esto, la Diputada Corichi, señaló que el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) deberá rendir cuentas sobre esta decisión, pues a su consideración se están sobrevalorando los elementos procesales, y se está perdiendo de fondo la protección a las víctimas. La Legisladora, recordó que en promedio en el país, sólo 1 de cada 10 mujeres violadas denuncia, y de esos casos, sólo el 2% culmina con una sanción al agresor. “el Estado de México es el número uno en denuncias por violación en todo el país, de acuerdo a los mismos datos Sistema Nacional de Seguridad Pública” y las pocas que lo hacen son ignoradas por la justicia. “Hoy queda claro que es un estado fallido el que está detrás de estos abusos, pero los responsables directos e indirectos tienen nombre y apellido”. Corichi subrayó que la violencia sigue siendo uno de los principales peligros para las mexiquenses, pues cada año se denuncian más de 330 muertes violentas, y más de mil 800 violaciones, según los mismos datos del Poder Judicial del EDOMEX. “Por donde sea que lo veamos es aberrante que esto siga pasando, y hoy me siento muy molesta e indignada por un caso en particular, el de Margarita Ortíz, una de las pocas mujeres que ha sido valiente y se atrevió a denunciar su caso de violación y que aún no encuentra justicia. Ella hoy no está sola. Hago un llamado a que no quitemos la mira de estas autoridades que han corrompido la impartición de justicia”. La Legisladora de MC, se sumó a la condena recalcando que a pesar del avance en la creación de marcos normativos e instituciones para garantizar los derechos para las mujeres, la realidad demuestra que la violencia contra las mujeres es generalizada, y que persiste una sistemática revictimización por parte del Poder Judicial. Ante la decisión del Tribunal de Alzada del Poder Judicial mexiquense de resolver un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, con el fin de respetar el “principio de inmediación” que, por ley establece la obligación de que el juez ante quien se desahoguen todas las pruebas sea quien dicte la sentencia respectiva, Corichi consideró que esta nueva situación implicará en los hechos que la víctima tenga que pasar nuevamente todo el proceso ante las autoridades. “Margarita tendrá que comparecer nuevamente para rendir su testimonio, y presenciar las de los policías federales que intervinieron en el aseguramiento del acusado; un policía de investigación estatal; un testigo de pre-existencia y capacidad económica y diversos peritos en medicina legal, criminalística, retrato hablado, psicología y valuación, todo otra vez, obligando y revíctimizandola”, sentenció Corichi García. “Me uno a la voz de esta valiente mujer que al enterarse de este fallo aseguró que “las leyes mexicanas defienden a los delincuentes”, por lo que hago un enérgico llamado a las autoridades mexiquenses para que resuelvan a la brevedad este caso a favor de Rosa Margarita y la sentencia que ya había sido anunciada. El poder judicial nos debe una explicación”.