Tras la información difundida acerca de una posible retirada de México del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, diversos colectivos que trabajan la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y jóvenes en México recordaron que la educación es un bien público y un derecho humano y que el Artículo Tercero establece que la educación “será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”. Sin una medición constante y confiable, no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo. Las evaluaciones son un elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas. Así como en el derecho a la salud el diagnóstico de la condición de cada niña, niño y joven es requisito para la intervención sólida y oportuna a su favor, en el derecho a la educación la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión; si se emplean debidamente, son un elemento crucial de la consolidación y de la restitución de derechos de infancia y juventud en su proceso educativo, entendido como el despliegue libre de todas sus potencialidades. Las Organizaciones No gubernamentales recordaron que México participa en el programa PISA desde sus inicios, en el año 2000. A lo largo de sus diversas ediciones, los resultados de PISA han permitido identificar algunas limitaciones estructurales de nuestro sistema escolar, así como propiciar prácticas efectivas, implementadas por autoridades y por los docentes mismos de educación básica y media superior. Gracias a los análisis nacionales y contextuales de los resultados de PISA, se ha podido focalizar acciones para los estados y subsistemas con mayores carencias y para superar elementos de inequidad y de exclusión. Los cuestionarios de contexto que incluye PISA permiten tener no una simple “medición” de respuestas correctas, sino conectar el desempeño de los estudiantes con la escolaridad de sus familias, su estado socioemocional, las opiniones de sus directivos y maestros sobre la escuela y sus procesos, todo lo cual favorece ajustes y acciones adicionales para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. El prolongado cierre de los planteles, afectando por más de un año las formas de aprender y las oportunidades de cerrar brechas educativas, desestructuró todo el sector. La restitución efectiva del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en México en los esfuerzos pos-pandemia exige que tengamos un diagnóstico sólido, con una variedad de instrumentos desde lo que capta cada docente en el aula hasta lo que podamos identificar en pruebas comparativas con otros países. En Latinoamérica, todas las naciones salvo cinco han participado o lo harán en PISA, lo que permite la colaboración y el aprendizaje entre países con contextos similares. Una veintena de colectivos firmaron el posicionamiento entre los que se encuentran  #Abre mi Escuela, Coordinación del Pacto por la Primera Infancia, Fundación Juconi México, A.C., entre otros.