A seis semanas de que inicie el nuevo Gobierno, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado impulsa una reforma para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El proyecto plantea incrementar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ocupa uno de los asientos en el Comité Coordinador del SNA. De entrada, los legisladores propusieron crear la figura de "investigación preferente por desvío de recursos". La intención es que las denuncias y querellas por malos manejos de recursos y desfalcos, presentadas por la ASF ante la PGR, sean investigadas y sustanciadas de manera preferente, en un plazo no mayor a 45 días hábiles. "Proponemos esta figura para que no vuelvan a quedar en el archivo denuncias penales como las de la 'estafa maestra' o tantas otras. "Hoy la PGR tiene casi 500 denuncias presentadas por la ASF por desvío de recursos y sólo en el 2 por ciento los casos éstas han terminado ante un juez", señaló Clemente Castañeda, presidente de la comisión Anticorrupción del Senado. El legislador explicó que el objetivo es que la PGR indague y deslinde responsabilidades de manera expedita cuando la ASF identifique irregularidades graves en el manejo de recursos y presente denuncias. Por otro lado, la iniciativa busca que las recomendaciones emitidas en torno a las auditorías de desempeño por parte de la ASF tengan carácter vinculante. El proyecto, turnado a comisiones, plantea que el máximo órgano fiscalizador pueda realizar auditorías fuera de su plan de trabajo, cuando existan razones y circunstancias que así lo ameriten o se detecten irregularidades de manera oportuna. Castañeda detalló que esas auditorías excepcionales pueden surgir por atracción directa de la ASF o ser solicitadas por 10 de los diputados federales o por el Comité de Participación Ciudadana del SNA. "Proponemos que lo puedan solicitar estas dos instancias porque en una democracia la oposición debe tener herramientas de contrapeso y vigilancia", indicó. La iniciativa prevé modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR). La semana pasada, tras permanecer "congelado" por casi año y medio, en el Senado revivieron el proceso de designación de los magistrados especializados en combate a la corrupción. El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Martí Batres, turnó a las comisiones de Hacienda y Justicia los nombramientos propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto desde abril de 2017. Se trata de los aspirantes a tres magistraturas que integrarán la Tercera Sección de la Sala Superior y a 15 magistraturas de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). -- Reforma