La LXII Legislatura del Congreso del Estado tiene rezagados 18 procedimientos de juicio político contra funcionarios y ex funcionarios y únicamente ha resuelto dos, es decir que tiene un rezago del 90 por ciento. Los dos que se han resuelto han sido desechados, es decir que en la actual legislatura no se ha sancionado a un solo servidor público por actos de corrupción. El presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, informó que tienen en trámite 18 juicios políticos, de los cuales nueve están en proceso de resolverse, por lo que se pidió mayor información a los implicados para poder emitir una resolución; los otros nueve están en espera y se abordarán una vez que se resuelvan los primeros. El legislador dijo que, en la actual legislatura solo se han resuelto dos casos, uno el del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Jaime Ernesto Pineda Arteaga, en contra de quien se solicitaba juicio político por presuntas omisiones que han derivado en un alza delictiva en la entidad; sin embargo, la comisión jurisdiccional determinó que no había elementos para iniciar un juicio político contra el funcionario. El segundo asunto resuelto es el de las ex diputadas Rebeca Terán Guevara y Xitlálic Sánchez Servín, en contra de quienes se solicitó juicio político por no realizar de manera oportuna el procedimiento para designar al titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA). La comisión jurisdiccional también determinó que no había elementos, por lo que tampoco se sancionó. Entre enero y febrero de este año, las comisiones de Gobernación y Justicia desecharon 19 solicitudes de juicio político, al considerarlas improcedentes y solo les dio entrada a cuatro solicitudes, entre ellas una en contra de un síndico municipal de la capital potosina, aunque no se menciona de cuál administración. Entre las solicitudes de juicio político que se consideraron infundadas estaban algunas en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez; la actual diputada Beatriz Benavente Rodríguez, quien fungió como oficial mayor en la pasada legislatura; así como en contra de diputados de la anterior legislatura.  El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias dijo que, así como estas, la actual legislatura ha depurado entre 50 y 60 solicitudes de juicios políticos que se encontraban rezagadas, en contra de ex alcaldes, funcionarios de Gobierno y trabajadores de la Auditoría Superior del Estado (ASE). “Con eso bajaron mucho el rezago que tenían, ¿qué va a ser’, pues que realmente todos los que tienen actualmente vivos pues tampoco les van a dar salida, vas a ver, ósea ¿a qué me refiero?, a que lo del juicio político en San Luis Potosí y en el Congreso del Estado es algo realmente intrascendente, algo que no camina y que está a contentillo de los diputados”. El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, dijo que debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, actualmente no tienen como tema prioritario en el Poder Legislativo el atender los juicios políticos, sin embargo, señaló que ninguno de ellos ha vencido y “todos están en tiempo y forma”. “Como ustedes saben todos los juzgados locales y federales han alargado los procesos y el juicio político como tal es un juicio y en este momento no nos hemos reunido las dos comisiones, pero yo he estado en pláticas con Mauricio, que es presidente de la Comisión de Gobernación, estamos esperando que pase la Fase III para poder tener una reunión”. Además de los 18 juicios políticos, las comisiones de Gobernación y Justicia tiene rezagados 16 juicios de responsabilidad administrativa, 15 de ellos contra autoridades municipales y uno más contra la presidenta y el secretario del TECA.