La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) reconoce el fenómeno del desplazamiento forzado interno de personas por causas asociadas al cambio climático. Este cambio en la política ambiental del gobierno de México está en la versión aprobada del Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 (PECC), adelantó a Excélsior, Marco Antonio Heredia, coordinador general de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). En el documento, que está próximo a publicarse, se señala que se trata de un hecho que empieza a documentarse a través de los factores que lo generan y al incorporarse en las políticas públicas se podrán garantizar los derechos de las personas que dejan atrás su patrimonio. Heredia explicó que hay variables sociales, ambientales y económicas que influyen para que las personas tomen decisiones de desplazamiento, por eso deben tenerse mecanismos de monitoreo y de medición a través del atlas del INECC y con el cual se han identificado cómo están los órdenes de vulnerabilidad y cuáles son las recomendaciones para efectos de política pública a nivel de municipio. “Se tienen identificados 273 municipios más vulnerables al cambio climático que se incluyen en la nueva versión del PECC, en el cual se propone la atención para que éstos se pueden unir a los municipios vulnerables socialmente y el 92% de todos juntos sean prioritarios para la Secretaría del Bienestar”. Enfatizó la importancia de impulsar y canalizar la acción pública en los municipios de mayor vulnerabilidad para crear condiciones habilitadoras y así evitar que las personas se desplacen internamente (aunque la Ley General de Cambio Climático señala desplazamientos debidos a fenómenos hidrometeorológicos), por lo cual, la vigilancia del cambio climático debe ser de manera transversal y atacar las condiciones que generan no sólo vulnerabilidad climática, sino también desigualdad social, pobreza, condiciones de salud deficiente y vivienda precaria, etc. Armelle Gouritin, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), agregó que por muchos años fue difícil cuantificar los desplazamientos e identificar los migrantes climáticos, sin embargo, en 2018 el Banco Mundial publicó El informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos, en el cual puso números a los desplazados internos forzados y para el caso mexicano, hizo proyecciones para 2050, cuando habrá más de tres millones de personas desplazadas por el cambio climático. “Poder cuantificar e identificar está superado, ahora lo que falta es un marco de protección porque esas personas sufren violaciones a sus derechos humanos en el proceso del desplazamiento y al llegar al territorio de destino”. Ese informe, dijo, identifica lugares de destino y origen en el desplazamiento climático forzado interno: “Estado de México, el este de Puebla, Oaxaca y el norte de Baja California son lugares de destino, mientras que territorios del Golfo de México, sobre todo Veracruz y Tabasco; Chiapas y Guerrero son el origen". Un punto que Heredia resaltó fue que el tema que subyace es un concepto fundamental de cambio climático qué es el de la adaptación, que significa reducir la vulnerabilidad y el riesgo e incrementar capacidad, además, atender la sensibilidad a factores como fenómenos hidrometeorológicos, disponibilidad de agua y condiciones climáticas, entre otros. Por ello, debe entenderse que el desplazamiento y la migración no son opciones de adaptación, pues mover a la gente de su entorno no es una estrategia. “Muchas veces se confunde y se dice que, como las personas están adaptándose por eso se mueven, y no es así; cuando se desplazan es porque la adaptación falló, porque las condiciones, la infraestructura y la viabilidad fue prácticamente imposible”. Respecto a sí una movilización de personas es una estrategia exitosa de adaptación, Gouritin indicó rotundamente que no lo es, porque ponerlo de esa manera “es eludir la responsabilidad del goce de los derechos humanos y es trasladar la responsabilidad hacia las personas y comunidades afectadas, cuando la obligación es de las autoridades, pues son quienes tienen que proveer las herramientas para que las personas no sean forzadas a moverse”. Asimismo, dijo, que en la movilidad climática forzada la academia distingue cinco escenarios, pero en un estudio del INECC presentado el año pasado y en el cual participó, son seis y los más visibles son los desastres naturales y los proyectos de desarrollo a gran escala, como la construcción de una hidroeléctrica. El proyecto de ley para atender el desplazamiento interno agregó la investigadora, se enfoca en esos dos escenarios, pero hay otros como el aumento del nivel del mar y el deterioro del medio ambiente, que el cambio climático va a amplificar a través de sequías, pérdida de biodiversidad, desertificación y deforestación, pero éste tiene menos visibilidad porque es un proceso gradual. También está la violencia vinculada al acceso a los recursos naturales y otro escenario es cuando el Estado o las autoridades deciden de manera autoritaria ubicar a un pueblo, una comunidad o un barrio en otro lugar, y esos conflictos generan desplazamiento forzado y es invisible. Para atender el fenómeno de la movilidad climática, continuó, se deben contemplar todos los escenarios porque de otra manera la atención será parcial, como está en el proyecto de ley de desplazamiento interno, aprobado por los diputados el 29 de septiembre pasado, pues sólo focaliza los desastres y proyectos a gran escala. Un aspecto ausente es el fenómeno de los migrantes atrapados, añadió Gouritin, son personas que están obligadas de manera objetiva a irse, como en un desastre, o subjetiva porque piensan que ya no pueden desarrollar su cosmovisión —en el caso de los pueblos indígenas—, pero no lo pueden hacer y hay un conjunto de factores que inciden en esa imposibilidad y la más importante es la vulnerabilidad económica. Y son tres sectores de la población particularmente vulnerables: las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con escasos recursos económicos. El responsable de las políticas de mitigación y adaptación del INECC agregó que el marco legal y las políticas públicas vigentes no están diseñadas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático con un enfoque preventivo, incluso en contextos en donde ya se cuenta con evidencia de las afectaciones, como el caso de la elevación del nivel medio del mar. Por ello, no se garantiza una protección anticipada de la población en escenarios de un clima cambiante. Y el enfoque de atención para evitar los desplazamientos, continuó, es la necesidad de trabajar con las comunidades, pues el énfasis debe estar en las personas para proteger su integridad física y hay enfoques de protección y adaptación basados en ecosistemas y en comunidades para construir las condiciones habilitadoras para que la gente no se desplace. “La política pública va por muchos lados —ganadería, agricultura, ambiental y protección civil, etc.— y en los enfoques basados en ecosistemas se pone atención en las personas para tener cobeneficios a través de todos los sectores a partir de un hilo conductor que es la atención integral al cambio climático de forma transversal, de tal suerte que las personas sean el centro de atención de la acción pública”. Heredia dijo que el INECC identificó alrededor de 46 programas presupuestarios en torno a soluciones de acción climática basadas en la naturaleza para generar bienestar, equidad social, igualdad de oportunidades para jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres y hombres, “hay condiciones estructurales que aún inciden en la desigualdad y hay que eliminarlas a través de la atención de los efectos adversos del cambio climático”.

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Con información e imagen: Excelsior