Con la aprobación unánime a la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública de SLP, se acabaron los privilegios con los que contaban ex mandatarios como Fernando Toranzo y diversos funcionarios que tenían escoltas pagados con recursos públicos. Esta propuesta fue hecha por el legislador Edgardo Hernández Contreras. Basta recordar como la Doctora María Luisa Ramos, cuando estuvo al frente del DIF estatal, traía un sequito de escoltas con carritos del super mercado, de jardineros, choferes y cargamaletas. En muchos casos, también estaban asignados a las esposas de altos funcionarios que los usaban como niñeras.  O como pasó en el lamentable caso del diputado local Cándido Ochoa, que tenía personal de seguridad pública como empleados de su rancho, donde no hace mucho, varios elementos perdieron la vida al realizar trabajos en un pozo.  Tantos años de abusar de este personal tan necesario para la seguridad pública. Por fin se puso un alto y ahora solo podrán contar con supervisión de seguridad, el mandatario estatal, el Fiscal General, el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el director general de Seguridad Pública, el director general de Prevención y Reinserción Social y el director general de la Policía Investigadora del Estado. Nadie más.  PSICOSIS DEL OPERATIVO ANTIALCOHOL Ahora que estamos en época navideña, donde se realizan diversas fiestas, reuniones, posadas y eventos, los retenes antialcohol van a proliferar. Así que, si piensa ponerle bastante piquetito al ponche, mejor busque un conductor designado. En redes sociales y en whatsapp no se diga, la psicosis por la implementación de estos retenes trae de cabeza a más de dos. Las que sí están totalmente congeladas (como el clima en la capital) son las campañas de concientización, cuya obligación del ayuntamiento está ausente, pero eso sí, engordando las arcas con la fuerte recaudación.