La ciudad de San Luis Potosí está entre las 6 urbes a nivel nacional con mayor número de denuncias de compra de votos en el presente proceso electoral, hechas a través de la plataforma “Democracia sin pobreza”, con un total de 3 casos en donde se acusa de amenazar a electores con quitarles programas sociales, si no votan por determinado candidato o candidata, según consta en el reporte de la asociación Acción Ciudadana frente a la Pobreza. La primer denuncia data del 2 de marzo, cuando en la calle Julián Carrillo, de la colonia Del Valle, se condicionó el servicio de agua potable a cambio del voto a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD); el segundo caso es del 30 de marzo en la Hacienda Santa Ana en Soledad, sobre Carretera Matehuala, donde se condicionaron programas de Sagarpa a cambio del voto para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la tercer denuncia reporta que el 2 de abril se condicionaron los programas de Prospera, en las oficinas de Sedesol, a cambio del voto a favor del PRI. La Fiscalía Especializada para el combate de Delitos Electorales reporta que en el actual proceso electoral, desde septiembre del año pasado, se tienen registradas 34 denuncias de delitos electorales, muchas de ellas en la zona Huasteca, sin embargo la mayoría tienen que ver con presuntos desvíos de recursos municipales a favor de campañas electorales. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), por su parte, lleva 37 denuncias registradas, de las cuales ninguna es por compro de votos. CASOS NO DENUNCIADOS El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, señala que existen muchos otros casos que no se denuncia ante autoridades, sino que simplemente se dan a conocer a organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Ciudadanos Observando tienen registradas al menos 3 denuncias de coacción del voto en los municipios de Tamazunchale, Aquismón y Tamasopo. En el caso de Aquismón, señala que ciudadanos denunciaron que la candidata priista Yolanda Cepeda Echavarría, quien busca la reelección como presidenta municipal, tiene una bodega llena de despensas que se les entregan a ciudadanos a cambio de su voto, además de que los amenazan con quitarles los apoyos del DIF, si no emiten su voto a favor de la candidata. En Tamasopo, explica González Covarrubias, los ciudadanos señalan que los amenazan con quitarles apoyos del programa Prospera, si no votan por el PRI; mientras que en Tamazunchale, un grupo de 100 maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se quejaron de que autoridades sindicales les piden votar por el Partido Nueva Alianza, de lo contrario perderán los privilegios que tienen como gremio. AMENAZAN CON QUITARLES PROSPERA Estos casos se suman al de un audio difundido por GlobalMedia, en donde uno de los colaboradores del candidato del PRI a la Alcaldía de Ciudad del Maíz, Juan Antonio Gómez Páramo, pide el voto a beneficiarios del programa Prospera, a cambio de que Gómez Páramo pueda seguir apoyándolos. La organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza reporta haber recibido, entre el 5 de abril y el 22 de mayo, un total de 151 reportes de compra de votos en 25 entidades federativas, de los cuales el 41 por ciento corresponden a entrega de despensas y el 36 por ciento a condicionamientos para tener o dejar de recibir apoyos sociales, principalmente de Prospera; cabe mencionar que el programa Prospera concentra el 59 por ciento de los recursos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y por tanto es el que sería más eficiente para obtener votos por determinado candidato. ¿CUÁNTO CUESTA UN VOTO? Existe otro 18 por ciento de denuncias que tienen que ver con entrega de dinero en efectivo y un 5 por ciento en donde les dan tarjetas electrónicas con promesa de pago diferido; en este sentido, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, señala que el precio del voto en México anda desde los 150 pesos, que se pagan en Morelos hasta los 5 mil pesos que dan en el Estado de México; en total son 13 entidades que reportan compra de votos, a través del ofrecimiento de dinero. Otro de los factores que inciden en la compra de votos es la pobreza. En San Luis Potosí, el 47.8 por ciento de la población tiene un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval). Esta condición, según el politólogo Juan Mario Solís Delgadillo, los vuelve más vulnerables a vender su voto a cambio de apoyos económicos o despensas. El experto señaló que es común que los partidos políticos “jueguen” con las necesidades básicas de las personas, dándoles algún apoyo, con el fin de construir clientelas, lo cual ocurre mayormente en zonas rurales, en donde el elector lo que busca es satisfacer sus necesidades primarias y no aspira a grandes transformaciones en su país. Según esta lógica y con base en los Indicadores de las Estadísticas Intercencales a escales Geolectorales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el distrito VII federal, que abarca la Huasteca Sur, es el más propenso a la compra de votos, ya que el 78 por ciento de sus habitantes ni siquiera cuentan con agua entubada en sus viviendas y cuatro de cada diez no tiene drenaje; aunado a que el 66 por ciento de la población solo tuvo acceso a la educación básica y el 90 por ciento de los trabajadores no tienen seguridad social. En segundo lugar de vulnerabilidad se ubican los municipios de la Zona Media y en tercer lugar el Distrito I, que se encuentra en el Altiplano. PODRÍAN IR A LA CÁRCEL La consejera del Ceepac, Zelandia Bórquez Estrada, explicó que la Ley General de Delitos Electorales contempla desde multas hasta penas privativas de la libertad en contra de quienes compren o coaccionen el voto; de igual forma el Ceepac está en posibilidades de aplicar multas que van de las 50 a las 5 mil UMA’s (4 mil a 400 mil pesos) y cancelar el registro de candidatos que realicen este tipo de actos. La consejera advirtió que los candidatos y candidatas no están facultados para pedirles a los ciudadanos copias de sus credenciales de elector, tal como se ha denunciado en algunos casos, por lo que dijo que en caso de que esto ocurra, los ciudadanos pueden denunciarlo, dado que constituye un delito electoral. A nivel nacional, la entidad con mayor número de denuncias de compra de votos en la plataforma “Democracia sin pobreza” es la Ciudad de México, seguido de Guadalajara y Puebla con 6 casos cada uno, Toluca y Mérida con 4 casos y a continuación se encuentra San Luis Potosí que registra los 3 casos ya mencionados.