El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se declaró hoy satisfecho con la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que aprobó su deportación a España acusado del delito de malversación de fondos públicos, pero no el de rebelión. En un mensaje de Twitter, Puigdemont señaló que "con la decisión del tribunal regional alemán la mentira principal del Estado quedó extinguida. La Justicia alemana rechaza que el referéndum para la independencia el 1 de octubre haya sido una rebelión". Si bien la Fiscalía de Schleswig-Holstein consideró desde un inicio que procedía la deportación de Puigdemont, el Tribunal Superior le permitió quedarse en suelo alemán porque consideró que los sucesos no llenaban la tipificación de ese delito. El político catalán se estableció en Berlín. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, uno de los 16 estados federados de Alemania, aprobó esta mañana la deportación del líder independendista catalán a Madrid como resultado de la revisión de malversación de fondos públicos de que fue acusado por el gobierno español. El cargo de rebelión, sin embargo, no lo reconoció el tribunal alemán, y ahora el siguiente paso es que la Fiscalía de Scheswig-Holstein apruebe la deportación. La Fiscalía regional demandó el pasado 1 de junio encarcelar a Puigdemont con vistas a la deportación, pero el Tribunal se negó. El Tribunal argumentó que el político catalán, de 55 años, podía permanecer en libertad porque no había riesgo de fuga y además había cumplido con las condiciones que se la habían impuesto, como presentarse una vez a la semana ante la policía de ese estado del norte alemán. Puigdemont fue detenido a finales de marzo pasado en una carretera de Schleswig-Holstein, por la que viajaba para regresar a Bélgica, donde tiene actualmente su vivienda. La captura se debió a una orden internacional de detención en su contra emitida por el anterior gobierno español de Mariano Rajoy. El motivo de la disputa en torno a Puigdemont fue el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Puigdemont decidió que éste se llevara a cabo a pesar de que el gobierno español había declarado la ilegalidad del procedimiento. Puigdemont utilizó para ello 1.6 millones de euros (1.86 millones de dólares) de fondos públicos. Tras la decisión del tribunal regional alemán, el defensor legal de Puigdemont subrayó que sin el reconocimiento del cargo de rebelión, su cliente no podrá ser juzgado por ese delito en España. -- EXCELSIOR