Diputados involucrados en las “obras fantasmas” en el municipio de Ciudad del Maíz se pronunciaron tranquilos respecto a los señalamientos sobre la ejecución de recursos públicos para caminos en Ciudad del Maíz, toda vez que descartaron tajantemente cualquier “moche” o beneficio del recurso considerado en el transitorio en el 2017. El diputado Jorge Luis Díaz Salinas, quien fue quien encabezó la gestión de estos proyectos se deslindó de cualquier mala inversión de recursos públicos, pues responsabilizó directamente a la alcaldía de Ciudad del Maíz, quien fue la ejecutora y a la Junta Estatal de Caminos (JEC). Justificó que se priorizaron estos proyectos debido a que beneficiaría las fuentes de empleo y facilitaría el traslado de los trabajadores a un invernadero en el municipio de Ciudad del Maíz, que tardaban hasta dos horas en su traslado debido a que “los caminos no servían”. “Viene el presidente municipal con proyectos que no hacemos nosotros sino el alcalde, y lo avala o firma la Junta Estatal de Caminos y lo revisa la ASE. Nosotros lo único que hacemos es preguntar qué quieres que se le de dinero y se inviertan en caminos, pero no está en nosotros ir a checar si están bien hechos o mal hechos para eso está la JEC y la propia presidencia”, por ultimo enfatizó “la calidad la revisa la Junta Estatal de Caminos, no nosotros”. Al respecto, también el diputado Mariano Niño Martínez según aseguró no pudiera tratarse de un “moche” de los legisladores, argumentando que el recurso no pasó a manos del Congreso del Estado, sino que se destinó directamente de la Secretaría de Finanzas al ejecutor de la obra. “Es un tema que nunca entró al Congreso. Es una gestión que se vincula directamente de Finanzas a los municipios, y en el caso particular, sí Díaz Salinas nos pidió a varios diputados de varios partidos, nos pidió una petición para concluir o se haga un camino en Ciudad del Maíz. Nos dio la justificación que genera desarrollo y empleo. Nuca pasó por el Congreso…” Sin embargo, también reconoció que se debieron ejecutar correctamente estas obras, pero descartó su disposición para supervisarlas directamente como legislador, pues dijo que para ello existen las áreas correspondientes. “No, hay autoridades correspondientes las que manejan el recurso, las que destinan y supervisan, ejecutan que se hagan bien”. Respecto al costo que se destinó, cercano a 10 millones de pesos y que en contraparte, el costo real de acuerdo a apreciaciones de expertos en ingeniería civil oscilaría a 333 mil 825 pesos en obras, Díaz Salinas enfatizó: “si esos ingeniero civiles dicen que está así, no está en mí, deben irse a trabajar a la Junta Estatal de Caminos que son los que avalan si está bien o mal, no me corresponde decir si está caro o barato, sino pedir los proyectos y que el ejecutivo meta o invierta el dinero”.