Expertos en anticorrupción aseguraron que la compra de pipas hecha por el Gobierno federal para la transportación de combustible fue realizada a través de una triangulación que impide auditar los recursos públicos utilizados en la transacción. En un análisis, los especialistas de México Evalúa Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa afirmaron que la operación concretada por la administración federal, a través de la filial de Pemex III Servicios, no puede ser fiscalizada, ya que ni siquiera es posible considerase como un mecanismo de adjudicación directa, donde por lo menos se aplicarían los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones. "Es relevante señalar que esta empresa filial no paraestatal, debido a su naturaleza jurídica, no puede ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación ni por la Secretaría de la Función Pública, es decir, la compra de las pipas no es auditable", señalaron. "En contraste, la adjudicación directa por la Ley de Adquisiciones garantizaba un mínimo de eficiencia. La triangulación de Pemex con III Servicios, en un esquema de subcontratación, tipo estafa maestra, no otorga ninguna garantía al Estado mexicano", agregaron. Los investigadores indicaron que esta decisión implica que el procedimiento de compra se llevó a cabo con base en el régimen especial que otorga la Ley de Pemex a esta compañía, lo que convierte a la petrolera en juez y parte. -- Reforma