Grupos de vecinos y activistas rechazaron en diversas ocasiones, con clausuras ciudadanas, el mega desarrollo Plaza Artz Pedregal, argumentando afectaciones viales, hidráulicas y riesgos para la zona. Enrique Sada, abogado e integrante de uno de los comités vecinales a los que se concedió un amparo por parte del juez octavo de distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, recordó que éste reconoció que la edificación afectaba derechos humanos y medioambientales. Por el documento, dado a conocer en mayo de 2017, se había determinado que el diputado y ex Delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna, así como los desarrolladores del Grupo Sordo Madaleno, estaban obligados a entregar estudios de impacto y mejoras a largo plazo. Sin embargo, reprochó, las autoridades hicieron caso omiso y el complejo se inauguró en marzo de 2018. "(Leonel) Luna siempre los cobijó, desde que era delegado, el estructuralista es (José María) Riobóo, responsable directo porque el Río Magdalena pasa por abajo de la obra, el DRO es uno de los consentidos de Mancera, en fin, se exhibió toda la corrupción inmobiliaria", dijo. Integrantes del Patronato para la Defensa y Conservación de Jardines del Pedregal también acusaron que la construcción incumplió disposiciones y no se realizaron obras de mitigación. Pese a que el Grupo Sordo Madaleno lo rechaza, Paula Arizpe, integrante de Patronato Pedregal, señaló que se edificó sobre una zona fangosa. "No cumple con el 40 por ciento de área permeable, es ilegal porque no hicieron obras de mitigación en la colonia. Argumentan que está edificada sobre piedra volcánica y la realidad es que desviaron el cauce del Río Magdalena y por eso el terreno es acuoso", acusó. En 2017, opositores al proyecto realizaron manifestaciones sobre Bulevar de la Luz para señalar las supuestas irregularidades, además de denuncias ante la Procuraduría Ambiental. Para que fuera otorgada la Autorización de Impacto Ambiental de Artz Pedregal, en vez de realizarse un estudio, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) pidió la entrega de 23 mil 600 árboles como un donativo para el Vivero Nezahualcóyotl, expusieron vecinos. El juez Silva García señaló que se atentó contra la conservación de una especie de protección especial, el cedro blanco. "¿Quiénes fueron las autoridades que firmaron los permisos?, Ese es el tema, porque ahí está la corrupción, los vecinos venimos diciendo que hay un problema de protección civil fuertísimo y las autoridades del actual Gobierno lo han desoído", añadió Arizpe. -- Reforma