“El acceso al agua es un derecho humano básico y no puede estar sujeto a la especulación ni se debe poner su aprovechamiento económico por encima de las necesidades de la gente”, señaló la candidata del PRD al Senado de la República, Leonor Noyola Cervantes. Dijo que en la Cámara Alta tendrá una posición clara en torno a impedir que desde el gobierno federal se sigan abriendo las puertas a una paulatina privatización de los recursos acuíferos con que cuenta el país. Leonor Noyola cuestionó los diez decretos federales publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se suprime la veda en alrededor de 300 cuencas hidrológicas del país. Esas disposiciones permitirán a particulares disponer de aguas que tradicionalmente estaban protegidas como un patrimonio de las comunidades; al tiempo, tales decretos son una consecuencia de la Ley General de Aguas, aprobada en 2015 con la franca oposición del PRD. Indicó que, de forma tramposa, desde el gobierno federal se presentaron tales cambios como una forma de asegurar las reservas de agua, cuando en realidad es todo lo contrario. La candidata recorrió las colonias San Luis I y Cactus del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde dialogó con personas que se vieron afectadas por las lluvias del pasado domingo, posteriormente participó en una reunión en el andador central del Parque de Morales en la capital potosina, en compañía de la candidata a la diputación por el sétimo distrito local, Miriam Chávez. La candidata señaló que no sólo su partido se opone a los decretos federales mencionados, sino que lo mismo hacen asociaciones civiles, académicos y expertos en el tema, los cuales han argumentado los riesgos que conlleva otorgar concesiones sobre los acuíferos.   Tales giros en la legislación sobre el uso del agua –agregó– debieron esperar para ser analizados por las autoridades que determinarán los destinos del país luego de las elecciones del primero de julio. En ese sentido, indicó: “Pareciera que el gobierno federal quiso adelantar esos decretos antes del cambio de poderes, pero sin duda será algo que tendremos que revisar una vez que estemos en el Congreso de la Unión”. Finalmente, consideró que sería un crimen que este bien imprescindible se comercializara de manera privada hasta provocar su desabasto para quienes no puedan pagarlo.