Cd. de México (26 septiembre 2017).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al Gobierno federal destinar el presupuesto suficiente para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de 7 y 19 de septiembre. En un mitin en el memorial de los 43, los tutores demandaron al Ejecutivo federal agotar la búsqueda de personas y permitir la libre organización de la sociedad civil. María Elena Galindes, mamá del estudiante desaparecido Giovanni Galindes Guerrero, criticó que el Gobierno tratará de sacar ganancia del dolor de las víctimas del temblor.

"Las madres y padres de los 43 y la Normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia. Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remueven los escombros de la injusticia y encontramos a las personas que amamos", expuso al leer un pronunciamiento de los tutores. En el memorial, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, explicó que decidieron posponer las protestas para conmemorar los tres años de la desaparición de sus hijos y solidarizarse con los afectados por los temblores.

Tres años sin respuesta Familiares de los desaparecidos reprocharon al Ejecutivo federal que a tres años de los hechos violentos en Iguala no hay justicia, verdad, ni castigo a los responsables. Emiliano Navarrete, papá del desaparecido José Ángel Navarrete González, criticó que no existen evidencias que los alumnos desaparecidos están muertos. "No vamos a creer algo que no existe o que este Gobierno quiera imponernos una pinche mentira ¿a quién quiere engañar?", cuestionó. Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, aseguró que el Gobierno federal no quiere llegar a la verdad de los hechos. "No puede quedar el caso Ayotzinapa en la impunidad. El Gobierno está acostumbrado a matar, desaparecer, encarcelarnos y dice que no pasa nada", dijo en el mitin. En el pronunciamiento, los padres clasificaron estos tres años de protestas en cuatro etapas. La primera abarca los últimos meses del 2014, donde se realizó una investigación lenta y una tardía intervención de la federación en el caso Iguala, lo que concluyó con la "verdad histórica". La segunda inició en el 2015 con un trabajo constante de los padres por revertir la "verdad histórica" que impuso el Gobierno federal. La tercera etapa fue marcada por la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó nuevas líneas de investigación. La cuarta etapa comprende el año 2017 y se caracteriza por la exigencia al Ejecutivo federal para retomar y profundizar las cuatro líneas de investigación que dejó el grupo de expertos. Las cuatro líneas contemplan que se investigue al Ejército mexicano y la Policía Municipal de Huitzuco, Guerrero, para determinar si participaron en la desaparición de los estudiantes. También piden se indaguen las de líneas telefónicas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago como móvil del crimen.