La pandemia del COVID-19 ha presentado un reto global sin precedentes con altos costos humanos y económicos, dónde también ha afectado de manera directa al acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a nivel global y principalmente a los países en vías de desarrollo. Por lo que resulta crucial adoptar medidas para proteger a la población en pobreza extrema y en vulnerabilidad, mantener las cadenas globales de suministro de alimentos, y mitigar los efectos de la pandemia en el sistema alimentario. En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas indicó en un informe el sábado pasado que el sector agroalimentario ha mostrado una mayor resiliencia ante la crisis sanitaria que otros ámbitos económicos, por lo que resalta que a nivel global se cuenta con suficiente comida para alimentar a los 7,800 millones de habitantes que conformamos la población mundial. A pesar de ello, en junio de 2020 hubo más de 820 millones de personas que pasaron hambre, y se estima que dicha cifra aumente en los siguientes meses principalmente dado que a raíz de la pandemia, ha bajado considerablemente el poder adquisitivo, y ha aumentado el costo de algunos productos alimenticios sobre todo por complicaciones logísticos locales o dificultades de importación. En el caso de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó dentro de su análisis de política social publicado en mayo del 2020, que derivado de la actual coyuntura sanitaria, se podría incrementar la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para el 2020, lo cual significará que uno de cada cuatro mexicanos no tendrán suficientes recursos para adquirir la canasta alimentaria. En este contexto los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas serían los más afectados, y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas los Estados mayor riesgo serán Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Dadas estas estimaciones y para evitar el acelerado aumento de inseguridad alimentaria o nutricional, se deberá trabajar de manera prioritaria en enfrentar el reto del garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, al asegurar las necesidades alimentarias de la población vulnerable, reforzar y ampliar sistemas de protección social, hacer uso de tecnologías para facilitar la relación comercial entre el productor y consumidor, y mejorar las cadenas de producción y distribución. De igual manera, se deberá hacer un mayor énfasis en la nutrición de los niños y adolescentes, ya que se encuentran en una etapa decisiva y temprana de desarrollo, por lo que es crucial pensar en esquemas alternativos de programas alimentarios, a fin de evitar caer en una malnutrición que lleve a perjudicar el crecimiento y menguar el alcance de su pleno potencial. Twitter: @Noemihrb