"¡Las fosas con cadáveres de tutsis sólo están llenas hasta la mitad! ¡Dense prisa en acabar de llenarlas!". Un locutor de la radio ruandesa "Mille Collins" gritaba en antena la misión que se encomendó a miles de personas de la comunidad hutu. Inmediatamente después de estos llamados, motivados por el propio Gobierno, salieron a las calles armados con machetes. La herramienta, antes utilizada para la tierra, se convirtió entonces en el arma para acabar con su objetivo: sus vecinos de la minoría tutsi y aquellos hutus que se opusieran a las matanzas. El genocidio ruandés, ocurrido en 1995, dejó más de 800 mil muertos en tan sólo cuatro meses y, un cuarto de siglo después, las consecuencias de este capítulo oscuro de su historia definieron el estado político y social en el país africano. "No fue sólo una guerra étnica, en realidad los hutus y los tutsis forman parte del mismo grupo (banyaruanda) pero se juntaron varios aspectos como la herencia del colonialismo belga", explicó a REFORMA Iván Navarro, investigador del grupo de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. El proceso de reconciliación entre las personas de la misma comunidad sigue siendo, pese a los proyectos iniciados por varias organizaciones, uno de los retos más difíciles en Ruanda, aunque, para el más del 60 por ciento de la población que nació después de 1994, el genocidio se ha convertido en una parte de la historia reciente. El holocausto africano, sin embargo, provocó nuevos enfrentamientos en forma de venganza. El desde entonces Presidente ruandés, Paul Kagame, emprendió su propia batalla contra los hutus de las milicias que habían perpetrado el genocidio y que huyeron a países vecinos como el Congo. En este contexto, el Mandatario creó los tribunales especiales (conocidos como "gacaca"), que condenaron a entre 120 mil y 150 mil personas, aunque ningún miembro del Ejecutivo pagó las consecuencias de los ataques perpetrados después del 94. "El actual Gobierno no ha sido cuestionado, por eso no puedo haber una reconciliación real, porque no han pagado el precio de sus violaciones", señaló Josep Maria Royo, el director de la Escola de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). El papel de la comunidad internacional en el conflicto también explica esta situación de impunidad. "Como no evitaron el genocidio, ahora tienen un sentimiento de culpa que ha permitido al Gobierno de Kagame violar los derechos humanos y tener un clima de represión interno sin que nadie lo critique", añadió Royo. En la actualidad, sostuvo el experto, Ruanda cuenta con una Oposición silenciada y sin libertad de expresión. Además, el Mandatario utiliza a las milicias que continúan en los países vecinos para posicionarse a sí mismo como la figura que protegerá a los ciudadanos de futuros ataques. Y nada está en miras en cambiar. Pese a que se iniciaron algunos juicios contra el Presidente, éste podría mantenerse en el poder hasta 2034, después de que la población aprobase, en 2015, una reforma de la Constitución. "La sociedad está atemorizada, presionada y anestesiada", sentenció Royo. -- Reforma