Ocho de cada 10 policías estatales que son investigados al interior de la Comisión de Honor y Justicia por la comisión de delitos, actos de corrupción o irregularidades en su labor, no reciben una sanción, debido a que sus casos prescriben por el largo tiempo que transcurre sin una resolución, según reconoce la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en una solicitud de información respondida vía transparencia. La SSPE señala que entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019 ha resuelto 61 expedientes de policías investigados al interior de la Comisión de Honor y Justicia, de los cuales 49 han quedado sin sanción, es decir el 80.3 por ciento, uno de ellos por falta de pruebas y los 48 restantes debido a la prescripción de las facultades de la comisión para imponer una sanción. Los 12 expedientes que se han logrado resolver, 10 de ellos se han determinado suspensiones temporales, de los cuales siete han derivado en bajas definitivas y ha habido dos amonestaciones y se han emitido 11 medidas cautelares por participación de elementos en hechos delictivos. También se reportan 15 expedientes pendientes de resolver. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa, dijo que la comisión a su cargo inicia nuevas quejas por cada carpeta de investigación que prescribe, debido a la dilación en la impartición de justicia administrativa, además de que emite recomendaciones por casos en los que, irregularmente, la Comisión de Honor y Justicia declara inocentes a los policías investigados. El ombudsman dijo que recientemente emitieron una recomendación, en la que ordenaron reabrir un expediente contra policías estatales acusados de “sembrar” armas de uso exclusivo del Ejército a ciudadanos del municipio de Aquismón, mismos que pasaron seis meses en un penal por dicho delito y después se comprobó que los elementos estatales les habían colocado el armamento, sin embargo, irregularmente la Comisión de Honor y Justicia los absolvió de todo cargo, pese a que hay un proceso penal que demuestra que sí hubieron irregularidades. El experto en seguridad, Francisco Salazar Soni, por su parte, consideró que el alto número de casos prescritos se debe a que la Comisión de Honor y Justicia está integrada por elementos de la propia SSPE y no cuenta con representantes ciudadanos ni de la CEDH, lo que genera que los procesos de sanción sean completamente discrecionales y que muchas veces se deje pasar tres años para que los asuntos prescriban y no haya sanciones. En total, la Comisión de Honor y Justicia ha abierto 76 expedientes de investigación contra policías estatales desde diciembre de 2017, de los cuales el 76.3 por ciento han sido de persona de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, es decir 58 casos que refieren a custodios de centros penitenciarios; otros 12 han sido de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y seis más de la Dirección General de Ejecución y Medidas para Menores. Por su parte, en lo que va del año, la CEDH registra 203 quejas en contra de la SSPE (113 contra la Dirección de Prevención y Reinserción Social y 90 contra la Dirección General de Seguridad Pública Estatal), cifra que contrasta con los 76 expedientes que ha abierto la Comisión de Honor y Justicia en los últimos dos años, sin embargo, el propio ombudsman explicó que esto puede deberse a que no todas las quejas de la CEDH reportan casos tan graves como para iniciar una investigación en esta comisión.