Para el experto en temas jurídicos Jorge Chessal Palau la crisis de los incendios en la Sierra de San Miguelito y la contingencia ambiental que desató, evidenció graves omisiones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se tomó el tema como algo secundario que puso en riesgo la salud de la ciudadanía.  Argumentó que si bien el gobierno está obligado constitucionalmente a garantizar un ambiente ecológico sano que proteja la salud de los ciudadanos, la realidad es que la autoridad prefirió no advertir sobre las consecuencias de una contingencia ambiental y se mantuvo en la omisión.  "Pareciera que en tanto la gente no caiga muerta en las calles, la contaminación no es tan fuerte y no es un tema predominante”. Por ello, el jurista lamentó que esta crisis ambiental no solo evidenciara la grave falta de voluntad de las autoridades sino que también sostuvo que el hecho de que no se mida la calidad del aire y no se alerte a la ciudadanía de los problemas de contaminantes que hay actualmente en el aire. Esto se puede catalogar como actos criminales, pues todo ello está produciendo una alteración a la salud de los potosinos y ello no solo viola códigos penales, sino también de derechos humanos.  En este sentido, Chessal Palau se pronunció porque la ciudadanía denuncie toda omisión que haya detectado de las autoridades, pues afirmó no solo basta con que se controle el incendio y se apague sino que se tienen que generar precedentes penales para que se castigue la omisión de los gobiernos y éste tipo de catástrofes ambientales no vuelvan a ocurrir.