El Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí ha sido el cuarto más lento a nivel nacional en cuanto a su implementación, al no contar con un secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del sistema y haber instalado su Comité Coordinador hasta el 28 de agosto de 2018, según consta en el estudio “Carrera de Tortugas. Los Sistemas Estatales Anticorrupción”, publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las entidades que no han nombrado a su secretario técnico, además de San Luis Potosí, son Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Coahuila, sin embargo, esta última entidad instaló su comité coordinador desde el 25 de octubre de 2017, es decir 10 meses antes que el de la entidad potosina; mientras que Chiapas y Ciudad de México aún no cuentan con Comité Coordinador y Morelos lo instaló hasta el 5 de julio de 2019. El investigador de Mexicanos contra la Corrupción, Ricardo Alvarado Andalón dijo que la falta de nombramiento de un secretario técnico es el indicio de que el Sistema Anticorrupción no está operando en San Luis Potosí, dado que es el Secretariado Ejecutivo, encabezado por dicho secretario técnico, el encargado de operar este sistema. El paso de la implementación en la que San Luis Potosí más se tardó fue la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción ya que, desde las modificaciones constitucionales para la creación del sistema hasta la emisión de esta ley, pasaron 14 meses, es decir fue la quinta entidad a nivel nacional que más se tardó en este paso. En promedio, los estados tardaron cinco meses en aprobar esta ley. También hubo gran tardanza en la instalación del Comité Coordinador ya que, desde que se instaló el Comité de Participación Ciudadana hasta que se instaló el Comité Coordinador pasaron 11 meses, lo que colocó a la entidad potosina como el estado que más se taró en este paso a nivel nacional. En promedio los estados del país tardaron 2 meses en instalar este Comité Coordinador.  Adicionalmente, San Luis Potosí es uno de los cinco estados que tiene su Comité Coordinador incompleto, esto derivado de la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 31 de enero. Otros estados que no cuentan con fiscal Anticorrupción son Ciudad de México, Veracruz, Baja California Sur y Baja California, este último también derivado de una renuncia reciente, mientras que los otros tres no han conformado esta fiscalía. El investigador de Mexicanos contra la Corrupción lamentó que hubo nula transparencia en la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola a la Fiscalía Anticorrupción, al simplemente haber argumentado “motivos personales”. “Un tema que va en contra de la transparencia es no tener una explicación clara de por qué la persona que estaba al frente de la Fiscalía presenta su renuncia, eso de asuntos personales la verdad es que a mí me suena del siglo pasado, en un ejercicio de rendición de cuentas real, lo deseable sería tener explicaciones de por qué toman este tipo de decisión”. “MIGAJAS” PRESUPUESTALES

San Luis Potosí es también la séptima entidad que menos presupuesto le asignó en 2020 al Sistema Estatal Anticorrupción, con solo 6 millones de pesos, cifra que representa apenas el 6.4 por ciento del presupuesto que asignó el Estado de México a dicho sistema, que fue por 93.6 millones de pesos. Los estados que están por debajo de San Luis Potosí en presupuesto son: Chiapas, Ciudad de México y Morelos, que no asignaron un solo peso de presupuesto; Baja California Sur que solo asignó 3.9 millones de pesos, Campeche con 4 millones 763 mil 514 pesos y Colima con 5 millones de pesos. Alvarado Andalón dijo que esto demuestra que el Sistema Anticorrupción no es una prioridad presupuestal para el Gobierno del Estado y el Congreso potosino, lo cual se suma a que la legislación en San Luis Potosí también estipula que los cargos dentro del Comité de Participación Ciudadano son honoríficos, es decir que no reciben un sueldo, lo cual genera que estas personas no puedan dedicarse de tiempo completo a canalizar las inquietudes ciudadanas en materia de corrupción. En promedio, las entidades federativas asignaron 16.4 millones de pesos a sus Sistemas Estatales Anticorrupción. Las entidades, además del Estado de México, que asignaron mayor presupuesto fueron: Jalisco con 40.9 millones de pesos y Coahuila con 28.3 millones de pesos. El estado vecino de Guanajuato le asignó 18.6 millones de pesos a su sistema. SISTEMA MUY DISTINTO AL FEDERAL

El estudio de Mexicanos contra la Corrupción también señala que San Luis Potosí tiene la tercera ley de Sistema Estatal Anticorrupción que más difiere con la Ley General, ya que de 30 aspectos evaluados, la ley potosina es diferente en 15 de ellos.  En dicha ley se especifica que, en San Luis Potosí, el Fiscal Anticorrupción es elegido a través de una terna que el gobernador del estado envía al Congreso del Estado para que sean los diputados quienes elijan. Únicamente en siete entidades, incluyendo San Luis Potosí, se maneja este mecanismo de elección; en 12 lo elige el Fiscal General, ya sea de manera directa o por ratificación del Congreso y en otros nueve se hace por convocatoria pública que emite el Congreso del Estado. El investigador Ricardo Alvarado dijo que este mecanismo de elección le resta autonomía al Fiscal Anticorrupción y lo ideal sería que los candidatos surgieran de una convocatoria abierta a todo público, sin embargo, señaló que la terna ratificada por el Congreso es mejor mecanismo que el que se implementa en algunos estados, en donde el Fiscal General designa directamente al Fiscal Anticorrupción sin preguntarle al Congreso. El estado cuya ley tiene mayores diferencias con la ley general es Nuevo León con 18 aspectos diferentes de un total de 30 evaluados y el segundo lugar lo tiene Durango con 16 aspectos. En promedio, las legislaciones locales solo difieren en nueve aspectos.